La Asociación Madres de Plaza de Mayo llevó adelante un “Juicio ético y político al Grupo Clarín”. La titular de la asociación, Hebe de Bonafini, ofició como presidenta del tribunal, mientras que Eduardo Barcesat, abogado de Madres, cumplió el rol de fiscal general, y el periodista Víctor Hugo Morales, de testigo general. Bonafini llamó a “luchar por la plena aplicación” de la ley de medios: “A la sociedad le queda por delante una tarea muy grande respecto de los medios, falta bastante y por sobre todo seguir luchando por conseguir mejores opciones para elegir”.

“Yo miraba los noticieros del 19 y el 20 de diciembre y de lo único que hablaban era de los saqueos, no de los muertos”, dijo Bonafini, adelantándose al “veredicto”, que se hizo a mano alzada y que consideró al Grupo Clarín como “culpable” de varios hechos tales como la posición dominante de varias de las empresas que componen el grupo –Cablevisión–; la adquisición presuntamente fraudulenta de otras –Artear, Radio Mitre y Papel Prensa–; la prohibición de la democracia interna y la libertad sindical en la mayoría de las empresas; el respaldo a la dictadura militar por parte del diario Clarín y algunos periodistas que trabajan en el multimedio, y la manipulación de la información.

Sobre un escenario montado a la izquierda de la Pirámide de Mayo, en la plaza, militantes y colaboradores de la Asociación Madres de Plaza de Mayo acomodaban un atril y dos mesas. Hacía de telón de fondo un gran diagrama que tenía en su centro el logo del Grupo Clarín, del que salían catorce flechitas que conectaban con otros logos: Artear Argentina, La Razón, Radio Mitre, Diario Clarín, Cablevisión, y Papel Prensa eran algunos de esos logos. Junto a las flechas, el porcentaje que el grupo tiene de cada empresa. Eran, en total, catorce los logos. Y, a su vez, de cada uno se desprendían más. Según aseguraron en el acto, el multimedio comprende, contando los medios provinciales, 226 empresas, de las cuales seis fueron seleccionadas por los organizadores del “juicio” como casos paradigmáticos.

El primer “imputado” fue el diario Clarín. El abogado y periodista Pablo Llonto fue el fiscal de la “causa”. Llonto trabajó en Clarín entre 1978 y 1997. Desde 1984 fue delegado de ese diario, hasta que lo despidieron tras un fallo de la Corte Suprema del gobierno de Carlos Menem. En su “descripción del imputado”, Llonto contó que despidieron a cientos de trabajadores del matutino a partir del último golpe militar. En ese entonces, la empresa desplazó a la comisión interna y dejó cesantes a otros trabajadores. “Pero esa práctica perversa, Clarín la siguió implementando en democracia. En 1989 y 1990 volvieron a descabezar otra comisión interna y a echar a decenas de trabajadores, porque lo que Clarín no tolera ni perdona es la organización sindical”, dijo Llonto. El segundo testigo, Aníbal Sec, denunció que el diario “se aprovechó de la flexibilización laboral” y les negó a los trabajadores elegir a sus delegados. Gustavo Bruzos, periodista que integró la última comisión gremial interna, denunció el incumplimiento de los derechos gremiales en la actualidad.”Clarín odia la organización sindical que pelea por sus derechos y por el salario”, aseveró. Le siguió Blanca Rébori, quien trabajó en el diario entre 1971 hasta la llegada de la última dictadura y denunció episodios de censura en el matutino que le costaron, años más tarde, haber sido despedida.

El segundo caso que se trató fue el Radio Mitre. El director de la carrera de Comunicación de la UBA, Glenn Potolsky, y Mario Giorgi, que fue locutor en esa emisora durante varios años, fueron los testigos. Denunciaron una apropiación irregular de la emisora y la ausencia de libertad sindical. El tercer caso fue Canal 13. La periodista Liliana López Foresi, una de los testigos, dijo haber sido víctima de la censura por parte del canal, debido a su posición crítica ante la postura del ex presidente Carlos Menem en la guerra del Golfo y denunció haber sido despedida por esa razón. “Si me quedaba y me callaba mi opinión, al año siguiente conducía Telenoche. Si denunciaba la postura del gobierno, iba a seguir siendo yo. Opté por denunciar y quedarme ocho meses callada y ese año sufrí dos atentados”, aseveró. Cablevisión, TN y Papel Prensa fueron los casos que siguieron. La posición monopólica de Cablevisión vinculada con su capacidad de fijar precios, la supuesta manipulación de la información por parte de TN y la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa, junto a la posición monopólica de Clarín en la producción de papel para diarios fueron las “imputaciones”.

Hacia el cierre de la actividad, Bonafini se quejó de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se aplique integralmente y, en un balance respecto del desarrollo de Canal 7, consideró que “le falta mucho para ser el canal del pueblo”. Luego de las palabras de Bonafini, todos los que estaban en la plaza emitieron su veredicto.

Informe: Sol Prieto.