Aún no había estallado el escándalo, pero los gremios de camioneros y judiciales ya hablaban de sobornos para la aprobación de la ley de Reforma Laboral. Por eso marcharon para protestar frente al Congreso, fueron reprimidos y el titular de la Unión de Empleados Judiciales, Julio Piumato, fue herido de gravedad. Sin embargo, la Justicia está a punto de cerrar sin culpables la causa que investigó aquel operativo represivo: los doce policías acusados serían absueltos porque no hubo acusación fiscal y la causa no tuvo querellantes.

Los uniformados están acusados de “vejaciones en la aprehensión” de dos manifestantes y de haber permitido esos apremios, durante la represión a balazos del 19 de abril de 2000. Aquel día, sindicalistas encabezados por Hugo Moyano y Piumato convocaron a una movilización nocturna contra lo que parecía la inminente sanción de la ley de Flexibilidad Laboral que pretendía aprobar la Alianza. Un grupo de la Guardia de Infantería actuó sobre los manifestantes, en un ataque que dejó 37 heridos y 43 detenidos.

Uno de los heridos fue Piumato, quien recibió un balazo en la zona genital. Cuando declaró en Tribunales aseguró, en silla de ruedas, que “el ataque fue una medida buscada para mostrar la fortaleza del Gobierno” y responsabilizó al entonces ministro del Interior, Federico Storani. El funcionario se desentendió de la represión: sostuvo que los 12 efectivos, todos ellos de Infantería de la Policía Federal, actuaron con “un exceso brutal y salvaje en el cumplimiento de la orden” y los puso en disponibilidad.

La noche de los incidentes los senadores resolvieron posponer la sesión en la que tenían proyectado sancionar la cuestionada norma. La aprobación finalmente se produjo una semana más tarde, el 26 de abril, en medio de un caliente debate. Aunque el caso explotó luego con aportes periodísticos, Moyano ya denunciaba en esos días que el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique les había dicho que “para los senadores tengo la Banelco”, en alusión a la tarjeta bancaria.

Luego de la represión, el entonces juez Gabriel Cavallo ordenó detener a los policías de Infantería e interrogó a la fiscal contravencional que advirtió que sólo ordenó desalojar la calle y permitir la libre circulación del tránsito, pero nunca reprimir.

En el juicio oral, el fiscal Gustavo Gerlero no formuló acusación contra los 12 policías. Cuando esta ocurre y no hay querella particular, el tribunal oral está obligado a aplicar una vieja doctrina de la Corte Suprema según la cual no puede haber condena. Los jueces Héctor Grieben, Ricardo Galli y Elena Do Pico Farrel emitirán su veredicto el próximo martes y se descuenta que el subcomisario Omar López, el principal David González y los policías Fabián Moreno, Héctor Omar Riquelme, Cristian Marcelo Medina, Ricardo Antonio Arellano, Jacinto Ernesto Maza, Guillermo Antonio Conca, Miguel Gorriti, Gonzalo Leonel Guanino, José Grimaldi y Antonio Lucio Pentaraquis serán absueltos.