Un teniente coronel del Ejército vinculó ante la Justicia al director del portal Seprin, Héctor Alderete, con las amenazas que recibió Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del helicóptero que la trasladaba. Una semana antes de aquel episodio, el mismo militar, Rafael Esteban Milillo, había hecho una denuncia penal porque durante una conversación que mantuvieron, Alderete amenazó con “convocar a un grupo de carapintadas con fusiles para asesinar” a la Presidenta, a su marido, a varios ministros, funcionarios de la SIDE, al jefe de Inteligencia del Ejército y a un grupo de periodistas. Milillo declaró que Alderete lo llamó para presionarlo para que retirara aquella denuncia el mismo día que se filtraron la marcha Avenida de las Camelias –la marcha que acompañaba los comunicados de la última dictadura– y frases como “maten a esa yegua” en la frecuencia de radio de la aeronave presidencial. Casi en simultáneo comenzaba el juicio contra los represores de la ESMA.

“La gente con la que (Alderete) está relacionado”, declaró el teniente coronel, “son carapintadas a su disposición” que “sin dudas podrían tener los conocimientos y equipamiento necesario para la realización de esas interferencias”. Tanto su denuncia sobre las amenazas de muerte que le adjudica al editor de Seprin como la investigación sobre las interferencias quedaron a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ya comenzó a indagar en la presunta relación entre ambos hechos, además del nexo con el inicio del juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. “Desconozco el poder de fuego real que posee Alderete, pero –señaló Milillo– no me parece descabellado que pudiera existir algún vínculo” con la intimidación a la Presidenta. Tampoco descartó que pudiera actuar para intereses de terceros, al señalar sus vínculos con “personal de las Fuerzas Armadas en actividad o retirado” y que “cuenta con conocimientos para hacer operaciones desestabilizadoras”. Alderete, de hecho, mantendría contactos con la organización Memoria Completa, que reivindica el terrorismo de Estado.

Seprin, que originalmente se llamaba, “Servicio Privado de Inteligencia” –aunque ahora la “I” es de información– publica noticias, notas editoriales y tiene un foro. El contenido tiene un hilo conductor: cuestionar las políticas de derechos humanos del gobierno nacional y la gestión de Nilda Garré, en particular, al frente del Ministerio de Defensa. Ante sus lectores se presenta como una publicación de “periodismo potencial, de opinión y de análisis” que ofrece también “servicios especiales o investigaciones”.

Alderete es uno de los imputados en la causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en la que se investiga una red de espionaje que hackeaba y comercializaba e-mails de funcionarios del gobierno nacional, dirigentes políticos, artistas y periodistas. También están implicados el ex titular de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre, los ex agentes de inteligencia (de la SIDE y de la Policía Aeroportuaria) Iván Velázquez y Pablo , y el general retirado Daniel Reimundes, entre otros.

El 6 de diciembre último trascendió que el fiscal del caso de los ciberespías, Sebastián Basso, había pedido la indagatoria de todos ellos, incluido Alderete. A él le adjudicaba la divulgación y utilización de información a sabiendas de su origen ilícito. Ese día fue que el responsable de Seprin, según denunció Milillo, “amenazó abiertamente de muerte a funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ejército, de la Secretaría de Inteligencia y a periodistas”. La presentación original que el teniente coronel hizo por escrito decía que Alderete había mencionado puntualmente: a Cristina y Néstor Kirchner; al jefe de Gabinete Aníbal Fernández; a los ministros Julio De Vido y Nilda Garré, al titular de Inteligencia del Ejército, César Milani; a tres funcionarios de la SIDE (Jaime Stiusso, Fernando Pocino y Francisco Larcher), y a un grupo de periodistas que en su mayoría escribió notas sobre el espionaje informático (Gerardo Young, Guido Braslavsky, Horacio Verbitsky, Carlos Pagni y Nora Veiras).

El juez Lijo le tomó declaración testimonial a Milillo la semana pasada para conocer detalles de la historia y contextualizar la conversación que contenía las amenazas. El teniente coronel explicó que él se había contactado con Alderete con instrucciones del jefe de Inteligencia del Ejército, para plantearle que algunas publicaciones de Seprin “eran peligrosas y atentaban contra la seguridad nacional”, en especial algunas que revelaban “cuestiones confidenciales”. Más de una, además, apuntaba a Milani. El editor del portal, dijo Milillo, le respondió “con una extorsión”: abandonaría esas publicaciones sólo “a cambio de una especie de blanqueo judicial” y el pago de un canon mensual de “15 mil pesos” de parte del Ejército.

En una ocasión, relató, se reunieron el 18 de noviembre en el hotel Four Seasons y otra en un Café Havanna del centro. Pero como Alderete no obtenía lo que quería le advirtió que “el foro” de Seprin se iba “a poner peor para los integrantes de las Fuerzas Armadas”. Cuando eso ocurrió, el militar le anunció “que procedía a abrirse y dejar de comunicarse con él”. “Me dijo que él se iba a llevar puesto a quien quisiera y que contaba con personal a su disposición para efectuar acciones contundentes”. Fue entonces cuando lanzó las amenazas que Milillo dijo que resolvió denunciar porque “me encuentro obligado como funcionario público”.

Lijo también convocó a declarar a Milani. El titular de Inteligencia del Ejército contó lo mismo que Milillo.

Alderete, en su portal, dice que denunció a Milani y Milillo ante el fuero federal por haberlo convocado “para hacer inteligencia interna sobre periodistas y opositores” y que el expediente quedó a cargo de María Servini de Cubría. Según le precisó al diario Perfil, los militares le habían ofrecido “cinco mil pesos mensuales y la baja de las causas judiciales”. Aquella presentación, dice, fue dos días antes de las amenazas vía interferencias a la Presidenta. El día de las amenazas asegura haber estado en Necochea.

Lijo trabaja sobre una pista que involucra a carapintadas y por lo pronto analizaría varias medidas, entre las que se incluye el entrecruzamiento de llamados. Es evidente que, además, deberá desentrañar qué papel tuvo Alderete en todo lo que aparece como una fuerte interna entre militares.