La secretaria privada de Mauricio Macri, el ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma y el ex jefe de la Policía Federal y ex funcionario menemista Adrián Pelacchi serán algunos de los testigos que tendrán que desfilar por la comisión investigadora especial (CIE), que busca establecer las responsabilidades políticas por las escuchas ilegales. Mañana deberán concurrir el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski y su ex jefa de Gabinete Roxana Barroso. Los llevará la policía, salvo que la Justicia los exima de declarar como hizo con Andrés Ibarra, secretario de Recursos Humanos de la gestión PRO. Mañana también pasarán en público por primera vez los videos de Ciro James en el Ministerio de Justicia porteño.

Narodowski y Barroso faltaron por tercera vez consecutiva a la citación de la CIE. Los dos ex funcionarios macristas presentaron recursos ante el juzgado de Fabiana Schafrick en el que alegaron que no pueden hablar ante la Legislatura mientras sigan imputados en la causa de las escuchas que instruye el juez Norberto Oyarbide. Ante un planteo similar, la magistrada eximió a Ibarra de dar testimonio. Es lógico pensar que hará lo mismo con Narodowski y Barroso. Si no, probablemente asistan: Narodowski no está nada contento con la forma en la que diversos funcionarios PRO le vienen echando la culpa por la contratación de James. Tampoco pasó desapercibido que lo hicieron ante preguntas de los legisladores macristas.

El martes, volverá a la Legislatura la víctima de las escuchas Sergio Burstein, quien vio interrumpida su declaración entre insultos y chicanas con los legisladores macristas, que luego derivaron en una trifulca que incluyó a asesores PRO, camarógrafos y a la seguridad de la Legislatura. Si esta vez no termina en escándalo, el mismo día deberán declarar el ex director de Relaciones Institucionales porteño Claudio Avruj y el ex titular de la auditoría del Ministerio de Educación Roberto Ayub. Este último declaró en la causa judicial que fue Barroso quien le llevó a James a trabajar con él y que el espía no tenía ninguna experiencia en el trabajo para el que lo contrataron con un sueldo de seis mil pesos.

El viernes 29 fueron citados nuevamente los policías federales que reclama el PRO, aunque desde esa fuerza señalaron a la CIE que no pueden concurrir porque podría afectar “investigaciones en curso” y ofrecieron declarar por escrito. También están convocados los testigos vinculados a la tenencia precaria de un locutorio en Parque de la Ciudad que le dieron a Ciro James en 2002 y con la que el PRO quiere vincular al ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Se trata de Jorge Giberti, Luis Genovesi, Santiago Eidis y Jorge Rapaport. El PRO también adelantó que quiere citar a “una serie de comerciantes de la calle Libertad”, con lo que intentan desprestigiar a una de las víctimas de las escuchas.

El lunes 1º de noviembre están citados el rector de la Universidad de la Matanza, Daniel Martínez, y el decano de Humanidades, Fernando Luján Acosta, que se negaron a concurrir en cada oportunidad. James tenía tres cargos en esa universidad. Ese día también tendría que concurrir Toma, a quien pidió especialmente el legislador macrista Cristian Ritondo, cercano al ex jefe de la SIDE. Ritondo también exigió que la CIE le envíe una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que le pida que releve del secreto como ex jefe de la SIDE a Toma.

También están citados para esa fecha el ex policía Roberto Ontivero –a quien James acompañó como parte de la Policía Metropolitana a una reunión con el fiscal Agustín Gamboa– y el ex jefe de la Federal Adrián Pelacchi, que fue secretario de Seguridad de Carlos Menem. Según Gabriela Cerruti, la empresa de Pelacchi le presta seguridad a Sideco –del Grupo Macri– desde 2006 y sería el representante local de The Ackerman Group, a quien Franco Macri contrató para la seguridad de su hija Sandra. Mauricio Macri la acusa veladamente de las escuchas a su cuñado Néstor Leonardo.

El martes 2 de noviembre, pese a la resistencia del PRO, deberá concurrir la secretaria privada de Macri, Ana Moschini, quien le envió un mail del jefe de Gobierno al cuñado diciéndole exactamente cómo debía exculparlo de las escuchas ante la prensa. Ese día está citado también el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, y una serie de testigos vinculados a las compras de la Metropolitana: Edgardo Cenzón, Ignacio Greco y Eduardo Martino.