El Gobierno planea pedir hoy que la Corte Suprema revise la medida cautelar que mantiene en pie el bloqueo de los 6569 millones de dólares de las reservas del Banco Central destinados al pago de la deuda. El nuevo procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, trabajaba ayer en los últimos detalles de un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que hace dos semanas criticó y suspendió la aplicación del decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario por lo menos hasta que el Congreso se expida sobre su validez.

- ¿Qué cuestiona el Gobierno? El planteo que piensa hacer el Ejecutivo aspira a conseguir la liberación de las reservas. Reclamará que los jueces supremos revoquen el fallo de las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera, quienes avalaron la medida cautelar que antes había dictado la jueza María José Sarmiento. Para ellas, no había razones excepcionales que justificaran disponer de los fondos del Central salteando la intervención del Congreso. Es probable que el Gobierno insista en defender el dictado del DNU como parte de sus atribuciones legislativas y alegaría que la parálisis de los fondos le impide responder a sus obligaciones internacionales. También pediría que se suspenda la medida cautelar mientras continúa el debate judicial.

- ¿Cuáles son los pasos judiciales? El expediente no llegará automáticamente a los jueces supremos, ya que primero serán los propios camaristas del fuero contencioso quienes deberán evaluar si aceptan o rechazan “abrir” –como se dice en lenguaje jurídico– el recurso extraordinario que llevará Da Rocha. Las camaristas Do Pico y Herrera ya no intervienen. Ahora hay dos salas distintas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que actúan en el caso: la Sala IV (que integran Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis Márquez) quedó a cargo del amparo impulsado por el diputado Federico Pinedo (PRO) y legisladores de la Coalición Cívica (CC); la Sala III (compuesta por Fernández, Jorge Argento y el ya excusado Carlos Grecco) tiene el expediente promovido por legisladores del radicalismo. Una tercera causa que viene rezagada es la del PJ disidente, donde aún la medida cautelar no fue confirmada por la Cámara.

- ¿Qué futuro tiene la apelación? Un requisito formal para que la Justicia acepte un recurso extraordinario es que exista ya una sentencia definitiva, que no es lo que ocurre en este caso. Pero, por cómo suele comportarse la Cámara, en Tribunales todo el mundo cree que admitirá la apelación del Gobierno recogiendo el argumento de la “gravedad institucional”. Existen más dudas, en cambio, sobre la posibilidad de que acepte suspender en el mismo acto la medida cautelar que congeló las reservas. Todas las apuestas palaciegas apuntan a que los camaristas elevarán el paquete íntegro para que sea la Corte Suprema la que decida. Los jueces supremos, entonces, volverán a evaluar si están dadas las condiciones para admitir esta apelación. Y sólo si la admiten se pronunciarán sobre si la cautelar estaba bien o mal.

Un alto funcionario cortesano dijo a Página/12 que sólo en situaciones muy excepcionales harían lugar a un recurso de este tipo. En la Corte se inclinan por alentar la salida política ante esta clase de conflictos y no fomentar su judicialización. Ese fue el mensaje subyacente al fallo de esta semana, donde la Corte rechazó el amparo de San Luis contra el Fondo del Bicentenario. Esa resolución decía que sólo tienen legitimidad para impulsar demandas colectivas el defensor del Pueblo, las ONG y los damnificados directos. En función de esto, tampoco está claro si la Corte considerará a los legisladores de la oposición como demandantes legítimos. Las camaristas Do Pico y Herrera los avalaron mientras siguieran impedidos de analizar el DNU en el Parlamento. Una vez que comiencen las sesiones ordinarias todo puede revisarse y –si se dilatan los tiempos en el laberinto judicial– los expedientes en trámite podrían perder sustento.