El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, quiere impulsar una revisión del Código contravencional para que se prohíba la existencia de los cuidacoches, la venta ambulante y se cree la figura de “organizador” como agravante. En cambio, el funcionario PRO aseguró a este diario que no busca reintroducir las figuras de “merodeo y acecho” de los edictos policiales, aunque en algunos sectores de PRO se evalúa que sería útil contar con, al menos, alguna de las dos. “No es una reforma integral. La idea es hacer una reforma puntual sobre los “trapitos”, la venta ambulante y crear una figura para los que hacen llamados de bromas a las líneas de emergencia”, detalló Burzaco.

“Además, queremos agregar la figura del ‘organizador’: hacer un agravamiento para quienes están detrás de las organizaciones que explotan la venta ambulante”, explicó Burzaco. La reforma incluiría un artículo para que quienes llamen para hacer bromas a las líneas de emergencia puedan ser sancionados con una multa. Burzaco había dicho en un programa de televisión que el merodeo “es una herramienta muy útil, porque si una persona que vive en La Matanza y está en la Capital no puede explicar qué es lo que está haciendo, esa figura serviría para detenerla”. Sin embargo, ante Página/12 aclaró: “No dije que piense retomar el merodeo. La antigua figura de merodeo no es una figura que me parezca útil. La Constitución prohíbe los delitos de peligrosidad”.

En el PRO, plantean que los límites constitucionales son insalvables para la figura de “merodeo”. Pero algunos analizan si no puede llegar a restituirse la de “acecho”, que proviene también de los edictos policiales. “La Constitución dice que no hay peligrosidad sin delito. Esto depende de qué definas como delito. El merodeo es difícil de acomodar a los nuevos tiempos, pero el acecho importa algún otro tipo de conducta de riesgo”, planteó, por lo bajo, un dirigente macrista ante este diario.

En la Legislatura ya existe un proyecto de ley para prohibir la actividad de los cuidacoches. Lo presentó el legislador Martín Borrelli en 2009. Prevé una multa “de 200 a 400 pesos” o bien “uno o dos días de trabajo de utilidad pública” si no se comprueba que se estuviera exigiendo dinero, o bien de “cinco a treinta días de arresto cuando se exigiera retribución”. También señala que “cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador”.

Borrelli aclaró que “la idea es terminar la redacción ambigua de la actual ley, que permitió proliferar a los cuidacoches, y deja a salvo la posibilidad de los jubilados que venden la tarjeta azul, que es un sistema válido. Si se pensara otro sistema similar, debería ser autorizado por el Ejecutivo”. El legislador PRO también consideró que en el caso de la venta callejera “bajo el pretexto de no ir contra los artesanos, se incorporó al Código contravencional de 2005 la figura novedosa de la ‘venta de baratijas’ y ‘de mera subsistencia’. Al amparo de esta resolución, han proliferado los vendedores ambulantes. Hay un desborde de esta situación”.

La iniciativa PRO no tuvo muy buena recepción entre los opositores porteños. “Espero que Burzaco sostenga su palabra de no instalar las figuras de acecho y merodeo en el Código de Contravenciones. Sería pseudofascista que fuera detenido alguien que vive en la provincia que no pudiera explicar qué está haciendo. No podría venir a una plaza o simplemente a caminar. Ojalá Burzaco pueda garantizar que ningún otro dirigente del macrismo desea instaurar esas figuras”, sostuvo la legisladora de la Coalición Cívica-ARI Rocío Sánchez Andía.

“Venimos viendo desde que asumió Macri que tiene una actitud demagógica: en lugar de afectar los problemas graves, busca una respuesta efectista y mediática”, consideró el jefe del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro.

“El Código contravencional tenía el objetivo del ordenamiento. Las medidas tienen que ser acompañadas con proyectos sociales, económicos y culturales. De nada sirven los proyectos meramente represivos. En Montevideo tenían los instrumentos legales, pero existió la voluntad política para resolverlo integralmente”, ejemplificó Basteiro.

“No hace falta introducir modificaciones ni con el tema de “trapitos”, ni con el de la venta callejera. La Justicia no se puede hacer cargo ni de los acuerdos del poder político con estos grupos, ni de la informalidad laboral que genera el sistema”, consideró Martín Hourest, de Igualdad Social. “Hay una tendencia mundial a acusar a los sectores informales de ser peligrosos. El gobierno porteño se sube a esa paranoia global y monta una judicialización de las cuestiones sociales”, estimó.

“Las incapacidades del gobierno porteño no deben trasladarse ni a los jueces, ni a la policía”, advirtió el legislador de Diálogo por Buenos Aires Aníbal Ibarra. “La venta ambulante debe resolverse en términos políticos y no con la policía –señaló–. Y la figura de los cuidacoches ya está contemplada en el código. Alcanzaría con sólo hacer cumplir la ley, en lugar de pensar que una reforma modificaría mágicamente las cosas.”