Los diputados kirchneristas pusieron en marcha el plan B para avanzar en la aprobación del proyecto sobre movilidad jubilatoria. Sin guiños del Gobierno para introducir cambios a la iniciativa ni avances en acuerdos con la oposición, decidieron postergar hasta la semana que viene su votación, que estaba prevista para esta semana. Desde el oficialismo se encargaron de afirmar que “no existe rebelión” en la bancada K, sino “voluntad de alcanzar consensos para aprobar la mejor ley”. Pero tampoco faltaron las críticas a la oposición y cierto recelo hacia quienes en el Ejecutivo se oponen a las modificaciones. En ese punto todas las miradas se dirigen hacia el jefe de Gabinete, Sergio Massa. En tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director de la Anses, Amado Boudou, enviaron una carta a todos los diputados en la que ratifican que los aumentos se harán sobre el total de los haberes y alcanzarán a todos los jubilados, pero no plantea cambios sobre el tema más polémico: la fórmula con la que se calcularán los ajustes.

Hasta ayer por la mañana, el oficialismo aún mantenía expectativas de que el proyecto para ajustar semestralmente jubilaciones y pensiones a partir de 2009 fuera votado durante la jornada en el recinto. Igual que con la reestatización de Aerolíneas, los diputados del interior habían postergado sus vuelos de regreso para el viernes y todavía estaba pendiente la convocatoria al plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto para sacar un dictamen para acompañar la iniciativa. Pero ya entrada la tarde, y sin respuestas del Gobierno a las “correcciones” que elevaron los diputados K, se activó el plan B: postergar la votación hasta la semana que viene.

Las versiones de que el Gobierno no aceptaría modificaciones al proyecto desalentaron al bloque K y echaron por tierra el trabajoso acuerdo con distintos sectores opositores. Tanto oficialistas como opositores señalaron a la Jefatura de Gabinete como la usina de rumores. El único bálsamo a la incertidumbre oficialista fue la misiva que Tomada dirigió a todos los diputados. El jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, manifestó su “beneplácito” porque la carta “deja en claro algunas de las correcciones que solicitamos y despeja dudas sobre cómo va a ser la movilidad”.

Con la firma del jefe de la cartera laboral y del director de la Anses, la nota ratifica algunas cuestiones que no estaban del todo claras en el proyecto. A través de tres puntos, la carta disipa varias dudas de los legisladores. En el primero afirma que la movilidad “alcanza a todos los beneficiarios del sistema, y como base de cálculo entiende el haber que efectivamente perciben”. Una definición que ratifica que estarán incluidos los haberes mínimos, que representan el 76 por ciento del total de beneficiarios, y que los ajustes se harán también sobre la Prestación Básica Universal (PBU), que en el caso de los haberes mínimos representa casi la mitad del importe de cada jubilación o pensión.

En el siguiente, reafirma que en caso de que el índice del reajuste diera negativo, en ningún caso habrá rebaja en los haberes: “La movilidad siempre es ascendente”. El último punto se refiere a la cuestionada fórmula y admite variaciones futuras: “De producirse cambios estructurales en el financiamiento o en las políticas de acceso al sistema previsional, la modalidad de cálculo de los futuros aumentos requerirá de modificaciones también estructurales ante dichas contingencias para evitar distorsiones en el índice como resultado de tales políticas de gobierno”.

A la carta abierta de Tomada le siguieron otros datos que se manejaron en privado. Habría consenso en el Gobierno para aceptar que la fórmula de cálculo tomara el ciento por ciento del aumento en la recaudación tributaria destinada a la seguridad social y no sólo el 90 por ciento, ya que el diez restante iba al fondo de garantías. El conflictivo tema docente (los maestros reclaman mantener su propio régimen especial) se resolvería en el ámbito del Ministerio de Trabajo y la cuestionada fórmula pasaría a ser un anexo de la ley y no un artículo de la misma. Eso le permitiría al oficialismo buscar la aprobación en general, aunque haya resistencia sobre el método de cálculo.

En tanto, la oposición, que el miércoles sugirió una serie de diez modificaciones, también volverá a reunirse por separado la semana que viene. Los opositores insistirán en los cambios al proyecto oficial y no armarán uno alternativo. La principal traba para arribar a un acuerdo con el oficialismo es que el aumento de la recaudación se divida por beneficiario, lo que para la oposición significa el principal tope a los futuros ajustes previsionales.