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¿Qué quiere decir monseñor Bergoglio cada vez que, rodeado por las principales figuras de la oposición (la última fue hace poco más de un mes en la Universidad del Salvador) exhorta al “diálogo sincero” y a “dejar de lado la confrontación entre diferentes sectores de la sociedad”? No es de menor importancia la dilucidación de este enigma porque el jefe católico se ha convertido durante el último período en el gran articulador político de los principales dirigentes de la oposición de derecha.

No éramos pocos los que sospechábamos que detrás del enunciado conciliador se escondía la intención de sacar de la agenda política todos los puntos que comprometieran intereses y valores de los sectores más poderosos de nuestra sociedad. Sin embargo, en la etapa política que siguió a la larga saga de la protesta agraria pareció que el reclamo de una política más moderada y menos “crispada” se convertía, ayudada por visibles torpezas del Gobierno, en una tendencia irrefrenablemente mayoritaria en la sociedad argentina. Poco a poco se fue insinuando un curioso clivaje político que diferenciaba a “dialoguistas” y “polarizadores” y dejaba en suspenso toda discusión sobre el contenido de las políticas, o, dicho más directamente, toda discusión realmente política.

Ya se sabe que ese curso entró en crisis. Para sintetizar la naturaleza de esa crisis, habría que decir que es una crisis de proyecto alternativo. El diálogo no puede ser, en sí mismo, un proyecto alternativo y eso es lo que está en el fondo del apreciable declive de las figuras más emblemáticas de aquella ofensiva antigubernamental, la principal de ellas el vicepresidente Cobos. A la hora de los enunciados políticos, la constelación opositora fluctúa entre un progresismo declamativo y autocontradictorio (como el que sustenta el reclamo del 82 por ciento móvil en combinación con la baja de las retenciones a las exportaciones agrarias) y la agitación de denuncias previamente publicadas en las portadas de los principales diarios. Escaso material para sustentar una promesa política que justifique la apuesta al cambio en una etapa social y económicamente bastante favorable.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo no parecía, en principio, destinado a encrespar las aguas políticas en el país, aunque era lógico esperar una considerable resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, en las últimas semanas previas al tratamiento en el Senado, después de su aprobación en Diputados, asistimos a un brusco cambio del lenguaje de la discusión, a una dramatización existencial de la cuestión. Curiosamente, en la sesión reciente del Senado, algunos opositores atribuyeron el cambio de clima a la voluntad confrontativa de Cristina y Néstor Kirchner y reclamaron la necesidad de discutir temas tan agudos en un marco de “paz y concordia”.

Veamos ahora qué dijo el cardenal Bergoglio, máxima autoridad del catolicismo argentino, unos días antes de la decisiva sesión del Senado, en una carta dirigida a las monjas carmelitas que alcanzó una enorme difusión. “No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el Espíritu de Verdad”... “Recordémosles (a los senadores) lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: ‘esta guerra no es vuestra sino de Dios’. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios.”

La verdad es que el documento tiene un alto valor como revelación del verdadero perfil del líder eclesiástico y pone negro sobre blanco el significado de las frases rituales que convocan al diálogo y la moderación. Porque en este caso, como en muchos otros, las iniciativas legales que despertaron radicales enconos en ciertos sectores de la sociedad fueron impulsadas en el contexto de un amplio debate público; es difícil, por ejemplo, mencionar una ley que haya sido tan profundamente discutida dentro y fuera del Congreso, como la que regula los medios audiovisuales. Cuando se habla de “no producir confrontaciones”, debe leerse que se trata de que la política no se meta con instituciones y prácticas que constituyen una añeja trama de dominio económico, social, político y espiritual en nuestro país. Se trata, en fin, de derrotar y escarmentar definitivamente el intento de poner en el espacio de debate público aquellas cuestiones que no pueden ser discutidas porque conforman algo así como la esencia de la nacionalidad. Ni grandes grupos económicos, ni militares, ni sacerdotes –entre otros grupos– pueden ser alcanzados por otra justicia y por otra legislación que no sea la que rige sus propias corporaciones. Aunque sea un minuto, para no alterar nuestros nervios, podemos escucharlo a Videla reivindicando que es la justicia militar la que lo pudo haber juzgado en su momento. O a la cúpula católica haciendo un sonoro silencio respecto de los funcionarios de la institución complicados en los crímenes de la dictadura, o en los más recientes delitos de pedofilia. O a los grandes empresarios mediáticos afirmando que la mejor ley de medios es la que no existe, porque cualquier regulación ataca a la “libertad de prensa”.

Es un hecho muy relevante para nuestra democracia que la incendiaria retórica del cardenal no haya tenido ecos en la discusión del Senado. Nadie asumió de modo explícito el magisterio eclesial sobre una materia civil como es la legislación sobre el matrimonio. Nadie exorcizó demonios ni amenazó con castigos bíblicos; hasta los más conservadores esgrimieron argumentos sociológicos y jurídicos y no rompieron en ningún momento el principio de la racionalidad política. La cúpula eclesiástica perdió dos veces: por el resultado de la votación y por la casi nula presencia virtual de sus argumentos en el debate. Su influencia fue un poco fantasmal; estuvo más presente en los alegatos de fidelidad católica de muchos senadores que votaron a favor que en los argumentos de quienes votaron en contra.

La Iglesia Católica defiende un monopolio del poder sobre las almas que claramente ya no tiene. La sociedad argentina ha vivido décadas de secularización y ha visto crecer formas populares de religiosidad crecidas en los intersticios que deja el catolicismo. Miles de católicos desarrollan formas nobles y generosas de militancia social sin necesidad de compartir visiones ultramontanas del mundo. Vivimos un punto de inflexión de un ciclo largo de centralidad política de la Iglesia Católica, cimentado en la década del 30 del siglo XX, a partir de una política de influencia en el Estado, urdida a partir del entrelazamiento con el Ejército. Fue entonces donde nació el mito de la preexistencia de la Iglesia y Ejército a la nación misma. No hace falta decir nada sobre las consecuencias de ese mito para la democracia argentina; basta recordar el papel de las principales autoridades de la Iglesia Católica en la preparación del clima social que facilitó el golpe de marzo de 1976 y cuál fue el lugar que ocupó la institución en los años de barbarie que siguieron.

El miércoles pasado se terminó de escribir una página histórica para la democracia argentina, al completarse la aprobación del proyecto originalmente impulsado por Vilma Ibarra y Silvia Augsburger. Somos, desde ese día, una sociedad más libre y más igualitaria. Y fue además un paso decisivo en la puja de la política democrática por ensanchar su autonomía respecto de los poderes fácticos. Cada vez está más claro que ésa es la cuestión que está en el centro de la disputa en esta etapa política.