La disputa política entre el Gobierno y las entidades agropecuarias sumó ayer un nuevo capítulo, esta vez referido a la polémica en torno de la denuncia judicial que el Ejecutivo presentó contra las cuatro organizaciones por haber puesto en riesgo el abastecimiento de alimentos con la interrupción de las rutas por 20 días. La Presidenta de la Nación deploró que “se interprete como un ‘apriete’ que un juez, aplicando una ley de la Nación, intime a otros argentinos que, haciendo uso de mecanismos, a mi criterio, de ilegalidad, hayan pretendido dejar sin abastecimiento a todos los argentinos”. Preocupa, expresó, que mientras cortar rutas o dejar sin alimentos sea visto como “un reclamo justo”, cuando la Justicia cita a los responsables se lo vea como “un apriete”. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, definió, sin embargo, en declaraciones a la prensa, que “judicializar el conflicto no es el mejor camino”, mientras que las organizaciones rurales volvieron a rechazar la acción ante tribunales respaldada por las autoridades.

La dilatación de las negociaciones y los distintos episodios que enturbiaron la relación en los últimos días dieron paso ayer a los anuncios de preparativos para la eventual reanudación de las medidas de fuerza. Entre hoy y el sábado se realizarán numerosas asambleas en puntos estratégicos del país, para evaluar los pasos a seguir desde el 2 de mayo. Las primeras reuniones se concentrarán en Capitán Sarmiento, Chivilcoy, Mar Chiquita, Olavarría, Ayacucho y Trenque Lauquen. El Consejo Directivo de Carbap fue convocado en la ciudad de Olavarría para el día de mañana.

La dirigencia de las entidades adelantó que asistirá a la audiencia convocada por el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico número 7, para el martes próximo. El vicepresidente de Confederaciones Rurales (CRA), Néstor Roulet, sostuvo que la dirigencia agraria se presentará ante el juez para “decir la verdad –declararán lo que nosotros estamos haciendo todos estos días–, y decirle a la Justicia que lo único que quiere el sector es producir”.

El expediente se inició por tres denuncias, radicadas por el abogado Eduardo Barcesat; el titular de Fedecámaras, Rubén Manusovich, y el defensor del pueblo Eduardo Mondino. El cargo contra las entidades es “presunto desabastecimiento” y en la misma causa se presentó, solicitando ser tomado como querellante, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. El juez citó al propio Moreno y a los cuatro titulares de las entidades.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, no ocultó sus diferencias con la estrategia de judicializar el conflicto agropecuario. “No es el mejor camino, lo mejor es que se resuelva en el campo de la política, el diálogo, la concertación”, respondió al ser consultado por la prensa. La derivación judicial caldeó el clima, y en varios frentes agropecuarios se volvió a hablar de retomar las medidas de fuerza a partir del 2 de mayo. Carlos Garetto, vicepresidente de Coninagro, dijo que “hay que encontrar otros métodos que hagan sentir la fuerza” del sector, refiriéndose a la posibilidad de no volver a las rutas. Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, admitió que “la gente está muy dispuesta a volver al paro”.

El secretario de la delegación Entre Ríos de Federación Agraria, Alfredo Bel, advirtió que teniendo en cuenta la actual situación, y si no se produce una reversión, “el 3 de mayo los productores vuelven a las rutas”. “Es claro que el Gobierno no quiere llegar a un acuerdo –señaló–, porque avanza en algunos puntos y luego da marcha atrás.” Alfredo De Angeli, presidente de la misma delegación, pidió a los productores “permanecer atentos a las convocatorias” y anticipó que el miércoles 30 se realizará en Villaguay una reunión provincial para “analizar las posibles medidas”. En ese sentido, De Angeli adelantó que “si se llega a esta medida extrema, los productores están planteando realizar cortes pero sin afectar el abastecimiento de los comercios”. La FAA habría sugerido a sus distintas filiales coordinar una tarea de bloqueo a los productos que circulan por las rutas con destino a la exportación, y permitir el paso de los que van para el mercado interno. Así evitarían verse enfrentados con la Ley de Abastecimiento y con una gran parte del pueblo.

En un acto en Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Kirchner se quejó porque algunos sectores, en defensa exclusiva de sus intereses, intenten “plantear una Argentina enfrentada, desarticulada, diferente a la que la realidad nos muestra” y cuestionó el tratamiento del conflicto agropecuario. “Hoy leía que la Justicia había hecho un ‘apriete’ a cierta gente por el (presunto) desabastecimiento”, mientras desde esos medios “dejar sin abastecimiento de alimentos o cortar rutas es visto como un reclamo justo”. Advirtió que “la simbología que estamos trasmitiendo es casi antidemocrática, porque entonces el juez de la Constitución que aplica la ley de la Constitución aprieta, y el que viola la ley con lockout empresario, desabasteciendo, dejando sin comida a los argentinos, encareciendo los precios –no voy a decir llenándonos de humo, porque no les puedo atribuir esto a los cuatro titulares de las entidades gremiales del campo– son las víctimas”.

Agregó que “hay algo que no está funcionando bien en la comunicación”.

“Si decimos que un juez aprieta porque aplica la Constitución, cómo un chico no le va dar un palo a otro, o va a faltarle el respeto al maestro, o un padre no va a ir a pegarle al maestro porque no le puso la nota que quería a su hijo.” “Todo hace juego con todo en Argentina”, dijo, rematando su discurso en el acto de lanzamiento de un plan de educación.