“Si tenemos en cuenta sólo esos casos (de lesa humanidad) y vemos que hay unos 260 detenidos y 500 campos clandestinos de detención, estamos en condiciones de decir que tenemos un problema y es un esfuerzo muy grande que el Estado tiene que hacer.” El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, se refirió ayer al proyecto de crear un nuevo programa de protección de testigos que tenga en cuenta la problemática de las personas que declaran en las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

El funcionario habló ayer al término de una jornada de trabajo organizada por la diputada Victoria Donda, del Frente para la Victoria, y Marcelo Sain, interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y titular del Programa Verdad y Justicia. Fernández destacó la necesidad de crear una ley para testigos protegidos, pero no habló sólo de las personas vinculadas con causas sobre crímenes de esa humanidad, sino también de los casos de testigos ligados a temas de terrorismo, narcotráfico, secuestros, contrabando y trata de personas, el tercero de los delitos complejos con más impacto en el mundo.

El ministro mencionó que hasta ahora había dos programas nacionales de protección de testigos y que durante la administración de Néstor Kirchner se creó uno nuevo a pedido de los organismos de derechos humanos que impulsan las causas contra los represores. La necesidad de coordinar esfuerzos para garantizar la integridad de testigos, jueces o fiscales que intervienen en casos sobre la represión ilegal llevó a Sain y a Donda a promover cambios en los programas existentes.