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Tomamos café hace un par de semanas con el cura jesuita Javier Giraldo en una tarde gris de Buenos Aires. Contamos que el padre es el principal denunciante de los abusos cometidos por militares, hacendados, narcos y paramilitares en contra de indígenas y campesinos en Colombia. También contamos que en pocos días el padre podría ir a la cárcel por negarse a declarar en un juicio por calumnias e injurias que le había iniciado un ex coronel, a quien Giraldo había acusado de torturador. Dijimos que en respuesta a la acusación del ex coronel, Giraldo había presentado un escrito en el que se declaraba objetor de conciencia y anunciaba que ya no colaboraría más con la Justicia colombiana.

Lo que no sabíamos entonces era que esta semana aparecieron pintadas en diversas partes de Bogotá con amenazas de muerte en contra de Giraldo. Tampoco conocíamos los documentos que reveló el lunes pasado la revista Semana, que demuestran que la policía secreta colombiana, el DAS, venía siguiendo los pasos del padre desde hace varios años.

Fiel a sus convicciones, Giraldo se negó a denunciar las amenazas y el espionaje. Simplemente, no colabora más con la Justicia colombiana. Ante la inquietud de algunos periodistas, el vicepresidente Francisco Santos, de gira por China, salió por televisión a garantizar la vida del sacerdote, repudiar las escuchas y las pintadas y anunciar que el gobierno le había pedido a la fiscalía general que abriera una investigación.

“Con el padre Javier Giraldo mantenemos diferencias pero estamos comprometidos en garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades, como con todas las personas que están en nuestro territorio. Diferimos en su falta de cooperación con la Justicia a pesar de los evidentes esfuerzos y resultados, como lo demuestra el juicio a los culpables de la masacre del 21 de febrero del 2005 y en su apreciación de que en Colombia nada ha cambiado a pesar de que todos los jefes paramilitares están en la cárcel y este grupo, desmovilizado”, dijo Santos.

La notoriedad que ha adquirido Giraldo en estos días hace dudar al fiscal, que por ahora no se decide entre encarcelar o sobreseer al sacerdote jesuita. “La situación sigue sin resolverse. El fiscal ha vuelto de vacaciones, pero por ahora no toma ninguna decisión. Es que han venido muchos periodistas a hacerme entrevistas, quizá piense que no es el momento”, cuenta Giraldo, al teléfono desde el colegio jesuita bogotano donde vive.

No hay miedo ni abatimiento en su voz. Habrá perdido la esperanza, pero no las ganas de luchar. Las caras de los campesinos que le piden ayuda lo empujan a seguir adelante, aun a falta de fe en los resultados. Dice que esta semana se presentará ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para aportar evidencias en el caso de la llamada masacre de San José de Apartado. Dice que sigue mandando a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya las pruebas que acumula y sistematiza de presuntas violaciones al Estatuto de Roma. En su visita a Buenos Aires días atrás, Giraldo trajo el testimonio de un ex oficial de la policía colombiana involucrado en masacres paramilitares bajo las órdenes de un personaje muy cercano al presidente colombiano, Alvaro Uribe. El testigo grabó su confesión en una oficina de San Telmo ante una comisión de juristas notables encabezada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Cuando Giraldo habla de la Justicia colombiana, lo hace con conocimiento de causa. Semana resumió de esta manera la carrera judicial del cura: “Giraldo se ha dedicado por más de 30 años a documentar y denunciar atrocidades sufridas por distintas comunidades remotas del país. Su labor ha sido riesgosa y solitaria. Ese compromiso lo ha puesto como un testigo de excepción en varios de los episodios más luctuosos del país.

“A finales de los ’80, Giraldo intentó, con el abogado Eduardo Umaña Mendoza, que fuera esclarecido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por el M19, y luego retomado a la fuerza por el Ejército. Umaña fue asesinado y valiosas pruebas que ambos aportaron al proceso durmieron el sueño de los justos hasta hace un par de años, cuando la Fiscalía reactivó el proceso. Varios militares de alto rango están siendo juzgados por este caso y está a punto de producirse la primera sentencia, 25 años después.

“Algo similar ocurrió con la masacre de Trujillo, en Valle del Cauca. Giraldo, junto con el párroco de la comunidad, Tiberio Fernández, recopiló amplia información sobre los crímenes que sufrieron los habitantes de este municipio entre 1988 y 1994, que dejaron más de 300 víctimas. En medio de esta labor, el padre Tiberio fue descuartizado y lanzado al río Cauca. La impunidad reinó por años, hasta que en 2008 el Grupo de Memoria Histórica publicó un detallado informe que rememora lo denunciado por Giraldo en su momento, lo que le dio un nuevo impulso a este proceso en la Justicia.

“También ha documentado centenares de crímenes en zonas como El Carmen del Chucurí, Santander; Magdalena Medio, Chocó y Meta. Su labor con la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, ha sido más que minuciosa: Giraldo ha activado todo tipo de recursos legales, dentro y fuera del país, para que la Justicia esclarezca 201 homicidios perpetrados entre 1996 y 2009. Y en especial la masacre ocurrida en 2005, por la que hay en la cárcel más de 20 militares.

“El jesuita trabaja con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde sistematiza la información y semestralmente la publica bajo el título ‘Informe Noche y Niebla’, un documento que paradójicamente está siendo usado por los fiscales de Justicia y Paz para esclarecer los crímenes de los paramilitares.”

Giraldo, 66, cuenta que lo llamaron un ministro, un jefe policial y un comandante militar para ofrecerle custodia, pero él se ha negado. Dice que no quiere que nadie lastime a otra persona para defender su vida. Además, dice, los autores de las amenazas ya estarían identificados. “No creo que las amenazas estén relacionadas con lo que fui a hacer en Buenos Aires ni con los casos que menciona Semana, que son casos viejos. Tengo entendido que las amenazas provienen de un grupo de empresarios productores del aceite de palma, que buscan desplazar a las comunidades afrodescendientes del Chocó para hacerse de sus tierras. Estos grupos están muy cerca del gobierno y de las fuerzas armadas.”

Acorralado entre el acoso judicial, el espionaje, las amenazas de muerte y su falta de fe en las instituciones, Giraldo no se permite vacilar. “No es la primera vez que me hacen pintadas”, dice con voz clara. “No te preocupes, por ahora estoy bien.”

Pero es difícil no preocuparse. Por Colombia y por él.

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