Para el Gobierno hubo un “sabotaje” y una acción “organizada y premeditada” por grupos de algunos partidos de orientación trotskista en la suspensión del servicio de trenes de la ex línea Sarmiento y en los destrozos de estaciones y quemas de vagones. Lo dijo el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que estuvo acompañado por su par de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli.

Ya a media mañana y cuando todavía no habían terminado los incidentes, el Gobierno recibió información en ese sentido por lo que a lo largo del día se abocó a reunir las pruebas para poder decirlo públicamente y sin eufemismos. En esa línea, trató de centrar los hechos de ayer en la intencionalidad política de los que produjeron disturbios, más que en las deficiencias del servicio ferroviario.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había seguido los incidentes por televisión y que, según sus allegados, enseguida descreyó de una protesta espontánea de los pasajeros, ordenó que se investigue con la mayor rapidez posible lo que había ocurrido.

El resultado de lo que pudieron averiguar lo expuso Aníbal Fernández, quien contó que todo comenzó cuando alguien entró a un gabinete dentro de un tren que iba hacia la estación Once, rompió una caja de seguridad y echó un líquido que produjo un cortocircuito que activó los frenos del tren. “Eso lo hace alguien que sabe del tema. Ni usted ni yo podríamos hacerlo”, le dijo el ministro a un periodista. La sospecha de Fernández, aunque no lo dijo, está dirigida a empleados ferroviarios que militan en agrupaciones sindicales de izquierda opuesta a la conducción del gremio y que, según fuentes del Gobierno, ya participaron en la quema de la estación de Haedo en 2006, en la misma línea férrea.

Según el relato del ministro, luego que los activistas lograron detener el tren un grupo de militantes se bajó de la formación y marchó por las vías hasta la estación Castelar, donde comenzaron a arrojar piedras y fierros, a tirar bengalas y a pintar consignas con aerosoles contra la empresa concesionaria TBA y a favor de la reestatización de los ferrocarriles. Allí también –sostuvo– destruyeron un Fiat Palio, una camioneta Fiorino de TBA, dos motos y dos bicicletas de empleados ferroviarios. Además afirmó que algunos militantes robaron cajas expendedoras de boletos y rompieron molinetes y que siete de ellos fueron detenidos por esos delitos. Aseguró que los manifestantes cortaron las cuatro vías y no dejaron que continúen circulando los trenes.

Paralelamente a lo que ocurría en Castelar –dijo Fernández–, en otra estación bastante lejos de allí, en Merlo, otro grupo encabezado por una persona a la que identificó como José María Escobar incendió el tren más nuevo que incorporó TBA, que cuenta con aire acondicionado. Para Fernández no fue casual que hayan elegido ese tren. “Quemaron ocho vagones que cuestan un millón de dólares cada uno. Ocho millones de dólares tirados a la basura. Estamos indignados”, afirmó. Fernández señaló a Escobar como un militante del Partido Obrero que trabaja de preceptor en una escuela y que “a esa hora debería estar trabajando”. También dijo que hay pruebas y múltiples testigos de que Escobar embebió un buzo en un balde con combustible, le prendió fuego y lo arrojó dentro de uno de los vagones. Entre los detalles que enumeró el ministro, contó que Escobar llevaba un megáfono y que quienes lo acompañaban arrojaban volantes con consignas reclamando la reestatización ferroviaria.

Fernández desestimó que en la protesta hayan participado pasajeros comunes. “Nadie va a trabajar con piedras, fierros o bengalas en las mochilas, ni con bidones con nafta”, expresó. El ministro sostuvo que los activistas pertenecen en su mayoría al Partido Obrero, aunque dijo que también participaron militantes del MST –con intensa actividad gremial ferroviaria– y que, además, pudo verse a integrantes de Quebracho y de Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas, quien paradójicamente anoche estrenaba un documental sobre la situación de los ferrocarriles en la Argentina.

En todo momento el ministro eludió opinar sobre la calidad del servicio de TBA, ya que, dijo, eso debe evaluarlo la Secretaría de Transporte. De todas maneras afirmó que “en lo que pasó hoy, si hay alguien que no tiene ninguna responsabilidad, esa es la empresa”.

En su única intervención en la conferencia, Stornelli calificó lo ocurrido como “un atentado” y explicó que la policía bonaerense no intervino para evitar males mayores, porque en el medio había pasajeros que no tenían nada que ver con los disturbios.

Al mediodía ya el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había afirmado que “los incidentes en Castelar y Merlo fueron armados intencionalmente” y responsabilizó por los actos de violencia a “infiltrados de Quebracho y el PO”. Respecto del servicio ferroviario en sí, Randazzo señaló que “somos conscientes de que todavía hay problemas y falta mucho por mejorar, pero nada justifica lo que hicieron estos grupos de inadaptados”.

El ministro recordó que “venimos de un país en el que se decía ‘ramal que para ramal que cierra’, lo cual dio inicio a un proceso de desmantelamiento de todo el sistema con las consecuencias que ello implicó”. “Este gobierno cree en el transporte ferroviario. Nosotros hacemos mucho esfuerzo para que el servicio de trenes mejore”, afirmó. Y adelantó que en el proyecto de Presupuesto de 2009 que el Gobierno debe enviar próximamente al Congreso “hay cinco mil millones de pesos” destinados a mejorar los ferrocarriles.