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Dos de cada tres personas opinan que es correcta la medida de sacar policías de las vigilancias de edificios y las custodias de funcionarios, para que estén en la calle. Esa medida y la de depurar las fuerzas policiales están entre las que recogen más adhesiones. Un dato llamativo es que la baja de la edad de imputabilidad hoy es respaldada por el 60 por ciento de los ciudadanos, mientras que hace apenas un año el respaldo a una medida de esa naturaleza abarcaba a ocho de cada diez encuestados. Un fenómeno similar, pero de menor envergadura, se produce en la pregunta de fondo: si la situación de inseguridad empeora o no. Hay un 71 por ciento que dice que empeora, lo cual sigue siendo un porcentaje altísimo, pero inferior al 85 por ciento que se registraba hace un año.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM), la consultora que encabeza Enrique Zuleta Puceiro. En total fueron entrevistadas 1100 personas de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. El estudio fue comandado por Gustavo Di Lorenzo.

“A la luz de estudios similares que hicimos anteriormente –evalúa Zuleta– se percibe que bajó algo la ansiedad. Ojo, que en este tema los medios juegan un papel importante. En la encuesta, hay casi un 50 por ciento de los ciudadanos que afirma que los medios aumentan la sensación de inseguridad. Pero, sea como fuere, hace poco tiempo los que decían que la inseguridad aumentaba mucho, que vivíamos en el peor de los mundos, era el 85 por ciento.”

Para Zuleta, resulta llamativa la respuesta del ciudadano común a las propuestas en materia de seguridad. “La que más consenso tiene es que se hagan más efectivos los códigos procesales. Acá se está poniendo el acento en el funcionamiento de la Justicia. Ranquea por encima de los pedidos de aumentos de pena. También hay un respaldo a la profundización de los derechos humanos. Pero lo que más se reclama es que se depuren las fuerzas de seguridad y que se cambie la política y la educación de la policía.”

El Ministerio de Seguridad recién cumple cuatro meses y resulta difícil todavía hacer una evaluación de sus estrategias a través de encuestas. Por de pronto, hay políticas que tienen fuerte consenso, como el de depurar la Policía Federal. La mayoría de los ciudadanos de las grandes ciudades percibe con claridad lo que Garré enumeró el jueves: que las comisarías recaudan fondos de forma ilegal, que buena parte de esa recaudación proviene de algo que se parece muchísimo a la extorsión. Esto se vio, por ejemplo, en el caso Cromañón, en que los policías terminaron condenados por cobrar semanalmente a cambio de permitir que entrara más gente que la permitida por la habilitación. En los recientes allanamientos a boliches y prostíbulos de la Capital Federal se encontraron cuadernos con anotaciones sobre los pagos a los uniformados y terminaron 120 policías investigados por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.

También la idea de poner más policías en la calle reúne amplio consenso. Aunque se producen las polémicas sobre los lugares que se deben cubrir o quiénes los deben cubrir, lo cierto es que una inmensa mayoría está de acuerdo con el concepto de que es una medida de prevención importante. Hay ciudadanos que creen que las custodias tienen que ser hechas por la Metropolitana, un porcentaje levemente superior dice que debe ser la Federal, pero se trata de un debate que recién empieza. Zuleta considera que hay más tensión y drama en los dirigentes y, sobre todo, en los medios, que en el ciudadano común.