Antes de resolver si lo procesa (o no) en el caso Skanska, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart quiso indagar por segunda vez al ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. El ex funcionario se presentó ayer e intentó demostrar que no tuvo nada que ver con las facturas truchas que utilizó la constructora sueca para disfrazar pagos ilegales. Admitió reuniones y contactos telefónicos con ejecutivos de la compañía por la ampliación de dos gasoductos, pero dijo que era lo normal.

Ulloa administraba los fondos para obras públicas, como las de los gasoductos. En la causa de López Biscayart, que investiga las maniobras de evasión de Skanska, está señalado como quien habría recomendado la contratación de la sociedad fantasma Infiniti Group como proveedora de facturas apócrifas. Eso surge de un e-mail y de un memo interno de la empresa que ligan a Ulloa con el ex gerente Alejandro Gerlero. El magistrado quería interrogarlo, entre otras cosas, porque un informe reciente advertía que al menos una vez había entrado a la sede de Skanska.

La audiencia de ayer fue en el despacho del propio juez, que hizo las preguntas en persona. Ulloa estuvo con uno de sus abogados, Oscar Rabinovich. Negó tener relación con Gerlero e hizo hincapié en que el original del memo que lo compromete nunca apareció, según fuentes judiciales. Reconoció contactos con los ex gerentes Javier Azcárate y Héctor Obregón. Pero sostuvo que era habitual que hablara con el área comercial de las contratistas. El, dijo, sólo redactaba contratos y chequeaba la ejecución de obras: a quién se le pagaba y cómo dependía de las gerenciadoras y el Enargas. Así intenta despegarse de las sospechas de que recibió coimas, por lo que está imputado en el fuero federal.

Además, llevó documentación para mostrar que, contra un informe telefónico, no tenía 14 celulares sino tres. También dijo que le atribuyeron comunicaciones inexistentes con Gerlero, que corresponderían a Azcárate. En unos días se verá si para López Biscayart el ex funcionario fue convincente. También debe resolver la situación de 26 imputados ligados a empresas dudosas proveedoras de facturas truchas.