La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó ayer al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que condene a la pena máxima prevista en el Código Penal, 25 años de prisión, a los ex jerarcas de Campo de Mayo, incluido el último dictador, general Reynaldo Benito Bignone. La misma pena de prisión efectiva para Bignone y para el ex jefe del Comando de Institutos Militares, el ya condenado Santiago Riveros, reclamó la abogada Alcira Ríos, en su caso por el secuestro, las torturas y el asesinato de Silvia Mónica Quintela, desaparecida tras dar a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo un varón al que llamó Francisco, que aún no conoce su verdadera identidad. A última hora comenzó el alegato del fiscal Juan Patricio Murray, que continuará el martes a partir de las 9.30.

A diferencia del miércoles, cuando comenzó la acusación de los abogados Ciro Annicchiarico y Mariana Maurer, los imputados prefirieron ayer no estar presentes en la sala de audiencias, la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento José Hernández, en Florida. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, está internado en el Hospital Militar, en tanto el ex comisario Germán Montenegro no está entre los acusados incluidos en el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que tampoco estuvo presente.

Sí escucharon el detalle de sus responsabilidades individuales y los pedidos de pena, desde una sala contigua, los generales Riveros, Bignone, que en 1977 era segundo jefe del Comando de Institutos Militares, Jorge Osvaldo García (director de la Escuela de Infantería y luego del Colegio Militar de la Nación), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicio para Apoyo de Combate General Lemos) y el coronel Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 que nutría de interrogadores a Riveros y procesaba la información obtenida bajo tortura en el edificio de Callao y Viamonte.

La secretaría pidió 25 años de prisión para todos los citados, excepto para Guañabens Perelló, imputado en un solo caso (el secuestro, las torturas y la desaparición de Pablo Eduardo Albarracín, que cumplía con el servicio militar obligatorio), para quien solicitó veinte años de cárcel. Los abogados consideraron como agravantes que todos los imputados eran oficiales del Ejército de las más altas jerarquías, que “se formaron gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos argentinos”, y que lejos de rebelarse “ante los métodos aberrantes del proceso cívico militar”, todos ellos “se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror”.

El alegato de la abogada Alcira Ríos fue sólo por el caso de Silvia Quintela, médica cirujana de 28 años que militaba en la Juventud Peronista y trabajaba en una clínica en Béccar, cerca de la villa La Cava. Quintela fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, donde se desarrolla el juicio, por un grupo de tareas del Ejército. Luego fue trasladada al Campito, el mayor centro de torturas del país, en Campo de Mayo, donde logró que le permitieran atender a algunos secuestrados que llegaban heridos, entre ellos a Juan Carlos Scarpatti, que llegó al centro clandestino con nueve balas en el cuerpo y sobrevivió para contarlo.

“A Cacho Scarpatti lo tiraron en un rincón para que se muriera. Silvia y otra secuestrada, Graciela Eiroa, también desaparecida, le sacaron las balas y le curaron las heridas”, recordó ayer la abogada Alcira Ríos, que lleva el caso desde el retorno de la democracia.”La mantuvieron con vida hasta que nació su hijo, a mediados de 1977. Una sobreviviente contó que ella pensaba mucho en su hijo. ‘No van a ser tan criminales de quedarse con los chicos, ¿no?’, le preguntaba. Por esa época los militares de Campo de Mayo ya programaban las cesáreas para que tuvieran a los hijos cuando ellos quisieran”, recordó. Luego del parto por cesárea la llevaron otra vez al Campito, y una semana después, según la declaración de Scarpatti, “la trasladaron” quién sabe a dónde.

Ríos destacó ante los miembros del tribunal que la desaparición es un delito permanente, que continúa en tanto no aparecen los cuerpos. “Sólo los imputados pueden permitirnos llegar a la verdad, pero lamentablemente continúan fieles al pacto de silencio que sellaron mucho antes del comienzo de la dictadura”, explicó la abogada, que pidió 25 años de prisión para Bignone y Riveros, únicos imputados por el caso. El martes continuará el alegato de los fiscales Juan Patricio Murray, Javier De Luca y Marcelo García Berro.

Hasta el momento sólo Riveros y García, condenados en el primer juicio de Campo de Mayo por el caso Floreal Avellaneda, pasan sus días en el penal de Marcos Paz. Bignone, Guañabens Perelló y Tepedino gozan de arresto domiciliario, en el último caso a pesar de haberlo violado en 2003, tal como documentó Página/12. El comisario Montenegro está excarcelado, por lo que llega y se va caminando por sus propios medios.