El juzgado de Norberto Oyarbide se llevó de los allanamientos a las sedes de las empresas vinculadas a Sergio Schoklender y de sus departamentos, documentación sobre uno de los aviones, varios vehículos y sociedades atribuidas al ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La policía secuestró además las CPU de todas las computadoras halladas para analizar su contenido, en busca de datos que permitan establecer si el ex apoderado de Madres desvió para su uso personal parte de los fondos que el Estado aportó para la construcción de viviendas sociales.

“Estamos en pleno desarrollo de los procedimientos. Es muy delicado el tema y seguramente el lunes por la tarde vamos a tener el resultado del análisis de las computadoras”, señaló Oyarbide, tras asegurar que su juzgado estuvo trabajando en el tema todo el sábado.

La sede de la Fundación de las Madres no fue incluida entre las órdenes de allanamiento, sino que el magistrado les mandó una orden de presentación y sus responsables se comprometieron a presentar mañana todos los documentos con que cuenten sobre los movimientos de fondos y la participación de Schoklender.

Los operativos incluyeron las oficinas de la firma Meldorek, la constructora que hacía los paneles para las viviendas sociales, la casa de la ex mujer de Schoklender, su estudio jurídico y un departamento en el que, según fuentes de la investigación, se encontraba el ex apoderado de las Madres. “Es un departamento que sabíamos que él tenía pero en el que no vivía hacía mucho tiempo”, dijo una fuente de la investigación que habló de la “sorpresa” que mostró el investigado al verlos llegar.

El viernes la Justicia prohibió a Sergio, a su hermano Pablo y a otras siete personas denunciadas salir del país. Los cargos que se les formularon fueron lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita.

Las medidas de prueba que el fiscal Di Lello pidió al juzgado incluyen el levantamiento del secreto fiscal sobre los dos hermanos Schoklender –Pablo es quien lo reemplazó en la Fundación– y que el Banco Central informe si tienen cuentas bancarias a su nombre y qué operaciones realizaron en los últimos años.

Entre los puntos que el ex encargado del Proyecto Sueños Compartidos deberá aclarar está el origen de los fondos para adquirir dos aviones de cabotaje, comprados a través de la sociedad anónima Meldorek, y un yate que estaría valuado en 420 mil dólares. Los aviones habrían sido utilizados por Schoklender para trasladarse al interior a controlar el trabajo de las cooperativas de viviendas.

Otra propiedad no justificada por el sueldo de aproximadamente cinco mil pesos que el ex apoderado recibía de la Fundación es una casaquinta que Schoklender compró para la sociedad anónima Antártica Argentina, y otros quince lotes de terreno en José C. Paz.

La denuncia de lavado fue iniciada por el reporte de dos bancos a raíz de operaciones de fondos que les resultaron sospechosas. Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió una denuncia de las diputadas de la Coalición Cívica por la adquisición de los terrenos. El titular de la UIF, Martín Sbatella, elevó las actuaciones realizadas por su organismo al fiscal de la Cámara de Casación Raúl Pleé, que presentó la denuncia radicada ahora en el juzgado de Oyarbide. Además de esta causa, hay otra denuncia para que se investigue a la Fundación de las Madres y la gestión de los fondos de las cooperativas de viviendas en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.