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Cuando celebramos los 25 años de democracia, el más largo período de la historia argentina sin golpes de Estado, con libertad de sufragio y sin proscripción alguna, quiero formular algunas reflexiones.

Desde 1983, el camino recorrido no ha sido sencillo ni ha estado libre de graves crisis. Pero ya hay una generación de jóvenes que ha vivido su vida entera en un país en el que rige en plenitud el Estado de Derecho. Tal vez por eso, los más jóvenes tienen una exigencia mayor respecto de la democracia. No han vivido la oscura época del terrorismo estatal ni la de la proscripción electoral de las mayorías. No se sienten tentados, entonces, a juzgar con benevolencia las carencias de hoy por comparación con las del pasado, aun peores.

Y está bien, porque nuestra democracia arrastra cuentas pendientes a las que no es conveniente sacarles el cuerpo. En relación con algunos de esos males, que alcanzaron su máxima expresión en los noventa y en la gran frustración de fines de 2001, se han registrado sin embargo avances significativos en los últimos cinco años.

De entre todos los males, el de la pobreza es sin duda el más intolerable. Sin embargo, no puede obviarse el hecho de que en mayo de 2003 el índice de personas que vivían por debajo de la línea de pobreza en la Argentina alcanzaba a 51,7, y que ese índice se ubica ahora alrededor del 20 por ciento. El desempleo, por su parte, también ha descendido desde el 16,4 por ciento al 7,5 en idéntico lapso. Está claro que no es bastante, pero la propia presidenta Cristina Fernández dijo en su discurso de asunción que mientras haya un pobre en la patria ningún gobierno podrá decir que ha obtenido una victoria.

La sumisión a las políticas sostenidas por Wa-shington, que un ministro menemista definió de-safortunadamente como de “relaciones carnales”, también ha sido corregida por la decisión de fortalecer los lazos horizontales de cooperación con otros países de la región, en busca de una integración que permita una mejor defensa de los intereses del conjunto.

Por último, respecto de la necesidad de mejorar la calidad institucional, tan maliciosamente agitada por la derecha en estos tiempos, resulta fácil advertir progresos. Más allá de que se haya habilitado la aplicación de justicia a los genocidas, protegidos por el poder político durante los gobiernos anteriores, y de reformas como la de la Corte Suprema, es oportuno señalar el renovado rol que está cumpliendo el Congreso de la Nación en la toma de decisiones.

En este aspecto, además, hay que hacer notar que no hay cientista político en el mundo que mida la calidad institucional de una república sin verificar la calidad de la oposición. En la Argentina, las variadas vertientes opositoras se dejan tentar con excesiva frecuencia por los agravios y aun por la difamación. Y por si fuera poco, no logran construir una alternativa convincente de gobierno, lo que resulta dañino para la salud del sistema político. Esa es también una deuda que debemos saldar en democracia.

* Dirigente socialista. Ex vicejefe de Gabinete. (Este es el primer artículo que escribe desde el 13 de noviembre del año pasado, cuando fue asaltado y golpeado en Temperley).