Se acomodaron en el palco vip del recinto y apenas se conoció el resultado de la votación sonrieron y se aprestaron a recibir los saludos de los diputados opositores, que rápidamente se acercaron para consolarlos por la ajustada derrota. Los dirigentes del agro intentaron mostrarse satisfechos, pero algunos lo estaban más que otros. La negociación del Congreso dejó mejor posicionada a la Federación Agraria que logró elevar el límite de toneladas permitido para recibir los reintegros y consiguió que se flexibilicen los requisitos exigidos para cobrarlos. Los que sacaron el peor resultado fueron la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, pues ambas entidades tienen una mayor cantidad de productores medianos y grandes entre sus socios. No obstante, públicamente todos dijeron que seguirán insistiendo, primero en el Senado y luego en la Justicia, para lograr su objetivo de máxima: la derogación de la resolución 125. Mientras tanto, pidieron tranquilidad en las rutas.

Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, afirmó ayer por la tarde en el recinto que “lo que se acaba de aprobar no resuelve el problema de los productores”. Esta entidad pedía que se compense a los empresarios que producen hasta 3000 toneladas por cosecha, pero la concesión que les hizo el Ejecutivo no es para despreciar. Apenas se dictó la resolución 125 no estaba previsto ningún reintegro y ahora hay beneficios que abarcan a más del 80 por ciento.

Según lo sancionado por Diputados, la retención se reduce a 30 puntos para los que producen hasta 300 toneladas (5 puntos menos de lo que pagaban antes de la última suba) y vuelve a 35 puntos la alícuota para las 750 toneladas, incluyendo aquí a los que tienen una producción de hasta 1500 toneladas, aunque sólo recibirán reintegros por la mitad debiendo pagar la retención plena por el resto. Esta flexibilización hace que un productor que tiene hasta 500 hectáreas (el equivalente a 1500 toneladas) y prevé facturar, una vez descontadas las retenciones, cerca de 2 millones de pesos, termine siendo compensado por el Estado.

Buzzi tal vez pensaba en esos números cuando aclaró que pese a la disconformidad, no tienen previsto cortar rutas porque “las instituciones están funcionando. El Congreso no es una escribanía. Hay debate y heterogeneidad”. Luego se dedicó a realizar una lectura política del resultado parcial del conflicto: “Hay un claro aprendizaje: el Gobierno debe tomar nota de que esa hegemonía que exhibía meses atrás se ha modificado”, sostuvo. “Es una satisfacción muy grande la que hemos vivido en el Congreso de la Nación. Sentimos un apoyo muy concreto de muchísimos representantes. Había 122 legisladores que apoyaron la propuesta de no avalar esta resolución del Poder Ejecutivo”, concluyó.

Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales, intentó mostrarse conforme luego de la derrota: “Fue una excelente votación, hay que tener en cuenta esto viendo la mayoría que tiene en Diputados el partido gobernante”, y analizó que “lo que está marcando es que había cosas que corregir en el proyecto” enviado por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, esas declaraciones de compromiso no alcanzaron a ocultar ese sinsabor que le genera no haber podido ir más allá. CRA es una de las entidades más duras, pues sus posicionamientos son más ideológicos que pragmáticos. Están en contra de la intervención del Estado en la economía y, por lo tanto, aunque el esquema de reintegros beneficie a algunos de sus socios, si las reglas no las fija el mercado para ellos es una derrota.

“Ganar iba a ser muy difícil”, admitió Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, pero al mismo tiempo expresó su “satisfacción” porque el campo “estuvo presente en la discusión parlamentaria”. Esta entidad, histórica representante de los terratenientes, no obtuvo prácticamente ningún beneficio de parte de los legisladores. Por eso aclaró que “el campo seguirá peleándola en otras instancias como el Senado, la Justicia, y el defensor del Pueblo, que nos está apoyando”. La esperanza de ellos estuvo puesta en el proyecto de Felipe Solá, que bajaba la retención al 40 por ciento y, si bien mantenía la movilidad, aplanaba la curva para todos los productores.

Esta opción también era la ideal para CRA y Federación Agraria, pues les generaba un mayor ingreso de manera directa sin la mediación del Estado. Este dato no es menor porque entre los requisitos que exige el Gobierno para pagar está la factura de venta y muchos empresarios venden una parte de su producción en negro. Por lo tanto, nunca van a poder cobrar el reintegro por todo lo producido. Ese es uno de los motivos por los cuales no les convence ese mecanismo, pero no lo dicen porque equivaldría a reivindicarse públicamente como evasores.

Durante los próximos días la estrategia de los productores va a estar centrada en el Senado donde intentarán frenar el proyecto oficial o al menos introducirle más modificaciones, pero en privado algunas fuentes reconocieron a PáginaI12 que las chances son bajas. Si finalmente no logran su cometido, jugarán una de sus últimas fichas en la Corte Suprema de Justicia. Allí el argumento central que van a utilizar es que la alícuota es confiscatoria porque supera el 35 por ciento. Si en ese espacio no logran un resultado positivo, entonces sí la vía institucional quedaría agotada.