La Cámara Electoral convalidó el desafuero del ex comisario Luis Patti al rechazarle un planteo con el que todavía, desde el penal de Marcos Paz, apostaba a que se lo reconociera como legislador. El tribunal sostuvo que la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle el status parlamentario fue “de carácter político” y tuvo como finalidad permitir que se lo investigue penalmente por crímenes de lesa humanidad y “se tomen medidas sobre la persona del acusado”. El represor está detenido por siete secuestros, torturas y asesinatos durante la última dictadura.

El intrincado derrotero de Patti empezó en 2005, cuando Diputados bloqueó su jura por considerarlo “moralmente inhábil” dada su vinculación con el terrorismo de Estado. El año pasado quedó preso en la causa a cargo del juez de San Martín Alberto Suares Araujo. Pero en abril último logró una breve salida de la cárcel después del fallo de la Corte Suprema que estableció –como ya lo había hecho con Antonio Domingo Bussi– que el Congreso no puede impedir la asunción de un legislador que ya fue elegido. El ex comisario invocó, precisamente, la protección de los fueros. Fue entonces que el magistrado pidió su desafuero a la Cámara baja, que rápidamente lo votó y signó su retorno a Marcos Paz.

En un recurso de amparo, Patti cuestionó esa decisión de Diputados. Señaló que fue inconstitucional porque no se le dio la oportunidad de ejercer el derecho de defensa. En primera instancia, la jueza electoral María Servini de Cubría falló en su contra. Y esta semana siguió los mismos pasos la Cámara Electoral, con los votos de Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía.

Los camaristas señalaron que “el desafuero no es un juicio contra el título de legislador ni contra el ciudadano que lo inviste que merezca el ejercicio de la defensa de derechos parlamentarios o personales”. Explicaron que tampoco se lo debe considerar como “una sanción contra el legislador, como lo es la expulsión”. Es “una medida precautoria de carácter político que no tiene efectos en sede judicial (...) tiene por fin inmediato suspender al legislador en sus funciones para ponerlo a disposición del juez que lo solicitó, lo cual no lo descalifica para recobrar su cargo si así procediera”.

Cuando la Cámara de Diputados frenó la asunción de Patti tres años atrás, lo hizo en función de pruebas y testimonios recolectados por una comisión legislativa. Poco había entonces en los expedientes judiciales: como ha ocurrido en todas las causas contra represores, la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida así como los indultos impidieron juzgarlos durante dos décadas. Aun así, para la Corte, si un candidato no fue impugnado antes de los comicios o no tiene ninguna condena, no se le puede impedir acceder a la banca. Bussi, como es público, fue condenado hace sólo unos días.

Patti aún no tiene sentencia, pero a esta altura no parecen quedarle demasiados atajos, aunque todavía insistirá ante la Corte por la cuestión del desafuero. En la causa que instruye Suares Araujo está procesado por los secuestros del ex diputado Diego Muniz Barreto y su secretario Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti. La Cámara de San Martín confirmó esas imputaciones. En San Nicolás, el fiscal Juan Murray viene reclamando que el juez Carlos Villafuerte Ruzzo reabra la investigación por el asesinato de los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. En el fuero federal porteño Patti está encaminado hacia un juicio oral por encubrir en 2003 a dos represores, Jorge Granada y Luis Arias Duval, cuando tenían pedido de captura en la investigación por la desaparición de un grupo de militantes montoneros en 1980.