La salida del aire de RCTV volvió a dividir las ya bastante divididas aguas de la sociedad venezolana. Para explicar las razones profundas de esta decisión, Página/12 entrevistó al diputado del Movimiento Quinta República (la principal fuerza política del chavismo) Ricardo Capella. Su apellido suena familiar para la política argentina: Capella es el hermano de Roger, el ex embajador de Venezuela en Buenos Aires que renunció tras la visita de Luis D’Elía a la embajada de Irán.

Sin embargo, es la primera vez que el diputado viene a Buenos Aires con un objetivo importante trazado desde Caracas: contar a los argentinos por qué su gobierno decidió no renovar la concesión a uno de los canales de televisión más tradicionales de Venezuela. Capella sabe que la decisión generó diferencias incluso entre grupos que suelen identificarse como progresistas: el ejemplo más resonante lo produjo una carta pública de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) que reclama a Venezuela que no cancele o renueve frecuencias “en función de la conveniencia o afinidad política”.

–¿Por qué decidieron no renovar la concesión al grupo RCTV?

–Esa fue una concesión que le fue otorgada a la empresa 1BC, que es la administradora de RCTV, el 27 de mayo de 1987 por veinte años. Hoy (por ayer) se cumplen los 20 años y la decisión es no renovársela. Eso no significa que se va a cerrar, ni que se va a expropiar, ni que tienen por qué botar a los trabajadores ni cerrar el canal. Ellos pueden continuar inclusive transmitiendo a través del cable. Simplemente, lo que el Estado no les va a renovar es la concesión. Y en ese espacio radioeléctrico, que es el espacio que ocupa el canal 2, el Estado tiene prevista una programación que está compuesta por programas elaborados por los productores nacionales independientes. La Ley de Responsabilidad Social contempla que por lo menos el 50 por ciento de la programación tiene que ser de los productores nacionales independientes. Y no lo han cumplido. El día 28 de mayo del 2007, empezando a las 12 de la noche y un minuto, empieza la nueva experiencia donde todos los ciudadanos de Venezuela van a tomar la decisión de hacia dónde va a estar la televisión que queremos. Es parte de la democracia participativa y protagónica. Nosotros, al Estado, lo estamos construyendo entre los ciudadanos: no solamente una elite tiene que estar construyendo el Estado. Sobre todo, la democratización del espacio radioeléctrico.

–La Ley de Responsabilidad Social (N. de la R.: una normativa que determina los contenidos que pueden transmitir los medios) que se sancionó en Venezuela tuvo mala prensa. Desde los medios privados se la caracterizó como una injerencia del Estado sobre la libertad de expresión, sobre los medios de comunicación, una forma de autoritarismo.

–Nosotros tenemos una Constitución aprobada desde hace siete, ocho años, que a los venezolanos nos hizo entender que de una democracia representativa pasamos a una democracia participativa y protagónica. Por lo tanto, nosotros les otorgamos a los ciudadanos el poder que antes estaba representado en un presidente, en un gobernador, en un alcalde. Eso es parte de transferir el poder a la gente. Es igual que la Ley de los Consejos Comunales, la ley de participación ciudadana, que ya está también por salir, la Ley de los Consejos Locales de Planificación. Inclusive, la Ley de Tierra Urbana es una ley revolucionaria también. Es una ley donde se le transfiere el poder a la gente en materia de tierra urbana. Quienes asumen el control hoy del espectro radioeléctrico, o deberían ir asumiéndolo, el control de las instancias de poder del Estado, son los ciudadanos. Los medios de comunicación, hoy, son los partidos políticos: porque los partidos políticos murieron, ¡se acabaron! Hoy la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) funge como una instancia similar a la Internacional Socialista o la Internacional Demócrata Cristiana, donde se reúnen los partidos políticos y deciden el futuro de nuestras comunidades.