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“Quiero que me cuenten si alguien está haciendo algo mal las cosas y permítanme que evalúe yo si es importante o no, nunca me gustó que tomen decisiones por mí”, señaló ayer la presidenta Cristina Kirchner al exponer las dificultades que surgieron a partir de la acción del juez Luis Antonio Armella, que fue acusado de contratar empresas con sobreprecios para las obras que se realizan para el saneamiento del Riachuelo, como reveló Página/12. Además, le dejó en claro al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, que el Poder Ejecutivo “no pedía ningún ajuste”, en relación con los dichos de algunos funcionarios santafesinos que habían dejado correr que la ley que tratan en la Legislatura era “imposición” de la Casa Rosada. Recordó además que “la cadena del odio y el desánimo tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre”, en referencia a la fecha que impuso la Justicia para que se cumpla con todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Los jueces son jueces, no son dioses. Ningún funcionario tenga temor o excusa, viene y me cuenta si algo o alguien a su criterio está haciendo mal las cosas y permítanme que sea yo la que evalúe si es importante o no”, señaló la Presidenta apuntando a la actuación del juez Armella, encargado de cumplir con un fallo de la Corte Suprema para sanear el Riachuelo, a quien se acusa de beneficiar a empresas de familiares y amigos con contratos de obras con sobreprecios. Cristina Kirchner contó que recibió un informe sobre el mismo juez, que tiene paralizados tres de cuatro tramos de la autopista Presidente Perón. Reveló que la paralización se debía a que “el juez exigía que se compraran unas toscas que tenían en total un valor de 18 millones de pesos por un valor de 554 millones de pesos”.

Gobernadores

“Usted es un federalista y jamás aceptaría imposición, porque tiene la suficiente inteligencia y sapiencia para saber lo que necesita su provincia”, le dijo la Presidenta al gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, en la teleconferencia. La mención apuntaba a las declaraciones que habían dejado trascender algunos funcionarios del gobierno santafesino que señalaban que desde la Casa Rosada se pedían leyes a los gobernadores para corregir sus cuentas fiscales. “Lo respeto profundamente como respeto a todos los gobernadores, los veo como colegas con menor grado de responsabilidad, porque la Argentina es muy difícil, pero lo respeto mucho”, continuó Fernández de Kirchner.

En la misma línea les mandó un mensaje a los gobernadores en general cuando señaló: “Basta de echarles la culpa a los demás de lo que no son capaces de hacer, que nadie ponga excusas y se haga cargo de la responsabilidad de gobernar”. “Que a ningún argentino le vayan con el cuento de que hacen tal cosa porque esta presidenta los manda”, sostuvo ante los gobernadores presentes en el acto que se realizó en el Salón de Mujeres Argentinas de la Casa Rosada.

Bonfatti escuchaba atento desde Santa Fe, donde se inauguró una obra en el cruce de la ruta nacional con la provincial a Rosario. “Sé que ustedes tienen una ley de reforma tributaria por tratar por ahí, dijeron que había una imposición del gobierno nacional”, apuntó la Presidenta y agregó que “tenía necesidad de decir esto porque me comuniqué telefónicamente con (el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín) Rossi, para decir que si algún funcionario dijo que había que hacer algo en Santa Fe en nombre de la Presidenta, la Presidenta no manda emisarios ni tiene correos, cuando quiere decir algo va, lo dice y lo presenta”.

El gobernador de Santa Fe le contestó que “en ningún momento desde este gobierno pensamos en alguna intromisión del gobierno nacional”, y explicó que la ley a que hacía referencia se trataba de “una reforma tributaria para tener autonomía fiscal”. A su vez destacó que tenía “un excelente diálogo con el partido mayoritario en la Legislatura y le vamos a poner el hombro al país, porque si le va bien al país nos va bien a todos, y en Santa Fe lo que propiciamos es un diálogo profundo con el gobierno nacional”.

Ley de medios

Después de contestarle al empresario siderúrgico Paolo Rocca (ver aparte), la Presidenta se refirió al uso de la cadena nacional y la ley de medios sancionada en 2010, pero que por las medidas cautelares solicitadas por el grupo Clarín no pudo ponerse en funcionamiento en su totalidad. “Las cadenas nacionales son legales. Cada vez que la uso no es para contar de mi vida ni para pedir que me voten, la utilizo para seguir informando a los argentinos de las cosas que estamos haciendo y que algunos quieren ocultar”, destacó. En ese sentido puso en contraste “a la Cadena Nacional del Poder Ejecutivo, que es legal”, con lo que llama “la cadena del miedo y el desánimo que son una cadena nacional que violenta todas las leyes, que puede pasar por arriba las disposiciones de los poderes Judicial y Legislativo”. A su vez, recordó que esa cadena “tiene fecha de vencimiento”, recordando el fallo de la Corte Suprema que le puso un plazo a la vigencia de la medida cautelar planteada por Clarín, y que vence el 7 de diciembre, cuando deberán comenzar el proceso de desinversión que establece el artículo 161.