Desde París

En este lugar la memoria está viva. Vive en El Muro de los Nombres, donde están grabados los de 76.000 judíos deportados de Francia, entre los cuales había 11.000 niños, durante la Segunda Guerra Mundial. Ese testimonio abre las puertas hacia uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad: la Solución Final aplicada por la Alemania nazi para exterminar a los judíos de Europa. Este lugar es el Memorial de la Shoá, instalado en el barrio de Le Marais, donde durante dos días se llevó a cabo esta semana un seminario sobre “La Shoá y los genocidios o crímenes contra la humanidad del siglo XX, ¿qué enseñanzas pueden sacar los juristas?”.

El evento revistió un carácter particular, ya que dio lugar a una inédita imbricación entre el Memorial de la Shoáh y el Estado Argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia. El seminario contó con la participación de una importante delegación argentina de 23 miembros en la que, además de los representantes de ambas instituciones, estaban los fiscales que protagonizan los procesos contra los responsables de los crímenes cometidos en la Argentina durante la última dictadura militar.

El Memorial de la Shoá en París, el Ministerio de Justicia de la Argentina y la Secretaría de Derechos Humanos habían firmado en abril del año pasado una convención para desarrollar una asociación destinada a rescatar la memoria, a estudiar la Shoá y los genocidios del siglo XX. El seminario que se organizó en París es consecutivo de estas iniciativas que empezaron a plasmarse en diciembre de 2008. Karel Fracapane, responsable de relaciones institucionales e internacionales del Memorial, y Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, elaboraron los temas del seminario en el que participaron historiadores, juristas, politólogos, filósofos y sobrevivientes de los campos de la muerte.

Dos memorias, dos heridas imborrables se cruzaron en el Memorial: la de la Shoá y la de esa otra exterminación de una generación que significó la dictadura. En diálogo con Página/12 en París, Andrea Gualde desarrolló la idea de que “de alguna manera, la dictadura argentina fue tributaria de Auschwitz, la figura del desaparecido de algún modo tiene puntos de contacto con el decreto de Noche y Niebla. Por eso nos pareció que era muy importante trabajar con los jueces que tienen a su cargo la reconstrucción de la verdad, que tienen a su cargo repartir justicia, de una manera que sea reparatoria sobre todo en los casos de crímenes de lesa humanidad”. La directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos señaló también que era fundamental, en el caso de la Argentina, resaltar “esa dimensión reparatoria, esa dimensión de descubrir la verdad y de preservar la memoria, que surge como consecuencia de un proceso judicial”.

El seminario hizo hincapié en la especificidad de cada hecho histórico, tanto el de la Shoá como la de la dictadura argentina y el terrorismo de Estado. En este contexto, Gualde advirtió los “puntos en común” que se encontraron entre ambos hechos históricos. Esas convergencias se “dan desde distintas perspectivas, desde el lugar de la víctima, desde los procesos de genocidio, desde la elección del enemigo por parte del perpetrador, las distintas etapas para llegar a cometer un genocidio. Los puntos de contacto son innegables. Por eso hay que tener en cuenta estos antecedentes y aprender del legado de la Shoá para poder leer mejor nuestra propia realidad y entender la verdadera dimensión de un proceso de justicia”.

Luis Alén, el subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos, comentó a Página/12 una de las frases expresadas por el director del Memorial de la Shoá, Jacques Fredj, cuando dijo “no hay que tener miedo de comparar los genocidios”. En este sentido, Luis Alén puso de relieve el hecho de que “una sentencia, además de un fallo judicial que establece responsabilidad y tipifica conductas, es también un relato histórico. Y en ese relato histórico uno puede y debe recurrir a otras disciplinas para decir con todas las letras que lo que pasó en la Argentina también es un genocidio, con otras características que la Shoá, pero con muchos puntos en común y de una extrema gravedad”.

El juez Carlos Rosanki explicó a Página/12 los matices que a veces complican la definición misma del genocidio. Rosanki aclaró que “el genocidio argentino se caracteriza de esa manera porque reúne los mismos requisitos que cualquier genocidio. Puede no encuadrar exactamente en la definición de la Convención sobre Genocidio adoptada en 1948, pero a la hora de llamar las cosas por el nombre adecuado, deja de tener trascendencia si proviene de una u otra Convención”. El juez destacó que “el desafío que las atrocidades que vive el mundo desde hace siglos le propone a cada integrante de cada país es qué tipo de reacción va a instrumentar para enfrentar esas atrocidades y evitar que vuelvan a suceder y sancionar a los responsables”.

La pregunta que queda en el aire es entonces cómo frenar la persistencia del pensamiento del mal, cómo poner término a esa palabra tantas veces escuchada durante el seminario: la atrocidad. Rosanki piensa que la única forma posible es “el derecho como productor de verdad. Si los Tribunales de un país no son capaces desde el derecho, con una visión amplia y en perspectiva, de construir la verdad a partir de lo que sucedió, difícilmente se va a evitar. La Argentina está en el absoluto camino de la construcción de la verdad”.

Sin embargo, pese a la Shoá, a la educación, a los relatos históricos, a los testigos y sobrevivientes y a la acción de la Justicia, el principio de atrocidad sigue vigente. El genocidio en Ruanda (1994), la limpieza étnica en la ex Yugoslavia (1992-1995), la eliminación del otro en Kosovo y hasta la ideología que condujo a la Shoá permanecen como pruebas de que la historia se puede volver a repetir, con otro rostro, en cualquier momento. El pensamiento del mal no ha perdido su vigencia. ¿Cuál es entonces el método? ¿La memoria culpable, la venganza, la Justicia implacable, el trabajo histórico en las escuelas?

Para el juez federal Daniel Eduardo Rafecas, “tenemos que tomar conciencia de la cultura profundamente autoritaria que sigue habiendo en el pensamiento del ciudadano común de la Argentina y, por lo tanto, en todos los ámbitos donde se proyecta esa cultura autoritaria, que viene de todo el siglo XX de golpes de Estado y gobiernos fraudulentos y de una elite que miró con fascinación a los movimientos reaccionarios y antiliberales de entreguerras”. El juez señaló que es difícil cambiar esa cuestión porque “estamos hablando de procesos culturales. En la Argentina ése cambio comienza en 1983, ése es el punto de inflexión en el que la Argentina empieza muy lentamente a desandar un camino de convicción autoritaria y lo reemplaza por un modelo democrático”. Rafecas está convencido de que “la herramienta fundamental para lograr ese cambio cultural es la educación democrática que tiene que partir de la modificación radical de los programas educativos”.

Lo que probó este seminario realizado en el Memorial de la Shoá es el límite de la verdad. “La verdad no basta como educación”, resalta Rosanki. Eso es lo que, para el juez, prueban los juicios a las juntas. “La verdad es importantísima pero no alcanza, porque es estática. La Justicia es dinámica. Las etapas por las que atraviesa una sociedad que vive atrocidades y que debe construirse comienzan por la verdad, continúan con la justicia y con la reparación, que es el resultado inmediato del derecho bien aplicado, y finalmente con la memoria, que es la síntesis de las etapas anteriores.”