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Los diputados de la Coalición Cívica que denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito a la presidenta Cristina Fernández y a su marido, luego de que se conociera la compra de dos millones de dólares por parte de Néstor Kirchner en octubre de 2008, calificaron como un bleuff la explicación oficial sobre el uso de las divisas. “Hay una falta absoluta de seriedad. En cualquier país serio esto provocaría verdaderamente un terremoto político”, disparó el legislador Fernando Iglesias, mientras que su compañera de bancada Patricia Bullrich puso el foco en que “no es lo mismo que compre dólares un ciudadano común que la Presidenta y su marido”. Ellos dos, junto a Juan Carlos Morán y Elsa Quiroz, que también suscribieron la querella, deberán comparecer el lunes en Tribunales ante el juez federal Claudio Bonadío para ratificar la denuncia. Mientras tanto, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, también cuestionó el episodio, sosteniendo que “si es legal o ilegal es una cuestión jurídica”, pero que lo que realmente importa es que “es una cuestión de una inmoralidad inmensa”.

El episodio “no sólo es inmoral sino que estuvo precedido de información privilegiada”, se diferenció Iglesias, que detalló por qué incluyeron a Cristina Fernández en la presentación: “El delito queda configurado por el cargo público y quien tiene el cargo público es la presidenta de la Nación”, explicó. El cívico además remarcó la contradicción de que “el marido de la Presidenta, a sabiendas de la Presidenta, compra 2 millones de dólares en un momento crítico, cuando desde el Gobierno se aconsejaba a los ciudadanos que no compren dólares”. Su compañera Bullrich consideró que “no es lo mismo que compre dólares un ciudadano común que la Presidenta y su marido” y sostuvo que “ellos deben ser absolutamente cuidadosos con la Ley de Etica Pública, que plantea claras incompatibilidades sobre qué pueden hacer y qué no”.

Ambos deberán refrendar lo dicho este lunes ante el juez federal Claudio Bonadío. Una vez ratificada la denuncia, el magistrado la remitirá al fiscal federal Gerardo Di Masi para que dictamine si corresponde impulsar una acción penal o no. Los diputados de la CC sostienen que el matrimonio Kirchner cometió el delito de enriquecimiento ilícito, que prevé una pena de “reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública” a los funcionarios que sean encontrados culpables.

Por su parte, el chubutense Mario Das Neves le restó importancia a si la operación fue “legal o ilegal”. Eso “es una cuestión jurídica”, observó el precandidato presidencial justicialista, para quien lo importante es que se trata de “una cuestión de una inmoralidad inmensa”.