Más allá de la reunión pedida por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la decisión tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación se mantiene firme. En casos conflictivos como el del hospital Piñero, habrá una guardia de la Policía Federal en la vereda, afuera del hospital, porque la misión de los efectivos es cuidar la calle y el barrio. Dentro del Piñero tendrán que recurrir a la seguridad privada –como ocurre en todas las clínicas de la Argentina y en la mayoría de los hospitales–, que son los que tienen que afrontar casos como el de familiares de pacientes que agraden a médicos o enfermeras por polémicas surgidas por la forma de atender a los enfermos. También la seguridad privada está en condiciones de responder ante alguna reacción violenta de una persona con problemas de alcohol o drogas que llega a una guardia. Respecto del diagnóstico sobre la situación en la Federal, es un hecho que el Ministerio está realizando los allanamientos a desarmaderos y prostíbulos, así como las operaciones antinarco, con una mezcla en la que intervienen no sólo la Federal, sino también la Gendarmería y la Prefectura. Antes, todo estaba en manos de la Federal y no resultaba raro que el lugar que iba a ser allanado fuera avisado antes del procedimiento. Quienes rodean a Nilda Garré afirman que no hay marcha atrás en lo que significan las custodias prestadas por policías haciendo adicionales. Podría ser que una comisaría, en virtud de conclusiones surgidas por el análisis del mapa del delito en su zona, decida reforzar las cuadras que están frente a un hospital o en las inmediaciones de un hospital. En ese caso, la dependencia ordenará que efectivos de la Federal estén presentes allí, pero ya no haciendo adicionales, sino como su trabajo normal. Y siempre en la calle, no dentro del edificio.

“Por supuesto que si hay un problema, se comete un delito, el policía de afuera tiene la obligación de intervenir –señalan los integrantes de Seguridad–, pero tanto un servicio de seguridad privada, como la Metropolitana, perfectamente pueden intervenir ante casos habituales de personas que se enojan con el personal del hospital o quienes llegan en malas condiciones a la guardia. Y lo mismo sucede con el caso que tanta repercusión tuvo la semana que pasó: un médico al que le robaron su guardapolvo y un sello. ¿Se necesita sacar de la calle a un policía federal para atender semejantes casos? Los centros de salud, las clínicas de todo el país, no requieren de un policía dentro del edificio”, argumentan en el Ministerio. Más allá de las polémicas, en Seguridad hay varios informes que indican que en los hospitales ya han aumentado los servicios de seguridad privada y que incluso se ve a algún patrullero de la Metropolitana custodiando en las inmediaciones.

Respecto de los colegios, se supone que no hay problemas. Son escasos los establecimientos que se cubrían con adicionales y el Ministerio ya ha dicho que mantiene la custodia, con policías de servicio normal, en los corredores de seguridad ya establecidos. Es que la estrategia diseñada es única: que los policías estén en la calle. Sucede lo mismo con los bancos. A partir del 15, es decir de la semana que se inicia, los policías no estarán más dentro del ámbito del banco, sino en la vereda. Para evitar las salideras bancarias, pero también para que presten el servicio de seguridad a toda la población, no sólo a los que están adentro del banco.

El diagnóstico que Garré reiteró en la conferencia realizada en el centro cultural El Zaguán del Sur, publicado por Página/12, no es una novedad. Coinciden con él casi todos los especialistas en temas de seguridad –ayer hizo pública su coincidencia León Arslanian–, pero también la mayor parte de la población (ver aparte). Ese diagnóstico llevó a realizar los cambios de la conducción de la Federal y de casi todas las comisarías. Pero tal vez lo más notorio es que Garré puso en práctica una modalidad casi prohibida hasta ahora: que los allanamientos a lugares sospechados de tener complicidad policial sean realizados conjuntamente por otras fuerzas federales como la Gendarmería, la Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La ida es que no se avise a los que van a ser allanados y que no haya complicidades en el propio procedimiento. Los ejemplos más notorios fueron los megaallanamientos que se hicieron en desarmaderos durante la semana que pasó; los procedimientos en prostíbulos y boliches y una vasta operación realizada el jueves sobre numerosos locales en los que se vendían celulares robados. También la alianza entre policías federales e hinchadas de fútbol está en la mira y, como era cantado, se estudian igualmente irregularidades que se cometían con los adicionales ahora suprimidos.