El proyecto del Gobierno para reglamentar el per saltum disparó una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición, que deberán debatir la iniciativa el próximo martes en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El texto, de dos artículos, apunta a habilitar en casos de “gravedad institucional” el salto de instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. “Queremos aclarar que esto no significa ningún factor de presión”, aseguró el jefe del bloque oficialista de senadores, Miguel Angel Pichetto, quien recordó que es la propia Corte la que decidirá si rechaza o acepta el recurso. En cambio, distintos bloques de la oposición firmaron ayer un documento en el que exigieron al oficialismo que “cese inmediatamente sus ataques al orden constitucional”. Por su parte, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, señaló que legislar sobre el per saltum es facultad del Congreso y que “si hay ley, se aplicará”.

La controversia en torno del per saltum se produce en el contexto de otro conflicto: las dificultades en la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada hace tres años y demorada por una medida cautelar concedida al Grupo Clarín por parte del juez jubilado Edmundo Carbone. Desde su renuncia, ese juzgado no pudo ser ocupado por un juez natural, producto de las diferencias entre el oficialismo y la oposición en el Consejo de la Magistratura. Después de varias situaciones irregulares y de la intervención de la Corte Suprema, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial designó ayer al titular del Juzgado Nº 2, Horacio Alfonso, como subrogante en el Juzgado Nº 1, que dejó Carbone.

“Si exigir la supremacía de la Constitución, peticionar por la igualdad ante la ley, exigir jueces naturales y efectuar las denuncias que me competen como consejero es presionar a la Justicia, bienvenida sea la presión”, ironizó el senador Marcelo Fuentes, en respuesta a las denuncias opositoras. Con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, los diputados Diana Conti y Carlos “Cuto” Moreno, y de los senadores Fuentes, Pichetto y Aníbal Fernández, el oficialismo marcó un claro respaldo a la iniciativa, basada en un proyecto presentado por Cristina Fernández en mayo de 2002, cuando presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Se trata de una iniciativa que modifica el Código Procesal en lo Civil y Comercial, incorporando los artículos 257 bis y 257 ter. Establece que el recurso se podrá utilizar cuando exista “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único medio eficaz para proteger el derecho comprometido”. Expresamente se excluyen los casos en materia penal, porque podría afectar el principio del debido proceso y se deja en claro que quien tiene la última palabra para decidir si acepta el recurso es la Corte Suprema, previa notificación de las partes para emitir opinión.

Desde la oposición, el radical Ricardo Gil Lavedra aseguró que se trata de “una práctica menemista”, en referencia al per saltum utilizado por el gobierno de Carlos Menem para habilitar privatizaciones, como la de Aerolíneas Argentinas. Además consideró que se busca “limitar” a la Corte Suprema, que de hecho tiene la facultad de avocarse a un tema sin que se hayan dado todas las instancias procesales, como sucedió en el caso del aborto no punible suspendido por una jueza de primera instancia la semana pasada. Otros referentes de la UCR, sin embargo, no se alarmaron y consideraron que con esta conformación de la Corte Suprema no habría conflicto, pero que esta regulación podría hacer más “permeable” a presiones al máximo tribunal con otros integrantes. “El tema no es tanto el per saltum en sí, sino la puerta que se abre para presionar a la Corte”, sostuvo un legislador radical.

El senador kirchnerista Daniel Filmus señaló que el primer antecedente del per saltum en la historia argentina surgió durante la presidencia radical de Raúl Alfonsín, cuando envió al Congreso en 1987 un proyecto para que la Corte Suprema pudiera saltearse instancias y avocarse a causas judiciales de gravedad institucional radicadas en tribunales inferiores. Durante la conferencia de prensa, los legisladores del oficialismo recordaron que en Diputados hay un proyecto que apunta en el mismo sentido, presentado por los integrantes del FAP Margarita Stolbizer y Gerardo Millman.

Más temprano, en la Cámara baja, diputados opositores cuestionaron la iniciativa del oficialismo, señalando que “la facultad de recurrir a un tribunal independiente e imparcial constituye un derecho humano fundamental que es necesario defender con toda firmeza, porque es uno de los pilares de una democracia constitucional y la mayor garantía de la libertad”. Allí estuvieron, entre otros, los radicales Gil Lavedra, Mario Negri, Juan Tunessi y Patricia De Ferrari; Eduardo Amadeo, Enrique Thomas y Gustavo Ferrari (Frente Peronista), Federico Pinedo y Jorge Triaca (PRO), Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica).