Desde México DF

Parece que no hay otra: la corrupción gubernamental en México es el principal obstáculo para erradicar el narcotráfico y la violencia asociada al crimen organizado que ha dejado un saldo de 13.200 víctimas en los últimos cuatro años –de ellas, 6800 durante la administración de Felipe Calderón–, al punto que el gobierno norteamericano considera que México no gobierna parte de su territorio, que lo ha cedido a los carteles de la droga y que éstos constituyen una amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos.

Lo que es peor: ninguno de los capos mexicanos de la droga se siente verdaderamente amenazado por la guerra desatada en su contra por el voluntarismo de Calderón, porque les resulta fácil comprar protección de las propias autoridades, lamenta el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, Anthony P. Placido. Si bien afirma que México ganará esta lucha, advierte que antes de eso los ciudadanos “pagarán un precio alto” por la narcoviolencia.

En una entrevista publicada esta semana por la revista Proceso, Placido revela una de las preocupaciones actuales de Washington: las reiteradas alusiones a los nexos criminales de los colaboradores más cercanos del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El propio Departamento de Estado, en su informe anual sobre derechos humanos a nivel global difundido el miércoles, coincide en que la corrupción e impunidad operan “en todos los niveles de gobierno”, así como la “falta de transparencia e ineficiencia” en el aparato judicial. Firmado por Hillary Clinton, el reporte destaca que “la impunidad es dominante y contribuye a que muchas víctimas estén renuentes a presentar sus querellas”.

Estados Unidos ha tomado en sus manos parte de esta guerra, y el mismo día la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) anunció el arresto de 755 personas vinculadas con el cartel de Sinaloa en un operativo de 21 meses en 26 estados que integraban una red de hasta 70 células de distribución de droga. La administradora interina de la DEA, Michele Leonhart, aseguró que las operaciones del cartel de Sinaloa, que contribuyen al tráfico y violencia en EE.UU., han sido desmanteladas.

Sin embargo, para Edgardo Buscaglia, director del Centro Internacional de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Columbia y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, “decir eso es ridículo”. El golpe que han dado al cartel de Sinaloa es efímero: “Los detenidos serán fácil y rápidamente sustituidos”.

Esto tampoco afecta mayormente al crimen organizado en México, dice Buscaglia, quien cita un estudio realizado en 107 naciones que ubica a México en el sexto lugar de la delincuencia organizada en el mundo, participando en 24 de 25 delitos catalogados internacionalmente, excepto el tráfico de materiales radiactivos.

El crimen organizado en México opera activamente en 41 países y ha tenido injerencia en procesos legislativos y electorales de la Argentina, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Centroamérica. Incluso tiene más bases operativas en la frontera de Guatemala que el mismo país en bases militares y policíacas. “El problema de México es el problema de todos”, dice el especialista, quien estima que en dos terceras partes del país hay “infraestructura criminal visible”.

Buscaglia cuestiona la estrategia de la administración de Calderón, que no ha atacado el mapa patrimonial criminal. “Las empresas delictivas en México –calcula– participan en el 78 por ciento de la economía total”, en las que se lavan más de 170 mil millones de dólares al año.

Estos señalamientos siguen la línea de Barry McCaffrey, ex zar antidrogas estadounidense, quien ha advertido que, si no se hace algo pronto, México corre el riesgo de convertirse en un “narco Estado” en los próximos cinco años. Otros analistas indican que el riesgo no es un colapso del Estado sino que México siga los pasos de Rusia, un Estado fuertemente influenciado por las mafias.