El 15 de enero de 1992, el entonces gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, firmó un decreto que en su artículo primero decía: “Autorizar al Cuerpo de Bomberos de la Provincia a efectuar el retiro de la documentación existente en las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno.” Exceptuaba esos papeles del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación de documentos de la administración pública. De esta forma se disponía la destrucción de los partes de la ex Dirección General de Informaciones, que daban cuenta del proceder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura. El material se salvó del fuego debido a gestiones de organismos de derechos humanos de Rosario y fue trasladado al Archivo General provincial, de donde fue rescatado el año pasado por la fiscal de Santa Fe Mabel Colalongo. El jueves pasado, Patricia Isasa, que estuvo secuestrada en tres campos de concentración de Santa Fe, presentó una denuncia contra el ex gobernador. Pidió que se investigue a Reutemann por intentar eliminar información pública conducente al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.

Los decretos

El decreto de 1992 daba cuenta de que las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno provincial, ocupadas por los archivos de inteligencia, estaban en malas condiciones y afirmaba que la documentación se encontraba en “grado de destrucción parcial o total en algunos casos” y que eso “estaría causando un daño considerable a la estructura del edificio”. Por este motivo, establecía el retiro de los papeles de ese lugar y los exceptuaba del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación en documentos en el ámbito de la Administración Pública Central. Pero en 1995, y según el relato de Isasa, “luego de que los organismos de derechos humanos de Rosario lograron que no se destruyera el archivo”, Reutemann firmó otro decreto en el que señalaba que la documentación producida y recibida por la ex Dirección General de Informaciones, que era de “conservación permanente”, debía llevarse al edificio del Archivo General de la Provincia. En el artículo segundo ordenaba que “en el término de 120 días de concretado el traslado, la Dirección del Archivo General de la Provincia elaborará un detallado informe y clasificación”. Esta última medida no se concretó. El año pasado, Colalongo, que había colaborado con la Conadep y el Juicio a las Juntas y recordaba la existencia de esos papeles, fue a revisarlos y se encontró con información potencialmente valiosa para las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en su provincia.

La denuncia

Isasa tenía 16 años cuando fue secuestrada, el 30 de julio de 1976, durante sus vacaciones de invierno en la ciudad de Santa Fe. Fue torturada, abusada y violada. Pasó por las comisarías primera y cuarta y la Guardia de Infantería Reforzada. “En la búsqueda de la verdad supe de la existencia del ‘Archivo Ideológico’. Del tratamiento que los diferentes gobiernos dieron a esta valiosa documentación se infiere el respeto a los derechos fundamentales que forman parte de la conciencia sociouniversal como lo son la vida, la libertad, la dignidad”, dice Isasa en la denuncia que presentó el jueves ante los fiscales de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado por Jorge Auat y Pablo Parenti. La procuración giró la presentación a Colalongo, quien debe evaluar si Reutemann es responsable de intentar destruir información pública conducente al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. “Incluso hay que investigar si parte de ese material no se quemó antes de que fuera enviado al edificio del Archivo General de la Provincia”, arriesga Isasa, quien agrega que buscó el original del decreto del 15 de enero de 1992 durante ocho meses.

“Se hablaba de una orden de Reutemann para destruir el archivo de la ex Dirección General de Informaciones, pero hasta ahora no había pruebas. Se especulaba con que se había dispuesto la quema por una cuestión burocrática, de cumplimiento de los plazos para la conservación de documentos públicos, el decreto demuestra que no fue así y que, antes de los plazos establecidos, se alegó que estaba en malas condiciones y que estaba causando daños en el edificio de la Casa de Gobierno. Es llamativo”, dijo a Página/12 un funcionario judicial.

“No hago esta denuncia porque Reutemann sea de derecha, sino por la criminalidad de sus actos de gobierno: 23 muertos en las inundaciones más otros 160 como consecuencia de ellas, siete muertos en diciembre de 2001 y el nombramiento en la Suprema Corte de su primo y su abogado. Esto que denuncio ahora es el primer hecho”, manifestó Isasa.

Los miles de papeles que forman parte del archivo del organismo que encabezó el capitán Rondello Barbaresi dan cuenta del seguimiento a militantes, dirigentes políticos, sindicales o estudiantiles antes y durante la última dictadura. Hay, por ejemplo, un largo informe pedido a la policía de Santa Fe por sus colegas de Misiones vinculado con el dirigente radical Marcelo Stubrin, un parte sobre una reunión de la Juventud Radical y Franja Morada en la casa de Luis “Changui” Cáceres. También están registrados la clausura del periódico Estrella de Cañada de Gómez, la detención de su director por publicar una caricatura de Jorge Rafael Videla y la persecución a miembros de organismos de derechos humanos a raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo más importante es que aporta pruebas sobre “detenciones” y actos de espionaje realizados contra personas que luego fueron desaparecidas.