Entre Ríos puede convertirse hoy en la primera provincia del país que incorpore en la Constitución el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. La Convención Constituyente, que trabaja en la reforma de la Carta Magna local, tiene previsto votar hoy ese artículo. Hasta ayer, todos los números garantizaban el voto favorable, pero una fuerte embestida de la Iglesia local logró poner en duda las cuentas que hacían los impulsores de la iniciativa. En un comunicado, el Arzobispado de Paraná llegó a comparar la convivencia de parejas de igual sexo con conductas “contrarias a la naturaleza humana” como “el robo, el asesinato, la mentira”. Para reforzar el consenso que ya se había logrado, hoy estarán presentes en la sesión los dirigentes de la Comunidad Homosexual Argentina, la organización que ya logró la ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires.

En octubre del año pasado, en Entre Ríos, junto con las elecciones presidenciales se eligieron convencionales para reformar la Constitución provincial. La Convención empezó a sesionar en febrero de este año y el próximo 11 de octubre se jurará la nueva Carta Magna. Algunos artículos ya sancionados son innovadores en materia de derechos: se garantiza la igualdad de género, se incorpora la salud sexual y reproductiva “como derecho humano básico” y se incluye la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles de la educación formal y no formal.

Esos artículos nacieron en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, que también aprobó ya en un dictamen de mayoría la figura de la unión civil. El texto establece que “el Estado reconoce el derecho a unirse libremente a las personas capaces, mayores de edad, que acrediten convivencia en pareja de un año, con domicilio legal en Entre Ríos, salvo que entre ellos haya descendencia en común. La inscripción de dichas uniones será formalizada en el Registro que se habilitará a tal efecto. Los otorgantes tendrán recíprocamente los beneficios de la seguridad y la previsión social en las mismas condiciones que los cónyuges.”

El socialista Américo Schvartzman, impulsor del artículo, explicó a PáginaI12 que la incorporación de la unión civil “está perfectamente habilitada por la ley que convocó la reforma constitucional, pues esa norma fijó criterios de no discriminación, igualdad de géneros y la incorporación del espíritu de los pactos internacionales de derechos humanos”. “Hay un aspecto simbólico en esta inclusión, que es el reconocimiento de los derechos de las personas que conviven con parejas del mismo sexo –destacó Schvartzman–, pero también un aspecto operativo: esas parejas van a tener garantizada la obra social y los beneficios previsionales de la caja provincial.”

Para sumar voluntades, hoy estarán en la Convención los dirigentes de la CHA y la jueza Graciela Medina, que le dio forma a la unión civil porteña y al proyecto de ley presentado en el Senado nacional en el año 2005. “Esta es la primera vez que la unión civil llega al rango constitucional –se entusiasmó el presidente de la CHA, César Cigliutti–. El avance es muy importante que suceda en una provincia, que suelen ser ámbitos más conservadores y donde está más arraigada la homofobia.” “En estos temas, nadie quiere ser el primero, por eso esta incorporación abre el camino para que otras provincias tengan menos miedo a las presiones para legislar sobre nuestros derechos”, festejó.

A los elogios también se sumó Juan Carlos Fernández, de la Comunidad Homosexual de Entre Ríos, la organización gay local: “Es importantísimo que una provincia como Entre Ríos esté saliendo del closet”, sostuvo.

Quien no se entusiasmó tanto fue el Arzobispado de Paraná, que trabajó en silencio sobre los convencionales más permeables a sus presiones, pero también emitió un duro pronunciamiento público: “Nos encontramos ante un intento de hacer que cualquier tipo de unión, incluso entre personas del mismo sexo, sea jurídicamente equivalente al matrimonio, que es una unión estable de un varón y una mujer”, se horrorizó en un comunicado. En el texto se agrega que la unión civil es “inconstitucional”, que ofende la moral pública de millones de familias argentinas” y que “perjudica a un tercero” (sic). El Arzobispado dice finalmente que “no juzgamos a las personas aunque no compartimos ni aprobamos las conductas incoherentes o contrarias a la naturaleza humana, como no compartimos el robo, el asesinato, la mentira, etc.”.

La Convención Constituyente de Entre Ríos decide hoy a quién hacerle caso.