Dos juezas le ordenaron al gobierno de Mauricio Macri que detenga la licitación de la Verificación Técnica Vehicular obligatoria (VTV) que iba a comenzar mañana. Las magistradas hicieron lugar así al pedido de una medida cautelar de una empresa argentina, que se había presentado a la licitación y que advirtió que los requisitos no los puede cumplir ninguna compañía nacional. En el escrito, acusa a la gestión PRO de dirigir la licitación hacia las empresas extranjeras.

A fines de 2011, la Legislatura porteña aprobó la VTV que regirá en la Ciudad de Buenos Aires a partir de este año. El control será obligatorio una vez por año para los autos de más de un año de antigüedad o para los que tengan más de 60 mil kilómetros. Costará unos 150 pesos por vehículo radicado en el ámbito porteño, lo que lo vuelve un negocio más que apetitoso: son más de un millón y medio de autos.

En su presentación judicial ante la jueza Patricia López Vergara, la empresa Vertrans señaló que la licitación se llamó en un plazo muy corto, que los requisitos del pliego y el sistema de calificación para los oferentes son llamativamente excluyentes, y que se permite tomar más de un contrato de VTV al mismo oferente.

La jueza analizó el pliego, que estipula que cada contratado para hacer las VTV revisará hasta un 10 por ciento del total del parque automotor, que sería algo así como 158 mil autos. Sin embargo, en el pliego les exigen que tengan 250 mil vehículos verificados en los últimos tres años. “Prima facie pareciera que el criterio del otorgamiento del mayor puntaje fuera excesivo e irrazonable, en relación con la cantidad máxima que deberá verificar el futuro concesionario”, indicó López Vergara.

La magistrada indica que se licita a cada oferente un total de seis líneas de VTV, sin embargo se les exige que en los últimos años hayan operado más de 15 líneas. “Esta situación restringiría la convocatoria a presentar ofertas que no cumplan esa exigencia”, indicó la jueza, quien también encontró que era restrictiva la exigencia elevada de patrimonio neto. A todo esto López Vergara sumó la posibilidad de darle más de un contrato al mismo oferente. Para la empresa que inició la demanda ésta es la “razón de la arbitrariedad y discriminación implícita en el pliego, haciendo evidente su verdadero propósito: se exigen requisitos innecesarios, exagerados, irrazonables para que únicamente acceda una gran compañía extranjera, que terminará quedándose con todos los contratos, ante la ausencia de otros oferentes calificados”.

“La suspensión de la licitación sirve para evitar ulteriores perjuicios al interés general”, advirtió López Vergara, quien concedió la cautelar, pero le obligó a la empresa demandante a entregar a la Justicia 150 mil pesos en forma de caución. La cifra es la misma que se requiere para impugnar una preadjudicación dentro de la licitación. Hasta que no la paguen, no entrará en vigencia esa cautelar.

Sin embargo, la empresa Vertrans obtuvo un segundo fallo favorable de la jueza Andrea Danas. Por algún motivo, la secretaría que distribuye las causas no les advirtió a las dos magistradas que estaban fallando sobre el mismo tema. Danas indicó en su cautelar que el plazo para convocar a una licitación “sería de 25 días hábiles y no de 30 días como prescribe la ley” y que se publicó un solo día la licitación en el Boletín Oficial, cuando debería publicitarse por cinco días. “Prima facie existirían algunas irregularidades tanto en la publicación como en los plazos establecidos”, señaló antes de hacer lugar a la medida con una caución mucho menor (de 10 mil pesos). Curiosidades del Poder Judicial: de esta forma, la empresa consiguió una cautelar más barata.