Domingo, 1 de noviembre de 2009 | Hoy
EL PAíS › DIPUTADOS OFICIALISTAS Y OPOSITORES DEBATEN LA REFORMA POLITICA
El kirchnerismo se muestra dispuesto a aceptar cambios y desde el Acuerdo Cívico y Social bajaron el tono de la discusión. Los más reticentes a acompañar la iniciativa son los peronistas disidentes. El centroizquierda también pide modificaciones.
Por Miguel Jorquera
Después de los primeros escarceos de oficialistas y opositores sobre el debate de la reforma política, la discusión pareció ingresar en aguas menos turbulentas pero tampoco calmas. El kirchnerismo aseguró que la propuesta “está abierta al debate” y que no forzará los tiempos parlamentarios. En tanto, las dos principales fuerzas del Acuerdo Cívico y Social (UCR y CC) decidieron “bajarle el tono a la discusión” de una iniciativa con la que tienen muchos puntos de coincidencia, aunque mantendrán sus exigencias. La mayor resistencia provino de los referentes del peronismo disidente Felipe Solá y Francisco de Narváez, que se mostraron reacios a convalidar la iniciativa, embistieron contra Néstor Kirchner y cuestionaron a Eduardo Duhalde, que resolvió dar pelea dentro del PJ, mientras sus socios del PRO todavía estudian el texto.
La decisión del kirchnerismo de abrir el proyecto calmó los ánimos de algunos opositores que tienen más puntos en común con la propuesta oficial que de-savenencias. En pleno debate en el Senado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el jefe de la bancada K, Miguel Angel Pichetto, salió al cruce de las críticas opositoras con un mensaje que sonó como música a los oídos de radicalismo: “Yo comparto el criterio de un sistema bipartidista que sea sinónimo de alternancia en el poder”, dijo el senador rionegrino.
El proyecto oficial apunta a fortalecer las estructuras de los partidos políticos mayoritarios. Una propuesta que seduce a muchos dirigentes radicales, especialmente a aquellos que quedaron sosteniendo las banderas partidarias en medio del éxodo de muchos correligionarios, aunque existen opiniones divergentes sobre el rumbo que deberá tomar la UCR.
“Sin lugar a dudas, cualquier iniciativa de mejoramiento del sistema electoral vigente, que otorgue transparencia y equidad será saludable para nuestra joven democracia. Pero, la propuesta del Gobierno es, a priori, meramente electoral. De todos modos, nuestra fuerza política la analizará en profundidad tanto en el Congreso como con sus técnicos partidarios”, dice uno de los párrafos más benévolos con la política oficial que firmó el Comité Federal de la UCR el viernes último, antes del homenaje a Raúl Alfonsín y después de ratificar la fecha del 4 de diciembre para la renovación de autoridades partidarias.
Allí también los caudillos territoriales del radicalismo criticaron “la reelección indefinida o la ley de lemas que sigue vergonzosamente en vigencia en muchas provincias”. La mayor divergencia entre los dirigentes de la UCR gira alrededor de si las internas deben ser abiertas a todo el electorado o ceñidas al padrón partidario. El propio presidente del partido, Gerardo Morales, reconoció esa dificultad, pero la mayoría de sus referentes prefiere no manifestarse públicamente por ahora. Saben que es una cuestión que tendrán que resolver con Julio Cobos y sus seguidores, si finalmente se abren las puertas del partido para cobijar a los rebeldes que emigraron o fueron expulsados.
El debate también estará atado a la actitud que asuman sus aliados del Acuerdo Cívico y Social (ACyS). La Coalición Cívica y el socialismo ven con agrado las internas obligatorias, abiertas y simultáneas para resolver las candidaturas. Por ahora, la líder de la CC, Elisa Carrió, y Morales acordaron “bajarle el tono” a la discusión para ver cómo avanza el debate. Una resolución que incluye al oficialismo y también al propio ACyS.
En la CC consideran que dentro del ACyS ya existen consensos sobre la implementación de la boleta única y sacar de la órbita del Ministerio de Interior tanto el financiamiento de los partidos políticos como la organización, control y el escrutinio de los comicios. Planteos que –afirman– “no vamos a bajar”.
Pero los seguidores de Lilita también miran hacia abajo en la pirámide partidaria: “Acordamos con la necesidad de depurar el sistema de partidos, pero no estamos de acuerdo con que partidos chicos, como los de izquierda, que tienen una tradición y estructura, desaparezcan porque no alcanzan un piso electoral determinado. Hay que analizarlo bien”, admiten.
El debate que empuja el Gobierno sobre la reforma política, en cambio, cayó muy mal entre dos de los principales referentes del peronismo disidente: Solá y De Narváez. Saben que muchos de los caudillos provinciales y locales con los cuales tratan de cerrar alianzas políticas no están del todo convencidos de sacar los pies del plato en el PJ. Incluso, varios de ellos bregan desde hace tiempo por la apertura de la interna partidaria.
Por eso ambos salieron a cruzar el proyecto, así como también la simpatía radical por algunos de sus aspectos principales y la decisión de Duhalde de dar pelea dentro del PJ para “vencer a Kirchner”. El empresario prefirió victimizarse: consideró que al reparto estatal de la publicidad audiovisual que establece la iniciativa durante las campañas electorales “sólo le faltó ponerle su nombre y apellido” y volvió a insistir que la reforma “es un traje a medida para Néstor Kirchner”. El ex gobernador dijo que el proyecto “busca transformar al justicialismo y al radicalismo, porque tienen muchos afiliados históricos, en árbitros y en cancerberos de la política”.
“Duhalde debió esperar que la ley estuviera votada, tengo mis dudas de que la ley salga”, dijo escuetamente Solá. Cerca de De Narváez declararon que el ex mandamás del PJ bonaerense “debía haber sido más prudente en sus declaraciones”.
En el macrismo, en tanto, siguen analizando el texto de la propuesta oficial. No hace mucho, el jefe de diputados de PRO, Federico Pinedo, hizo suyo un proyecto que promueve, en sintonía con la propuesta presentada ahora por el Gobierno, las internas obligatorias, abiertas y simultáneas. Algo que lo aleja de sus socios De Narváez y Solá. Aunque con ellos acuerda, como con el grueso de la oposición, en la utilización de boleta única y en sacarle al Ministerio de Interior el control de la publicidad y financiamiento de los partidos y el control sobre los comicios y el escrutinio electoral.
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