La novela por el traspaso de la policía llegó a su último capítulo. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, volvió a decirle ayer al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que la Nación no le va a traspasar la fuerza con sus respectivos fondos. En el almuerzo que ambos comensales calificaron como “bueno”, el tema de la policía “fue el más importante pero del que menos se habló”, resumió a Página/12 una fuente cercana al jefe de ministros. “Mirá, yo no conozco tu propuesta de seguridad, si tenés una propuesta superadora compartámosla”, le habría dicho Fernández al mandatario porteño. Como lo venía anticipando, Macri anunció que “la próxima semana” va a presentar el inicio de una nueva temporada: el “plan integral de seguridad”.

En el resto de los puntos conversados los funcionarios llegaron a un acuerdo: acelerar el trabajo en el Ente Unico de Transporte Metropolitano y en el Ente Unico de la cuenca Matanza-Riachuelo. Además, Macri pidió que la Nación le ceda a la corporación Puerto Madero los terrenos del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) “ya sea para una utilización social o comercial”. La “reunión de trabajo” tenía una agenda abierta, pero un resultado anticipado respecto al tema seguridad. Desde hace tiempo que los dos no arriman posiciones y las declaraciones en los medios crisparon los ánimos del jefe de ministros. Tan es así que ni siquiera se permitió que la prensa capture una imagen del encuentro. “Fue una buena reunión, tratamos varios puntos... Terminamos hablando del tema seguridad en el cual no nos pusimos de acuerdo. Ellos siguen siendo responsables de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires”, relató el presidente de Boca en su primer día de licencia.

Esta semana el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, tuvo una reunión con la mesa chica de la ciudad, donde expuso el proyecto que viene elaborando en el último mes y que tratarán de impulsar en la Legislatura. En el recinto ya existen dos presentaciones con bastantes coincidencias pese a que provienen de distintos espacios políticos. Una de Cristian Ritondo, de PRO, y otra de Silvia La Ruffa, del Frente para la Victoria. Si el plan de Montenegro no difiere mucho de ellos, los macristas intentarían acelerar los tiempos y conseguir su aprobación en aproximadamente dos meses. Por otro lado, el bloque de la Coalición Cívica realizó un pedido para que se inicien acciones judiciales contra la Nación para que “cumpla con lo establecido por la Constitución” (ver aparte).

Al igual que la provincia de Buenos Aires, la ciudad tendrá el 911 para centralizar la atención telefónica de los delitos. Una propuesta del macrismo que había sido una promesa de la primera campaña del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, en el 2000. Además, se creará una “Sala de Situación” que se nutrirá de las imágenes las cámaras de la ciudad. El oficialismo quiere sumar a las que ya están colocadas las necesarias para llegar a unas dos mil y así poder monitorear cada rincón de la Capital. Junto a un programa de control del espacio público, funcionará un “consejo preventivo”, que actuará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social e intentará atacar las causas del delito.

En un principio, el proyecto de Montenegro está pensado para unos mil agentes que comenzarán su formación en una nueva academia. La idea del macrismo es seducir con distintos beneficios a los que se inscriban para formar parte de la fuerza. El sueldo inicial sería de tres mil pesos, en contraposición a los mil trescientos que gana un integrante de la Federal. Tendrán cobertura médica y les prometerán créditos blandos para la adquisición de una vivienda. Según los números que maneja la ciudad, el primer año debería desembolsar entre tres y cinco millones de pesos porque el máximo gasto estaría en el proceso de formación de los oficiales que recién saldrán a la calle después de un año.