El miércoles, en la reunión que mantuvieron en la estancia de Anchorena, Cristina Kirchner y José “Pepe” Mujica firmaron un acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte de Justicia de La Haya. Por él, los presidentes se comprometieron a implementar dos programas de monitoreo, “un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM” y “un plan de control y prevención de la contaminación del río” en los 500 kilómetros de frontera entre Argentina y Uruguay. Este entendimiento no es de importancia menor, porque implica la aceptación uruguaya de controlar de manera conjunta el funcionamiento de la papelera y no solamente las aguas del río.

La Comisión Administradora del Río Uruguay, en su próxima reunión de trabajo -que no tiene fecha pero se estima será en diez días- deberá comenzar a discutir el diseño de estos programas. La CARU es el organismo binacional que entiende las cuestiones referentes al río, integrada por diez representantes, cinco argentinos y cinco uruguayos. El reciente fallo de La Haya, que avaló a Botnia para seguir funcionando, especificó que es éste el organismo que debe ocuparse del monitoreo conjunto.

La delegación argentina, según confirmaron a Página/12 fuentes de la Cancillería, insistirá en la reunión en la propuesta de montar en Botnia un sistema de vigilancia que tome muestras donde el caño maestro de la pastera vuelca sus efluentes al río (la papelera tiene un solo caño que desagota en el cauce, a profundidad), y controle las emanaciones con sensores en su chimenea. Otro aspecto de la cuestión es que no quieren muestreos semanales o mensuales, sino instalar equipos automatizados que registren los datos de manera permanente.

Aunque el Uruguay se había mostrado hasta ahora renuente a permitir un control sobre cómo funciona la planta, los funcionarios argentinos que trabajan en el tema señalan que el gobierno uruguayo no tiene espacio para negarse, porque el fallo de la Corte Internacional de La Haya fue nítido. “La obligación de cooperar (que tienen entre sí el Uruguay y la Argentina) trae aparejado el monitoreo continuo de un establecimiento industrial, como la planta Orion (Botnia)”, estableció la sentencia en su párrafo 281.

Dos planes... ¿o ninguno?

Cuando se trata de Botnia, sin embargo, todo puede volverse viscoso. El acta que firmaron Mujica y Cristina Kirchner –a la que accedió Página/12– dice textualmente que los presidentes “acordaron llevar adelante, a través de la CARU, a) Un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM, conforme a lo establecido en la sentencia. b) Un plan de control y prevención de la contaminación del Río Uruguay en el tramo compartido”.

Pero al día siguiente de la firma, el canciller uruguayo Luis Almagro salió a hacer declaraciones públicas en las que sostuvo lo contrario. Entrevistado por radio El Expectador, de Montevideo, dijo que su gobierno “no permitirá el ingreso a la planta para monitorearla” porque “es un tema de soberanía”. “Nuestra posición tiene una firmeza mayor en cuanto a no permitir el ingreso a la planta para monitorearla”, reiteró, dejando atónitos a los funcionarios argentinos.

En Buenos Aires no quieren darle demasiada entidad a esas declaraciones. “El que manda es Mujica”, señalan; pero no dejan de reconocer el cortocircuito, que es leído como otra muestra del enorme poder que tiene la empresa, que sigue siendo para el Uruguay la mayor inversión extranjera de su historia.

Además de su poderío económico, la compañía tiene una armadura legal que la convierte en prácticamente intocable: el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia en el 2002, antes de que Botnia desembarcara en el país, como condición para instalarse. Por este convenio, el estado uruguayo está obligado a indemnizar a las empresas finlandesas que se establezcan en su territorio en el caso de que sufran “expropiaciones directas o indirectas” e incluso si tienen pérdidas “por manifestaciones o revueltas” en su contra. El acuerdo establece que en caso de controversia, las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a los tribunales internacionales que les parezca. Es decir que en todo lo referido a Botnia, la legislación uruguaya está subordinada a los criterios del tribunal internacional que la empresa elija. Esto deja al gobierno uruguayo en una posición muy débil para intervenir. El convenio tiene vigencia por 20 años, que es el tiempo estimado de vida útil de la pastera.

Lo que vendrá

La CARU tiene cinco integrantes argentinos, presididos por Hernán Orduna, y cinco uruguayos, encabezados por Eugenio Lorenzo. Aunque en el imaginario quedó instalado que la CARU no sesiona hace años a raíz del conflicto por Botnia, en realidad todo este tiempo se ha reunido para tratar cuestiones sobre el uso de los puentes internacionales y el río. La sede de la CARU es una oficina construida junto al puente Colón-Paysandú, a un costado de la aduana uruguaya.

Sus miembros se reúnen allí todos los meses, generalmente para trabajar durante cinco días seguidos. El mecanismo consiste en considerar cada tema hasta llegar a un acuerdo; si no lo hay, la cuestión pasa a manos de los cancilleres. Cuando se trata de realizar algún trabajo conjunto, como será el caso del monitoreo, la CARU contrata a personal de organismos oficiales –nunca privados–, como el Instituto Nacional del Agua o el Servicio de Hidrografía Naval. En el caso del plan de vigilancia de Botnia, fue elaborado junto con la Secretaría de Medio Ambiente.

Una clave, dicen los técnicos que lo elaboraron, es que el control sea continuo. Además de colocar sensores para los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas, la propuesta incluye:

- Controlar los insumos que ingresen a la planta y los productos que salen de ella.

- Monitorear otras industrias que funcionan en el predio, como Kemira.

- Difundir los datos que se vayan registrando simultáneamente con su recepción.

La CARU sesionó por última vez el 7 de mayo, cuando la delegación argentina presentó esta propuesta de monitoreo. Los uruguayos la rechazaron por completo. No aceptaron ninguno de sus puntos. Desde ese difícil lugar de no entendimiento, pero hoy con la orden de los presidentes de avanzar en un acuerdo, deberán partir ahora los negociadores.