Los represores Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Carlos Radice, Juan Antonio Azic y Horacio Mayorga no saldrán en libertad. Así lo resolvió la Corte Suprema al rechazar pedidos de excarcelaciones, en algunos casos y confirmar a los jueces que intervenían en los expedientes, en otros.

El máximo tribunal también debería expedirse en el futuro sobre la situación de Alfredo Astiz y otros miembros de la patota de la ESMA a quienes la Cámara de Casación benefició con el cese de la prisión preventiva. Pero la Corte Suprema no tendría que definirse sobre esa causa si el Tribunal Oral 5 fija fecha para el inicio de las audiencias, algo con lo que se especula en tribunales.

En el caso de Guerrieri, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay confirmaron la decisión de la Sala III de la Cámara de Casación de mantener a Guerrieri en prisión domiciliaria por los crímenes cometidos en el centro clandestino rosarino Quinta de Funes. El represor ya tiene una condena como miembro de la estructura jerárquica del Batallón de Inteligencia 601.

Radice, que está procesado por robo, extorsión, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita por el robo de bienes de desaparecidos, también seguirá detenido ya que la Corte confirmó un fallo de la Cámara Federal que rechazó su pedido de excarcelación por la gravedad de los delitos por los que está imputado y porque está involucrado en otras causas judiciales. El prefecto Azic, compañero de Radice en la ESMA, tampoco tuvo suerte al impugnar al juez Eduardo Farah, quien intervino como subrogante en la decisión de la prórroga de su prisión preventiva.

El último de los represores cuyo caso fue analizado por la Corte es el contraalmirante (R) Mayorga, involucrado en la Masacre de Trelew, del 22 de agosto de 1972. El acusado se presentó ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para solicitar que se ampliara la amnistía que en su momento se dictó para los militares que participaron del fusilamiento de los presos políticos en la base Almirante Zar. Pero el Consejo Supremo se declaró incompetente y la Corte ratificó esa decisión y por lo tanto la competencia de la Justicia federal de Chubut para entender en el tema.

A fines del año pasado, la Sala II de la Cámara de Casación dispuso el cese de la prisión preventiva de una veintena de represores, entre ellos Astiz y Jorge Acosta, por considerar que habían estado presos sin condena más tiempo del razonable. La decisión provocó el rechazo de miembros de organismos de derechos humanos, que criticaron la posible liberación de los acusados de crímenes de lesa humanidad pero también hicieron hincapié en la lentitud con que tramitan estos expedientes. Los acusados no fueron liberados porque los fiscales apelaron y el expediente está ahora en camino hacia la Corte Suprema. El máximo tribunal podría evitar pronunciarse si, finalmente, se fija fecha para el inicio del demorado juicio sobre los secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos en la ESMA.