La promesa del gobernador Walter Barrionuevo de otorgar “un lote a cada familia que lo necesite” con la condición de abandonar los terrenos ocupados no logró descomprimir la crisis política y social en Jujuy. Mientras dirigentes partidarios se cruzan acusaciones y la oposición abandonó en tiempo récord la comisión parlamentaria creada para investigar las responsabilidades políticas por las muertes de Libertador General San Martín, que terminó con cuatro muertos y casi setenta heridos, en la sociedad civil comienza a tomar fuerza el rechazo a la “ola ocupa” y a los “intrusos”, conceptos que utilizan con naturalidad los medios de comunicación. Ayer se realizó en San Salvador de Jujuy una “marcha por la paz”, a la que desde las redes sociales se convocaba a participar con velas, con ropa blanca y aclarando que no habría líderes ni oradores.

La multiplicación de tomas, sumada a los dimes y diretes entre funcionarios y opositores a una semana de las primarias abiertas, relegaron a un segundo plano la investigación penal sobre los asesinatos de un policía y tres civiles durante el intento de desalojo, el jueves 28, de quince de las más de 150.000 hectáreas que la familia Blaquier posee en Jujuy. Antes de retomar la instrucción de la causa, el juez penal Jorge Samman deberá pronunciarse mañana sobre el pedido de recusación en su contra presentado por la abogada de la madre de una de las víctimas por la presunta responsabilidad del magistrado en las muertes: Samman firmó la orden de desalojo un día antes del comienzo de la feria judicial.

Si bien el expediente sigue bajo secreto de sumario, el discurso del oficialismo jujeño se inscribe en la línea que sugiere la carátula de la causa: “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado provincial Jorge Casas aseguró que información recolectada por la difunta comisión “determina claramente que la policía no había reprimido, que no había orden superior de represión, que la policía había accedido al lugar del desalojo sin armas y que en todo momento estuvo a la defensiva”. Testigos citados por Página/12 en los últimos días aseguraron que las balas que asesinaron a Félix

Díaz y Ariel Farfán partieron desde donde se apostaban sólo policías, frente a una seccional que terminó incendiada. La hipótesis oficial, sin embargo, podría apuntalarse gracias a la semana que las armas usadas en el operativo estuvieron en manos de la fuerza de seguridad, antes de que el juez ordenara el peritaje a Gendarmería.

El retiro de la oposición de la comisión parlamentaria se gestó en simultáneo con la decisión de no prestar quórum para tratar el proyecto oficial para expropiar tierras, que el senador radical Gerardo Morales calificó de “inconstitucional e irresponsable”. Carlos Snopek, del Frente Primero Jujuy, explicó que “repartir lotes sin infraestructura y sin las mínimas condiciones de habitabilidad” era “una medida de clientelismo preelectoral” que generaba “la concepción de que hay que salir a ocupar tierras”. La diputada Carolina Moisés justifició la disolución de la comisión por las negativas a declarar por parte del jefe de policía al momento de la masacre y del ex ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, quien renunció el día de las muertes.

Desde el oficialismo, en tanto, criticaron la “ingratitud e irresponsabilidad” de la UCR. Destacaron que los radicales tenían mayoría en la comisión, en la cual aseguraron que se estaba demostrando la ausencia de responsabilidad del Ejecutivo en la represión, y sugirieron que los opositores renunciaron porque “el resultado final no les iba a convenir”. El legislador Miguel Rioja dijo que si la UCR se oponía al proyecto de expropiaciones, debió haberlo debatido, y destacó que “el peor error del radicalismo fue demostrar que detrás de todo existe un interés político”, que ejemplificó con el pedido de renuncia de Morales al gobernador Barrionuevo. También repudió a “los funcionarios municipales que están disponiendo a través de secretarios y punteros la toma de terrenos y viviendas en la ciudad de San Salvador”. Ante la insistencia de los periodistas, identificó al secretario general de gobierno del municipio, Carlos Toconás, y se negó a dar más nombres.

La promesa del gobernador de comenzar a lotear terrenos a quienes acrediten dos años de residencia y “necesidades reales” disminuyó las tensiones, pero derivó en menos levantamientos de tomas de las esperadas. Ayer se mantenían no sólo en El Triángulo, donde ocurrieron las muertes, sino también en localidades del interior como Monterrico, Perico y El Carmen. Tampoco rindieron frutos los rumores de la llegada de Gendarmería para ejecutar desalojos. Para peor el incipiente censo lleva el mismo nombre que el programa que la Legislatura no llegó a tratar. Varios municipios ya anunciaron que no pueden inscribir a nadie hasta que el programa “Un lote...” se apruebe y reglamente. Por debajo de las declaraciones de los políticos y de la incapacidad para gestionar la crisis, crece en la sociedad la estigmatización contra “los ocupas”.