Un grupo de militares retirados y ex policías fueron detenidos el miércoles en distintos puntos del país, acusados por delitos de lesa humanidad en Tucumán durante el año anterior al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La medida la ordenó el juez federal Daniel Bejas a partir del pedido formulado en diciembre por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, titulares de la oficina local de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Encabeza la lista de detenidos el general Mario Benjamín Menéndez, que siete años antes de asumir como gobernador militar de las Islas Malvinas estuvo a cargo de La Escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención del país. El militar fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su casa de la calle Arcos al 1500 y fue trasladado a Tucumán para prestar declaración indagatoria.

El Operativo Independencia, antesala del terrorismo de Estado, comenzó formalmente el 5 de febrero de 1975 con el decreto secreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón que ordenó “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en la provincia de Tucumán. Sus caras visibles fueron los general Adel Edgardo Vilas, designado al frente de la Brigada de Infantería V, y a partir de diciembre su reemplazante, Antonio Bussi. Según una investigación de Inés Izaguirre, durante los casi catorce meses anteriores al golpe de Estado y con la excusa de combatir a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo, 195 personas fueron desaparecidas y 68 fueron asesinadas en el marco del Operativo Independencia. El propio Vilas admitió en su “diario de campaña” inédito que 1507 personas “acusadas de mantener relación estrecha con el enemigo” pasaron por La Escuelita Diego de Rojas, centro de detención y tortura planificado, diseñado y construido con ese fin por orden del entonces comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que ostenta el record de condenas por delitos de lesa humanidad y que también será indagado por Bejas.

El magistrado ordenó esta semana 35 detenciones. La única pedida por el Ministerio Público y denegada por Bejas fue la de la ex presidenta Isabel Perón, que vive en España. Veintiuno de los acusados por secuestros, torturas y asesinatos nunca habían estado imputados por delitos de lesa humanidad. Otros catorce ya cumplen condenas (como Menéndez o el dictador Jorge Rafael Videla) o están procesados en otras causas, como el general Carlos Delía Larocca, jefe del Tercer Cuerpo hasta septiembre de 1975.

La PSA detuvo a 16 personas. La lista incluye a otros dos Menéndez. Mario Benjamín fue formalmente el jefe de Estado Mayor del denominado “Puesto de Comando Táctico” con sede en Famaillá, epicentro del terrorismo de Estado en 1975. Su primo José María Menéndez, coronel retirado de 87 años, fue detenido e indagado por el secuestro y las torturas de un trabajador de la fábrica Norwinco, de la que fue gerente en 1975, según el comunicado de la Unidad Fiscal tucumana.

Uno de los detenidos más conocidos en la provincia es el capitán retirado Walter Edgardo Saborido, que fue candidato a vicegobernador de la provincia en las últimas elecciones y que ahora pasa sus días en el penal de Villa Urquiza. Su partido, La Línea, nuclea justamente a personas que tuvieron un rol activo durante el Operativo Independencia. “El Capitán”, como lo conocen los tucumanos, es propietario además de una agencia de seguridad privada con más de doscientos empleados, dato crucial sobre el poder que conservan los represores tucumanos.

Otro de los acusados que prestó declaración indagatoria es el coronel retirado Ernesto Nicolás Chávez, quien con el grado de mayor cumplió servicios en el área de inteligencia de la Quinta Brigada. Por su estado de salud, Chávez gozará del beneficio del arresto domiciliario. Según el comunicado que difundió ayer el Ministerio de Seguridad, también fueron detenidos por la PSA los coroneles retirados Jorge Gerónimo Capitán, Pedro Adolfo López, José Fernando Tanoni y Ernesto Nicolás Chávez; los tenientes coroneles Fernando Luis Labayru y Alberto Alfredo Svendsen; el ex subteniente de reserva Omar Angel Baldo y el teniente retirado Juan Bautista Martín Cabrera. La lista de quienes deberán prestar declaración indagatoria incluye a los ex comisarios inspectores de la policía tucumana Víctor Hugo Olmos y José Ernesto Cuestas, a los ex policías Pedro Roberto Rojas y Roberto Manuel Monteros y al médico traumatólogo Miguel Angel Carrasco. Las capturas se produjeron en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, La Pampa, Catamarca y San Juan.

Según la acusación elaborada por la Unidad Fiscal tucumana, el Operativo Independencia consistió en “la intervención masiva de las Fuerzas Armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos, mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror”, que se concretó “con la aquiescencia del gobierno civil” encabezado por Isabel Perón. Además de La Escuelita de Famaillá, el Ejército montó centros de tortura en el ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa, localidades del sur de la provincia.

Del total de causas judiciales en trámite por delitos de lesa humanidad en Tucumán, la tercera parte corresponde a hechos ocurridos antes del golpe de Estado. El “banco de pruebas” del terrorismo de Estado que se implantó en esa provincia, destacaron los fiscales Camuña y Rovira, “sirvió para desmontar un sindicalismo azucarero organizado y un movimiento universitario y cultural único en la región”, al tiempo que “representó el primer caso de disciplinamiento de la prensa y de utilización del Poder Judicial federal como un engranaje legitimador del plan criminal”.