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Los datos sobre la priorización de la inversión educativa son contundentes y muestran una película que se podría prever apacible. No es así, la compleja trama en la que conviven postergaciones históricas, intereses políticos y perennes desigualdades hilvana otras escenas en las que se repite la misma imagen: conflicto en el debut escolar.

Entre el 2005 y el 2007 el aumento del financiamiento educativo de la Nación y las provincias pasó de 23.400 a 43.800 millones de pesos, lo cual en términos nominales significa un 79,5 por ciento de incremento y en términos reales del 33,6 por ciento –calculando la inflación del 22,3 por ciento (ATE-Indec)–.

El incremento del salario docente entre 2005 y 2008 trepó en valores nominales el 90 por ciento y reales el 23 por ciento –aplicando el mismo índice de inflación–, una recomposición muy por encima del resto de la administración pública y también de la mayoría del sector privado.

La información surge de un relevamiento procesado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). En el 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que establece como meta llegar al 2010 con una inversión del 6 por ciento del Producto Bruto Interno destinado a la educación. Desde el 2006 el aumento de recursos muestra un sobrecumplimiento en casi todas las jurisdicciones. Sobre este escenario empezó a deliberar el año pasado la paritaria nacional docente con el objetivo de fijar un piso salarial común. El instrumento es el resultado de la decisión política de tomar las riendas de la política salarial en el marco del federalismo y la descentralización educativa. Ese piso acaba de ser establecido en 1490 pesos en la mesa nacional, más un plus de 55 pesos por cargo docente a partir de julio. La buena recepción de los gremios ante ese incremento del 15,5 por ciento en el sueldo del maestro que recién se inicia estalló en las mesas de negociación provinciales, donde los maestros habían alcanzado ese monto en gran parte del país.

La realidad muestran la dificultad de corregir distorsiones históricas. La provincia de Buenos Aires encabeza todas las estadísticas; destina el 34,3 por ciento de su presupuesto a educación, el año pasado les otorgó a los maestros un aumento del 37 por ciento, muy por encima de la media, que rondó el 24 por ciento. Este año la oferta fue mínima, sólo para alcanzar el piso fijado por la Nación. La complejidad vuelve a patentizarse en los desequilibrios estructurales: a pesar de asignar un tercio de sus recursos a educación, la inversión por alumno en escuelas públicas asciende a 2761 pesos, lo que la ubica en el noveno lugar. El problema es que en Buenos Aires se concentra casi el 40 por ciento de la cantidad de alumnos del país –4,3 millones– y casi 250 mil docentes; los recursos coparticipables que recibe son muy bajos y no hay forma de equilibrar esa dimensión con presupuesto propio.

En el 2010 caduca la Ley de Financiamiento y son muchas las preguntas que surgen para encarar una segunda etapa: ¿Es suficiente la meta del 6 por ciento del PBI si se quiere apostar a una recomposición real de los sueldos docentes? ¿Cuáles son los criterios que debe aplicar la Nación para asistir a las provincias? ¿Es justo girarles el mismo monto de 110 pesos por cargo en concepto de incentivo salarial a todas las provincias, independientemente del esfuerzo que hagan por priorizar la educación? ¿Se revertirá la desconfianza en el Indec como instrumento de medición de la inflación y por consiguiente de legitimidad de los reclamos?

Mientras políticos, gremiales y especialistas ensayan fórmulas adecuadas, más de diez millones de alumnos esperan ir todos los días a la escuela.