Ana María Acevedo será el emblema del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer en Santa Fe. La joven de 20 años llegó al hospital Iturraspe con un cáncer de maxilar, pero no recibió tratamiento y murió porque los médicos evitaron prescribir un aborto terapéutico. Así, se convirtió en un caso testigo de la discriminación a las mujeres, que se paga con la vida. Al punto de que, puesto a analizar si priorizaba la salud de Ana María, el Comité de Bioética del hospital consideró: “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe), no”. Con esa ideología, la institución pública se olvidó de la paciente que debía atender.

El subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Salud, Carlos Dulong, insiste en que debieron “proteger la vida de la niña”, ya que la madre tenía un mal pronóstico. El funcionario hace una particular interpretación del artículo 86 del Código Penal, que contempla tres casos de aborto no punible sin necesidad de autorización judicial. “Debe existir la autorización de un juez. Estamos hablando de una persona por nacer. Ahora ligeramente todos dicen que sí se puede, que está autorizado, pero después queda al libre albedrío y se hace un chiquero”, consideró Dulong.

Con la misma lógica, el director del hospital, Andrés Ellena, habla de la prioridad a “una vida que podía llegar a buen término”, en lugar de garantizar los tratamientos para una mujer con cáncer. Internada en el Iturraspe, Ana María pedía a los gritos que le “sacaran” al bebé. Los medicamentos, prescriptos en una dosis que no comprometiera al feto, no le calmaban el dolor. Sin embargo, el Comité de Bioética recomendó inducir el parto en la semana 24, cuando todavía le faltaban nueve, y prolongar ese dolor sin esperanzas. “Ella se fue de alta voluntaria”, argumenta Ellena sobre la ida de Ana María para pasar la última Navidad con sus hijos. No dice que no tenía sentido quedarse porque no le hacían la quimio y radioterapia indicada para su cuadro.

El caso tomó tal trascendencia pública que el gobernador Jorge Obeid ordenó que se enviaran las actuaciones –hasta ahí un sumario administrativo– al fiscal penal en turno, Pedro Guevara, para que investigara lo ocurrido.

En ese marco, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe marchará hoy al Ministerio de Salud en compañía de Norma Cuevas, la mamá de Ana María. Además de pedir justicia, solicitarán que se reglamente el artículo 86 del Código Penal. El proyecto de ley fue presentado por la diputada provincial socialista Lucrecia Aranda, pero la mayoría justicialista impidió que se tratara. La diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez pidió que la ministra de Salud, Silvia Simoncini, concurra al recinto para brindar explicaciones sobre el caso.

“No estamos hablando de despenalizar el aborto, sino de respetar el artículo 86 del Código Penal, que indica claramente para un caso como éste que se realice un aborto terapéutico, a menos que la mamá se niegue”, agregó la delegada local del Instituto Nacional contra la Discriminación, Stella Vallejos. “Ana es un claro ejemplo de discriminación por pobreza, por analfabetismo, por mujer”, enfatizó.