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El arzobispo católico de Santa Fe, Edgardo Gabriel Storni, fue condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado por su condición, debido a que el delito fue cometido en perjuicio de un seminarista que estaba confiado a su responsabilidad. La decisión fue adoptada por la jueza María Amalia Mascheroni, quien resolvió en ese sentido la única causa abierta que pesaba sobre el obispo y que había sido iniciada en el año 2002 por el ex seminarista Rubén Descalzo, por un hecho ocurrido en 1992. Dado que el obispo tiene actualmente 73 años, es improbable que sea trasladado a una cárcel y es factible que se le otorgue la posibilidad de la prisión domiciliaria, atendiendo también a su estado de salud.

Si bien el abogado de Storni, Eduardo Jauchen, adelantó que apelará la sentencia, de esta manera se cierra un capítulo muy importante de esta historia judicial que en el ámbito eclesiástico provocó la renuncia de Storni a sus responsabilidades como titular del Arzobispado de Santa Fe, que ahora ocupa José María Arancedo. Desde su alejamiento del cargo, concretado el 1º de octubre de 2002 tras una investigación eclesiástica que fue conducida por el arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, Storni se radicó en La Falda (Córdoba) donde vive actualmente.

La denuncia contra Storni fue revelada periodísticamente e investigada por Rosario/12, el suplemento de Página/12 que se edita en esa ciudad para toda la provincia de Santa Fe (ver aparte).

Pese a las evidencias y testimonios en su contra, Storni nunca reconoció responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, e incluso en su renuncia al arzobispado santafesino a través de una carta dirigida al entonces papa, Juan Pablo II, dijo no sentir “culpas” ni hacerse cargo de las “acusaciones” en su contra. Cada vez que fue citado por la Justicia rechazó todos los cargos.

Desde febrero de 2003 Storni se encontraba procesado por el delito de abuso sexual, a partir de una decisión adoptada por el ex juez de Instrucción Eduardo Giovanni. En esa misma ocasión, el magistrado desestimó otras dos denuncias contra la autoridad religiosa al considerar que el tiempo transcurrido superaba el establecido para analizar la causa.

En el proceso por el cual ahora resultó condenado, el ex seminarista Rubén Descalzo había declarado que “me hizo pasar a su departamento, donde sólo había una lámpara encendida. Hablamos mucho y me convenció para que fuera. Cuando llegamos a la puerta me abrazó. El abrazo comenzó a prolongarse y me apretó más contra su cuerpo. Colocó su cara en mi cuello y me besó”.

Tras el fallo de ayer, el abogado defensor de Storni, Eduardo Jauchen, dijo que “la Justicia lo condenó a ocho años de prisión, que es la pena mínima, por abuso sexual agravado por la condición del autor. En este caso, se trataba de un sacerdote que estaba a la guarda”. Agregó que “esta sentencia no satisface las exigencias constitucionales de lo que debe ser una resolución adecuada a la decisión definitiva que, con grado de certeza en un proceso penal, se requiere para condenar a un ciudadano”.

Dijo también que “no puede ser que por sospechas, rumores o versiones unilaterales se condene a una persona. Nuestro sistema democrático y republicano trata de evitar este tipo de arbitrariedades. Por lo tanto, o vivimos en democracia y república o seguimos viviendo en el caos, el desorden y culpamos a una persona por comentarios”.

Oficialmente la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina no realizó ningún tipo de comentarios en relación a la condena al obispo Edgardo Storni, hecho que se suma a una larga lista de delitos sexuales cometidos en todo el mundo por ministros eclesiásticos. Tampoco se había pronunciado tras el fallo contra el sacerdote Julio César Grassi.

El ahora condenado monseñor recibe del Estado la jubilación que cobra todo obispo cuando se retira de sus funciones activas, en general, al cumplir los 75 años. Edgardo Storni debió dejarlas antes.