Durante la audiencia entre la AFIP y La Nación del 3 de octubre de 2012, la vicepresidente de la Corte, Elena Highton, dijo que la demora judicial en resolver la cuestión era una vergüenza. En ese momento, la medida cautelar a favor de La Nación llevaba nueve años de vigencia, de los cuales tres se perdieron en la propia Corte. La frase de Highton fue recibida con un pesado silencio, sólo alterado por los ronquidos que inflaban el bigote de su colega Juan Carlos Maqueda. Pero pasados otros tres meses, la doctrina Maqueda parece prevalecer. Como dice la jurisprudencia, el que calla primero calla mejor. Con regularidad, Lorenzetti ha insistido en la inconveniencia de judicializar conflictos para los cuales entiende que deben buscarse soluciones políticas. Éste sería uno de ellos, igual que los que plantean por recursos de la coparticipación federal las provincias de Córdoba y Santa Fe. Si tanto la ley de blanqueo como el decreto de canje de 2009 ofrecieron una salida que hasta ADEPA elogió, ¿qué otra solución política sería aceptable por La Nación que no fuera el olvido de la deuda en aras de la libertad de prensa?