Según el Observatorio de Derechos Humanos, el espionaje en la ciudad continúa por otras vías, como si fueran colectoras de una misma avenida. Su informe señala que se han detectado “servicios privados de información y clasificación de los ciudadanos de la Comuna 12, cuya instrucción judicial es realizada por la jueza Servini de Cubría en el marco de la investigación del asesor de la campaña del PRO, Jaime Durán Barba”.

El texto precisa que “se constató la contratación de una empresa privada que teóricamente ofreció un proyecto al Ministerio de Educación, pero que en realidad realizaba encuestas, confeccionando una ficha tipo, donde además de la opinión sobre la política de seguridad del PRO figuraba información del domicilio y datos de contacto de la persona, su edad, estado civil, cantidad de hijos, vehículos, etc. Con esas precisiones, el siguiente paso era georreferenciar a los encuestados para disponerlos en un mapa”. Asimismo –concluye ese tramo del informe– se listaron miles de ciudadanos segmentados en tres categorías: “Alto riesgo”, 100 casos; “Sensibles”, 1639 casos; y “Aliados potenciales”, 2399 casos. Un mapamundi de Buenos Aires con el cual la gestión de Macri evalúa a los habitantes de la ciudad en un tema tan conflictivo como la seguridad.