El procurador general de la Nación, Esteban Righi, desestimó una denuncia presentada por miembros de la Cámara Federal de Mendoza contra el fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Los magistrados habían pedido una sanción para Auat por cuestionar “la dispersión y el atraso” de las causas por delitos de lesa humanidad en Mendoza, donde la Cámara excarceló a todos los represores, y por hacer públicas sus sospechas de “connivencia”, con un “componente ideológico” como trasfondo.

La denuncia fue formulada por Julio Demetrio Petra, Alfredo López Cuitiño (denunciados ante el Consejo de la Magistratura por su “actitud consecuente y manifiesta a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado”) y Otilio Roque Romano, acusado de encubrir torturas de policías de Mendoza durante la dictadura, cuando era fiscal. No son los únicos camaristas cuestionados. Carlos Pereyra González renunció luego de que el Consejo comenzara a investigarlo, a pedido del Tribunal Oral de San Luis, por encubrir tormentos de policías puntanos como el secretario del juez Eduardo Allende. Luis Francisco Miret fue denunciado por organismos de derechos humanos por silenciar los mismos delitos de lesa humanidad que Romano cuando era juez federal de Mendoza, también durante la dictadura.

El 1° de abril, durante una visita a Mendoza y según publicaron los diarios provinciales Los Andes y Uno, Auat sugirió que “pueden existir intenciones personales en el retraso de la causas”. “Da la sensación de que hay connivencia de los jueces”, dijo. El procurador de la nación escuchó a todos los fiscales cuyanos, concluyó que las palabras de Auat “constituyen una opinión crítica y funcional de la actuación de los camaristas”, a la que considera “el principal instrumento para fortalecer una democracia deliberativa”, y a pedido de Auat remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura porque los jueces “no dieron respuesta a ninguna de las críticas formuladas –con base en datos reales– y que generan una responsabilidad internacional al Estado argentino”.