Desde Nueva York y Madrid

La declaración para despenalizar la homosexualidad se cuece a fuego lento en las Naciones Unidas. Pero como indican fuentes diplomáticas metidas en la negociación de este controvertido texto en Nueva York, el tiempo apremia, y aunque se producen avances, encontrar una zona de consenso no es fácil.

El objetivo es tenerla lista para el próximo 18 de diciembre, un día antes del receso de la Asamblea General. La iniciativa surgió de Francia, como presidente de la Unión Europea. Pero ahora es asumida por sus 27 miembros. Además es apoyada por otros tantos países latinoamericanos, asiáticos y africanos. En total, 54 firmantes en un foro que cuenta con 192 miembros. Las declaraciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes. Su valor es más bien político. Por eso el propósito de la UE es conseguir el mayor número de países firmantes, para darle peso. “Lo ideal sería llegar a las 60 firmas”, indican los negociadores europeos, que reconocen que ir más allá de este objetivo es en este momento es demasiado complicado.

El texto que está sobre la mesa consta de 13 párrafos, con los que se pretenden “reafirmar los derechos de estas personas, dentro de mecanismos internacionales existentes”. “Se trata de lanzar así un movimiento global contra una práctica intolerable”, según explican los relatores de la iniciativa, que reiteran que “la idea no es crear nuevos derechos sino hacer la despenalización posible”.

El corazón de la iniciativa es su párrafo 11, y está redactado para meter bajo el mismo paraguas a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Para ellos se pide a los países que tomen “las medidas necesarias, administrativas y legislativas, para garantizar que la orientación sexual y la identidad de género no son bajo ninguna circunstancia causa de sanción penal, en particular ejecución, arresto o detención”.

La mención a la pena capital no es casual, ya que, según las Naciones Unidas, hay nueve países donde la homosexualidad es castigada con la vida. La declaración se completa con otro párrafo en el que se hace mención a la no discriminación de los países por la orientación sexual o la identidad de género, por considerar que violan claramente los Derechos Humanos.

Los negociadores no quieren entrar a polemizar sobre la posición que están adoptando países concretos u organizaciones religiosas. Pero en los pasillos de las Naciones Unidas en Nueva York advierten que el Vaticano se encuentra en una situación complicada, porque los países musulmanes más extremos están utilizando a la Santa Sede como escudo.

El Vaticano se opone a esta declaración porque acaba añadiendo “una nueva categoría” a los protegidos contra la discriminación, y porque además teme que se cree una reacción en cadena a favor de la unión entre personas del mismo sexo y revertir la discriminación contra el matrimonio tradicional entre heterosexuales.

Pero al mismo tiempo, en la Santa Sede no quieren que los miembros de este colectivo sean castigados con la pena de muerte, encarcelados o multados. El Vaticano pretende así tomar distancia de la posición de los países islámicos más radicales, haciendo visible su posición. Pero en el recuerdo está la alianza que forjaron en 1994 en El Cairo para tumbar una propuesta reconociendo el derecho al aborto.

La cuestión de los derechos de los homosexuales, y los relacionados con la familia en general, levanta ampollas entre los miembros de la ONU. Noruega ya introdujo hace dos años en Ginebra una iniciativa para ir de frente contra la situación. Pero su acción, más de procedimiento que de sustancia, como la actual, fue respaldada sólo por 54 países.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.