En la avenida San Juan 250, a escasos metros del casco histórico de San Telmo, funciona el Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares que depende del Ministerio de Educación porteño. El ingreso al edificio no da señales de que exista una dependencia estatal. Sólo invita a introducirse en un pasillo y subir por una escalera de incierto destino. Hubo allí un instituto de enseñanza técnica cuyas instalaciones estuvieron clausuradas, pero la precariedad del lugar no parece afectar a las autoridades. Tampoco a los patovicas de ideas racistas y actitudes intimidatorias que reemplazaron a un grupo de más de treinta jóvenes profesionales egresados de la UBA, cesanteados a comienzos de diciembre.

En el área donde se planifican los simulacros de emergencias para evacuar establecimientos educativos de la ciudad, pasan cosas inquietantes: los fornidos empleados pertenecen a Flashpoint Seguridad, una SRL que regentea el coordinador del Programa; la política de incorporaciones está basada en la discriminación de los aspirantes a un puesto laboral y los operativos de evacuación en colegios ya motivaron quejas de autoridades docentes por sus connotaciones violentas hacia maestros y alumnos. Una denuncia que alerta sobre estas situaciones ya está en poder de legisladores y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que respalda a los despedidos y difundió un comunicado muy crítico al que tituló “Otra UCEP en el gobierno de Macri”.

El miércoles 23, un centenar de personas se reunió en la puerta del Ministerio de Educación, 24 horas después de que renunciara Abel Posse, el ministro ultramontano. Entre ellas estaban las que pedían su reincorporación al Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares. Un asesor pedagógico les aseguró que el próximo martes serían recibidos por el director general de personal docente y no docente de la cartera educativa. Hasta ahora nunca habían logrado que los escuchara un funcionario de cierto rango. Los responsables del Programa son el coordinador Sebastián Amato; su superior, el director general de Planeamiento y Control de Gestión, Félix Miguel Imposti (un ingeniero que pasó por la automotriz Sevel), y por encima de ambos siempre estuvo Andrés Ibarra, el subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del ministerio, un hombre que trabajó como gerente general en Boca Juniors bajo la presidencia de Mauricio Macri y en el Correo, cuando lo controlaba su padre Franco.

Las leyes 1346 y 1706 de 2005, promulgadas para evitar que se repitiera en establecimientos educativos lo que sucedió con las 194 víctimas de Cromañón el 30 de diciembre de 2004, le dan origen al Programa que se ocupa de la seguridad en las escuelas porteñas. O sea, en los 709 edificios relevados que tiene el ministerio y que deben organizar dos simulacros de evacuación por año. El perfil de los rescatistas hasta 2008 era de especialistas en seguridad e higiene y emergencias; también había egresados de Ciencias Sociales con experiencia en el tema y bomberos. Pero el ingreso sistemático de patovicas –los despedidos estiman su número en veinticinco– comenzó a generar problemas en las oficinas de San Juan 250 y en los ejercicios con docentes y alumnos.

“A causa de este proceso ciertas actitudes anteriormente solapadas comenzaron a profundizarse. Ejemplos claros fueron cruces esvásticas como fondos de pantalla de computadoras y teléfonos celulares, discriminación en entrevistas laborales a postulantes al trabajo, desestimando currículum ante rasgos físicos, religiosos, negando la igualdad de oportunidades y abusando de la necesidad de trabajar, haciendo concurrir a sucesivas entrevistas en las que no obviaron las preguntas acerca del origen del apellido de uno de los compañeros por sospechar su origen judío”, describe la nota que los trabajadores cesanteados les enviaron a los diputados porteños y a ATE bajo el encabezado “Nueva UCEP en el Ministerio de Educación de la Ciudad”.

En el mismo texto se señala que “el perfil buscado por la coordinación para llevar adelante las funciones del programa ya está teniendo problemas con la comunidad educativa”, porque los patovicas “no resultan idóneos para la tarea, habiéndose registrado en estos últimos tiempos actos de agresión hacia directivos, personal docente, no docente y alumnos”.

La Junta de delegados de ATE que encabeza Gustavo Rando ratificó en un comunicado la situación que relataron los cesanteados. Todos ellos pertenecían a la planta transitoria especial, con salarios cercanos a los 1800 pesos y que percibían –en un solo pago– con cinco o seis meses de retraso. “El Ministerio de Educación de la CABA viene reemplazando a los profesionales por un grupo de patovicas que no sólo se dedican desde hace varios meses a hostigar a los trabajadores con la amenaza de represalias ante posibles denuncias e, incluso, llegando en reiteradas oportunidades a hostigar a docentes y alumnos. Estos personajes nefastos participan como empleados y/o propietarios de una empresa de seguridad privada.”

ATE informó que “el hostigamiento incluye agresiones físicas, xenofóbicas y otras. Pero no contentos con esto y ante la resistencia de técnicos y profesionales a someterse al maltrato fascista, desde mediados de noviembre más de treinta trabajadores fueron privados de sus tareas, negándoseles el ingreso a su lugar de trabajo, en Av. San Juan 250”.

La compañía aludida por el gremio es Flashpoint Seguridad SRL, con domicilio en Perú 610, Capital Federal. Según una base de datos comercial a la que tiene acceso Página/12 inició sus actividades el 1º de marzo de este año y tiene dos socios: Sebastián Alberto Amato y Silvio Bernardo Rodríguez. El primero es el coordinador del Programa y pasó por Defensa Civil. A su vez, es dueño desde junio de 2004 de Organización Emergencias SRL, cuya actividad es la gestión empresarial en seguridad, higiene y control ambiental. El segundo también se desempeña en San Juan 250 como coordinador adjunto del área de Primera Respuesta, desde donde se proveen matafuegos a los institutos educativos, entre otros elementos.

Pablo Sette, el ex coordinador del área de Evacuación del Programa –que además cuenta con otras como Capacitación, Relevamiento y Diseño–, fue uno de los tantos damnificados de esta política con la que se reemplazó a trabajadores calificados por patovicas. Cuando lo despidieron antes que a sus compañeros, estos quedaron un tanto a la deriva. Amato, su socio Rodríguez y Diego Ramiro Barrios pasaron a controlar las instalaciones de San Juan 250 y los operativos en establecimientos educativos. A los trabajadores que no les eran funcionales a su estrategia de extender la influencia de Flashpoint los fueron desplazando, y el 3 de diciembre no pudieron ingresar más a las dependencias no identificables de San Telmo. Allí, además de una escuela técnica, funcionó hasta 2005 una unidad del gobierno que se ocupaba de que no faltara gas en las escuelas y un programa de las Naciones Unidas.

En ese edificio, desde donde se capacita en prevención de accidentes, atención de emergencias y mejoramiento de infraestructura, paradójicamente no existen buenas condiciones edilicias. Una empleada que se encuentra entre las despedidas llegó un día a su trabajo y se topó con un pedazo de mampostería sobre su escritorio y la computadora. Nadie tomó medidas para evitar nuevos desprendimientos del techo, pese a que ella lo denunció ante sus superiores, los mismos que ahora transformaron el lugar en un consorcio de patovicas.