Aunque ahora tiene juez, la causa por la desaparición de Jorge Julio López quedó paralizada. Esto es porque el juez federal Humberto Blanco aceptó la inhibición de su colega, Arnaldo Corazza, que se apartó aduciendo “violencia moral”, tras haber sido denunciado por la familia del testigo por no haberlo protegido durante el juicio contra Miguel Etchecolatz. Al hacerlo, apartó del caso a la secretaría especial que lleva los expedientes por delitos de lesa humanidad. El cambio de manos se produce cuando, luego de los allanamientos producidos en Mar del Plata y Pehuajó, los investigadores estaban analizando la posibilidad de pedir algunas detenciones.

Cualquier avance en el caso López tendrá que esperar a que los nuevos encargados estudien los 29 cuerpos, 50 legajos y 70 anexos del ámbito federal, más los 4 cuerpos y unos 40 anexos del orden provincial. Ayer, tanto la fiscalía como la querella de Justicia Ya! interpusieron sendos recursos para que la causa vuelva a la secretaría especial, a cargo de Juan Martín Nogueira. “Es en la secretaría especial donde se investiga lo sucedido en los centros clandestinos de Arana, Brigada, Comisaría 5ª, que lo tienen a Etchecolatz como imputado y a López como víctima”, indicó el escrito presentado por la abogada Guadalupe Godoy. “Se comprobó que el conocimiento y manejo de la información, producto de la experiencia que otorga el estudio previo de causas íntimamente conexas, es determinante”, agregó. En una apelación al “sentido común” para saber qué pasó con Julio López, Godoy concluyó que el traspaso “provocaría un retraso intolerable e inaceptable en una causa donde se investiga la desaparición forzada de persona, cuya gravedad institucional fue reconocida por la Corte Suprema y por la Cámara, y en la cual las actuales circunstancias la están acercando peligrosamente a una situación de denegación de justicia”.