Todos los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura serán filmados y difundidos, según una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que para tal fin firmó el martes un acuerdo con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Según informó el máximo tribunal a través de un comunicado, la resolución alcanza a las audiencias orales que se lleven a cabo en todo el país, y la filmación estará a cargo de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc).

El convenio marco de colaboración que suscribieron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenze-tti, y la titular del Incaa, Liliana Mazure, establece que la Enerc “aportará la capacidad técnica de sus egresados y equipo de producción, de acuerdo con los requerimientos que formule la Corte”. “Fue una propuesta de la Corte para que los egresados de la Enerc comiencen a hacer lo que hasta ahora realizaba la Policía Federal –le explicó Mazure a Página/12–, por ahora es un acuerdo de cobertura, y el material crudo pertenece a cada uno de los tribunales. A partir de ahora, iremos elaborando en conjunto cómo seguir.” Sobre la posibilidad de realizar algo con el metraje obtenido en estas filmaciones, la funcionaria aseguró que “todavía no se habló formalmente, pero es una inquietud que empieza a aparecer”, aunque “falta tiempo para que lleguemos a alguna decisión, porque hasta que los juicios no hayan terminado y no se haya dictado sentencia el material no puede salir de los tribunales”.

De esta manera queda zanjada la diversidad de criterios que permitió que algunos tribunales prohibieran el ingreso de fotógrafos y cámaras de televisión a la sala. A fines de octubre, Lorenzetti había recibido una nota firmada por once organizaciones de la sociedad civil que alertaban que las normas que limitaban la difusión de los juicios “resultan violatorias del principio de publicidad y del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía”. Aunque se dieron casos de estas características en varios puntos del país, el más resonante fue el del Tribunal Oral N0 5 de la ciudad de Buenos Aires, que llegó a dictar seis sentencias sin periodistas presentes y que, además, es el encargado de juzgar a los represores de la ESMA, en el que probablemente sea el más importante, en cuanto a magnitud y valor simbólico, de todos los que se están llevando a cabo.

En 1985, cuando se llevó adelante el Juicio a las Juntas, todas las audiencias fueron registradas; sin embargo, en aquella ocasión el material difundido se limitó a tres minutos de imagen sin audio por día, por una decisión que tomó en ese entonces la Cámara Federal. Las 90 sesiones del proceso que condenó a los principales responsables del aparato represivo durante la dictadura fueron filmadas por las cámaras de ATC e iban a ser emitidas en capítulos luego del final del juicio. Tras el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987, se decidió no difundir ese material, y los jueces que juzgaron a Jorge Rafael Videla, Emilio Ma-ssera y a otros siete jerarcas militares viajaron a Suecia para poner a resguardo en la Bóveda del Parlamento, en Oslo, los 147 videos que documentaban ese juicio histórico. Recién en 1998 pudieron verse por primera vez en un canal de aire las imágenes de algunas audiencias, con el audio correspondiente.

Informe: Nicolás Lantos.