La complicidad policial con el narcotráfico en Santa Fe fue puesta en la tapa de los diarios el primer día de este año, cuando una banda armada liquidó a tres jóvenes militantes sociales en la zona sur rosarina, creyéndolos miembros de otra banda a cuyo jefe buscaban para vengarse. El triple crimen de Villa Moreno dejó al desnudo la complicidad de brigadas varias y hasta la propia comisaría del barrio. La lista de muertos creció en espiral desde entonces: el desvelo de quienes disputan la calle es el cobro de dinero para brindarle seguridad al que comercializa. Así, quien dice manejar el territorio es quien pretende ese dinero. Cuando no hay aceptación, hay tiros. Entre soldaditos, o entre jefes, que seguro arrojarán muertos del propio vecindario.

La protección tiene su precio, tal como parece tenerlo cuando es brindada por la propia fuerza policial. Y cuando es el propio jefe el sospechado, hay que explicar cómo es el funcionamiento operativo: Hugo Tognoli es el jefe provincial, pero operativamente su segundo, Cristian Sola, es quien maneja el tema Drogas, las Tropas de Operaciones Especiales y la lucha contra la trata de personas en el sur santafesino. Tognoli responde por el norte de la provincia.

El comisario Sola es un hombre con buena imagen en el gabinete socialista, y muchos lo miran como el reemplazante natural de Tognoli. Por eso, la desconfianza entre ambos y la interna que sostienen es indisimulable: cualquier hecho es mirado con lupa para ver a quién daña y a quién beneficia.

Las muertes ocurridas en los últimos tiempos en Rosario, directamente ligadas con la lucha entre dos bandas de narcos, impactaron fuerte en la agenda política. Por un lado, los investigadores apuntan a una reconocida familia del extremo sur rosarino, con al menos dos generaciones ligadas al negocio de sustancias ilegales. Y por el otro, a un empresario del rubro automotor, incluidos coches de alta gama del oeste rosarino, quien también diversificó inversiones en un boliche nocturno.

La banda del sur cobraba protección al empresario. En agosto, un operativo llevado adelante por la Gendarmería por comercio de autos robados terminó con la prisión de Esteban A., la mano derecha del empresario en cuestión, que se vio obligado a quedar durante 40 días “guardado” en territorio bonaerense.

El empresario volvió en septiembre. La realidad local había cambiado: con un crecimiento sostenido por un verdadero ejército que maneja el territorio, la banda del sur rosarino pretendió quedarse con todo el negocio. En buen romance, quisieron pasar de soldaditos a generales.

En cuanto volvió, el exiliado hizo tronar el escarmiento, tumbando una pieza fuerte de ese esquema. El primer episodio fue el sábado 8 de septiembre: el homicidio de Martín Paz, alias “el Fantasma”, tuvo lugar en 27 de Febrero y Entre Ríos, en el macrocentro rosarino. El asesinato a plena luz del día y con un cargador vaciado sobre el vehículo fue el primer capítulo.

La respuesta no se hizo esperar y llegó el sábado 15. Con las últimas horas del día, dos asesinatos: el de un hombre de 52 años a bordo de un Fiat 147, que en un primer momento se presentó como un desenlace violento al robo de una cartera ocurrido en zona oeste, y el del Gordo Santillán, acribillado a balazos en San Juan y Larrea, a bordo de un Peugeot 308 cabriolet. Las dos víctimas fueron señaladas por los investigadores consultados como “gente de Esteban A”. “Domingo ‘Chuky’ Vivas caminaba por Empalme Graneros, y no fue una cartera lo que le sacaron, sino una bolsa –apuntó una alta fuente de la investigación–. Ese fue el vuelto.”

El 18 de septiembre, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, se animó a sincerar la situación. “Estamos ante una situación compleja porque hay bandas vinculadas con el narcotráfico que operan en nuestra provincia. Estas bandas tienen amplio poder de conducción, manejo de dinero y son muy violentas. Estas bandas están rompiendo la convivencia armónica de los vecinos rosarinos.” Fue la única mención pública. Hasta un jefe policial lo negó. El titular de la cartera de Seguridad no volvió sobre el tema.

La confirmación de la pelea entre bandas, generada en el ánimo de extender las fronteras del negocio y en la pretensión de dejar de ser “soldaditos” para convertirse en “generales” por parte de la familia del sur, podría leerse entre las noticias de los últimos días. El padre del Fantasma dijo que “Rosario era insegura”, después de lo que le pasó a su hijo, y adelantó que está pensando en irse a vivir al norte de Santa Fe. La cercanía del norte santafesino con Paraguay paga más que la tranquilidad de la siesta.

La semana sangrienta intentó ser presentada por estas horas como un problema hacia dentro de las mismas bandas, que dieron cuenta de sus hombres por deslices varios. Están sostenidas por la negación de la guerra de bandas. Con ese objetivo, en la semana posterior, el comisario Sola intentó aquietar los ánimos mostrando el secuestro de una avioneta que aterrizó en Clarke, a 65 kilómetros de Rosario, con 250 kilos de marihuana. “Hubo sólo un detenido y una camioneta Ford Ranger se dio a la fuga. ¿Dónde está la investigación de Inteligencia? Eso fue una entrega pactada para aquietar los ánimos. No es serio”, confió una altísima fuente consultada.

La tapa de los diarios pareció otra vez inquietar a quienes protegen el negocio: hasta que llegó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el allanamiento de la propiedad de Ignacio Actis Caporale, alias Nacho u Ojitos, junto con los escalofriantes pormenores del caso. El 26 de septiembre se abrió la gran polémica sobre los allanamientos pedidos por la propia fuerza a espacios policiales (ver nota principal) y los que la propia fiscal Liliana Bettiolo desconoció en una entrevista con este diario. “Es fiscal subrogante y puede volver a ser secretaria en algún momento”, explicó una alta fuente judicial a este cronista, al momento de justificar su actitud.

En una causa anterior, que originó ésta, la misma fiscal había pedido al allanamiento del Comando Radioeléctrico rosarino en busca de dos de sus hombres, a los que finalmente detuvo y procesó.

Por su parte, el juez federal Marcelo Bailaque parece no estar convencido de la contundencia de las pruebas. Su postura se parece más al “exceso” de prudencia y al entramado palaciego de los tribunales federales.

En cuanto a Andrés Ascaini, acusado de narcotráfico, cabe una mención: en diciembre de 2011, Tognoli fue designado jefe de la policía provincial y meses después detenido el Vasco Ascaini por un flamante jefe de Drogas del sur: Alejandro Druetta. Tal vez envalentonado por la captura, fue por el segundo presunto narco más mentado del sur santafesino: Totola Orozco, quien fue detenido en Firmat sobre su vehículo, después de jactarse de que tenía todo arreglado con todos.

El operativo fue finalmente declarado nulo por la Justicia Federal, por las denuncias de que la policía había plantado drogas. Aquí también altas fuentes de Seguridad deslizan sus sospechas sobre los motivos de la anulación. Creen que para Orozco no fue gratis.