Gabriel Sánchez tiene tatuado un payaso en el brazo. Fue por esa marca que el barrabrava Cristian Favale, tras decirse inocente del asesinato de Mariano Ferreyra, lo identificó, señalándolo como el matón que en realidad había disparado durante el apriete de la Unión Ferroviaria a los tercerizados del Roca. Ayer la policía lo detuvo en Berazategui, y al allanar la vivienda encontró un arma. De esta manera, los dos sospechosos por el crimen quedaron a disposición de la Justicia, que deberá establecer si uno de ellos fue el autor del disparo.

Sánchez tiene 34 años, es guarda en Constitución y estuvo ligado a la barrabrava de Racing, de donde lo expulsaron en una de las peleas internas por el control del grupo. Su arresto fue ordenado por la jueza Wilma López; un operativo conjunto de la Policía Federal y la Bonaerense lo arrestó en una casa ubicada en el cruce la calle 30 y la avenida Vergara, en Berazategui, y de ahí se llevaron el arma que será periciada.

Según fuentes de la investigación, además de la acusación hecha por Favale, hay por lo menos dos testigos que aseguran que el día del apriete en Barracas vieron que Sánchez estaba armado. Por otra parte, existen pruebas de que tanto Favale como el Payaso eran habituales integrantes de la patota que la Unión Ferroviaria armó para ir a romper las protestas de los tercerizados y la izquierda. Sánchez aparece junto a Favale en las imágenes tomadas el 6 se septiembre en el hall e Constitución, cuando la patota de barrabravas y ferroviarios impidió una protesta de los tercerizados.

Por el caso hay seis detenidos, todos integrantes del grupo de la Unión Ferroviaria que realizó el ataque. Favale fue el primero en caer: fue acusado por un testigo protegido. En su defensa, el barrabrava dijo que había sido convocado por Pablo Díaz, el hombre fuerte de la Unión Ferroviaria en el ramal; contó que había aceptado porque está desocupado y le prometieron hacerlo entrar al Roca. Juró que él no había disparado pero que vio al que lo hizo: “Era gordo, tenía gorrita y un payaso tatuado en el brazo”. Favale no declaró más que eso, porque sufrió una crisis nerviosa. Según hizo saber a través de sus allegados, está “medicado y con atención psicológica”, y tendría la intención de continuar su declaración esta semana.

Luego fue detenido Pablo Díaz, el jefe de la patota, señalado por los investigadores como el que habría reclutado al grupo y lo comandó el día del asesinato. Durante el apriete en Barracas, Díaz se habría mantenido en comunicación con Juan Carlos “El Gallego” Fernández, el tercero en la línea de sucesión de José Pedraza dentro de la Unión Ferroviaria.

Juan Carlos Pérez, portero de los talleres de Remedios de Escalada, quedó imputado porque en las imágenes tomadas por el canal C5N se lo ve como si estuviera acomodándose un arma en la cintura, aunque él alegó que sólo se estaba subiendo el pantalón. Pérez comprometió la situación de Favale, porque dijo que aunque no lo vio disparar, oyó que los disparos venían desde donde estaba el barrabrava. Contó además que al día siguiente, en los talleres todo el mundo comentaba que Favale se había jactado del asesinato, diciendo “lo puse, le di”.

Finalmente, están también presos los dos ferroviarios que amenazaron a la periodista Gabriela Carchak para que no tomara imágenes del apriete. Se trata de Salvador Pipito y Jorge González.

Todos los detenidos aparecen en las filmaciones de aquel día. Todavía no fueron imputados los dirigentes del sindicato, sospechosos de haber promovido y amparado a la patota, ni tampoco hay acusados del lado de la empresa, aunque se conocen indicios como para poner el rol de los dos bajo la lupa. Hay testigos que aseguraron que antes del apriete en Barracas, la Unión Ferroviaria solicitó a la Ugofe que les diera el día a los trabajadores del taller de Remedios de Escalada para “impedir el corte de las vías”.

Otro aspecto de la investigación es el referido a la actuación de la Policía Federal, ya que los militantes de izquierda aseguran que los efectivos abrieron el cordón que mantenía separados a los dos grupos, permitiendo que los de la Unión Ferroviaria los atacaran, y después no realizaron ninguna detención a pesar de que los matones, en su retirada, pasaron entre dos patrulleros. La abogada del PO, Claudia Ferrero, acaba de ser aceptada por el juzgado como querellante en la causa, y pedirá medidas al respecto la próxima semana.