Los civiles de Mar del Plata que al amparo del Estado asesinaron con garantías de impunidad antes del 24 de marzo de 1976 deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Así surge de una denuncia formulada por el Tribunal Oral Federal local ante el juez Norberto Oyarbide, quien ya declaró imprescriptibles los crímenes de la Triple A. El tribunal que integran Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela desempolvó viejos expedientes, los cruzó con documentos de inteligencia, con testimonios que desde 2001 recibe en el Juicio por la Verdad y concluyó que los asesinatos cometidos por la Concentración Nacional Universitaria contaron “con la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”.

Tras el asesinato del jefe de la CNU, Ernesto Piantoni, el 20 de marzo de 1975, “parte” del grupo “se asoció con el fin de cometer delitos indeterminados” y contó “con la estrecha vinculación de la organización que funcionaba bajo la sigla A.A.A.”, sostienen los jueces. Ya en 1971 la CNU había asesinado a la estudiante Silvia Filler, pero fue durante el velorio del jefe cuando se gestaron los primeros crímenes de una seguidilla que derivó un año después en la integración de varios de sus miembros al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601.

La madrugada del 21 de marzo, ostentando credenciales policiales, el grupo secuestró y ejecutó a cinco personas. Un testigo de identidad reservada cercano a los asesinos declaró que “todos los integrantes de CNU fueron a vengar el homicidio de Piantoni”. Incluyó al entonces fiscal federal Gustavo Demarchi, que dos meses después pidió el sobreseimiento de la causa, y a su oficial segundo Eduardo Ullúa.

El suboficial Orestes Vaello, que pasó de CNU al Batallón 601, declaró ante la Conadep que el grupo marplatense “dependía del Destacamento de Inteligencia” y que Ullúa era su jefe. Entre los miembros recordó a un “gerente vinculado al SUPE”, que según el tribunal es Armando Nicolella. Según registros de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), la madrugada de enero de 1976 en que fue detenido con siete camaradas, Nicolella llevaba armas de guerra y tarjetas de Demarchi, con quien pidió comunicarse. “Lejos de excusarse”, el fiscal “actuó como su abogado de confianza”, explica el tribunal.

“La violencia de la CNU fue fomentada y tolerada por las más altas jerarquías de la Universidad Provincial”, sostienen. Eduardo Cincotta, miembro de CNU, era secretario general. Demarchi, coordinador académico. Los CNU fueron contratados para realizar “tareas de inteligencia ilegal”. Uno apuntó como domicilio la sede de la agrupación. Otros dos, el del abogado Luis Coronel. Los legajos de los CNU son los únicos que no tienen foto. Cincotta se integró en 1976 al GADA y aún luce en su estudio una distinción por servicios “en la lucha contra la subversión”.

La CNU “actuaba dentro de las estructuras del Estado”, en particular “de la Justicia Federal y de la Universidad de Mar del Plata”, con “cobertura” de las policías bonaerense y Federal, sostienen los jueces. Llegan a esa conclusión tras analizar varios homicidios:

- El 5 de junio de 1975 varios hombres secuestraron y ejecutaron de treinta disparos a Héctor Sanmartino, profesor de Psicología del Trabajo. Un informe de la Dipba lo vincula a “un elemento marxista” y otro lo tilda de “elemento terrorista”. Esa es toda la causa. Un mes después, previo dictamen de Demarchi, el juez Adolfo González Etcheverry la sobreseyó. “La premura, como en otros homicidios de militantes de izquierda, estaba dada por el archivo”, apuntan los jueces.

- El 12 de junio cortaron el tránsito y secuestraron de un décimo piso a Víctor Kein y Jorge Dell Arco. Los fusilaron vendados y con las manos atadas. La instrucción muestra “que se investigó a las víctimas”, dice la denuncia. Alguien que los vio dijo que se presentaron como policías y le ordenaron: “váyase a su casa”. Ni el fiscal ni el juez lo citaron. La esposa de Kein supo que la patota entró primero a una oficina donde había una reunión de la Asociación Marplatense de Rugby. Nadie los citó.

- Roberto Wilson y otros obreros del Frigorífico San Telmo estuvieron once días presos por reclamar blanqueos salariales. Dos días después de ser liberado, fue secuestrado. Nunca apareció. Su mujer describió a los captores y su madre le aportó dos nombres al juez: un miembro del Sindicato de la Carne y un militante de la CNU. El 8 de abril, previo dictamen de Demarchi, el juez sobreseyó la causa.

- El 13 de marzo de 1976 dos personas bajaron de un Falcon azul para secuestrar a Juan Manuel Crespo. Resistió hasta que lo mataron, junto a Emilio Azorín, frente a decenas de testigos que el comisario de la 1ª prefirió no escuchar. Dos días después los mismos muchachos hirieron a Ricardo Leventi. La Capital publicó que se movilizaban en el mismo Falcon azul y apuntó la patente: C-746.329. Leventi declaró que quien intentó matarlo hacía inteligencia en Humanidades. Fue en vano. El 21 de abril el fiscal admitió la “implicancia política-gremial” de los crímenes pero pidió sobreseer la causa. Así fue. El TOF investigó que la patente correspondía a un Fiat Berlina robado, y que el Falcon, con la misma chapa pero pintado de blanco, terminó en el Sindicato de la Carne porteño.

La denuncia incluye más de veinte nombres pero sobresale el eje Demarchi-Ullúa-Cincotta. Los CNU “convivían en la universidad con quienes debían investigarlos”, explican. La actividad en la fiscalía fue “imprescindible para asegurar la impunidad” del grupo. Ante la prensa Demarchi negó haber integrado la CNU y dijo que “no hubo que investigarla en ese momento”. La denuncia sugiere lo contrario. Ante la “estrecha relación” de los denunciados con la Justicia, los miembros del TOF enviaron copia a la Procuración General de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia.