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El Memorando de Entendimiento con Irán tendrá recorridas en paralelo tanto en la Justicia argentina como en el Parlamento de Teherán. Los dirigentes de la AMIA ya adelantaron una doble presentación, ante el fuero Contencioso Administrativo y en el propio juzgado del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Por lo que se dice en Comodoro Py, éste último no percibe objeciones respecto de la inconstitucionalidad del texto, aunque es casi seguro que en su momento no pedirá una simple autorización burócrática a la Corte Suprema para viajar a Teherán sino que detallará exactamente el trámite para requerir una aprobación más específica del máximo tribunal. Por su parte, la Procuración contestó un escrito del diputado radical Ricardo Gil Lavedra señalando que no ve inconvenientes: que los fiscales han viajado numerosas veces, a decenas de países, para completar investigaciones. Aun así, el Memorando no tendrá un recorrido ni breve ni sencillo.

Mueve Irán

Como se sabe, esta semana el gobierno iraní envió el Acuerdo al Parlamento para su aprobación. Las comisiones de Justicia y Relaciones Exteriores dieron un primer visto bueno, pero la prioridad del Parlamento de Teherán es tratar el presupuesto. El 21 de marzo empieza la fiesta de fin de año iraní, por lo cual, si el Memorando no se trata antes de esa fecha, recién podrá aprobarse en abril. Como ocurrió aquí, el texto debe ser aprobado o rechazado, no puede haber cambios.

El Congreso iraní está dominado por el ala conservadora, que responde al líder espiritual, el ayatolá Ali Khamenei. Sin embargo, hay muchísimas internas, más aún teniendo en cuenta que hay elecciones presidenciales el 14 de junio. Durante toda la negociación con Héctor Timerman, el canciller iraní, Ali Akbar Salehi, dijo que el líder espiritual dio su visto bueno. Eso se verá entonces en el congreso en las próximas semanas.

Las leyes en Irán requieren de una aprobación posterior de un cuerpo que se llama Concejo de Guardianes, que también responde a Khamenei. Ese cuerpo dictamina si lo aprobado es constitucional o inconstitucional. Todo ese entramado exhibe el carácter teocrático del régimen. Lo asombroso es que justamente ahora los conservadores –los más ligados al ayatola Khamenei– están enfrentados al presidente Mahmud Ahmadinejad, al que califican de populista y anticlerical. El mandatario es quien más avanzó en las posiciones negacionistas del Holocausto, aunque acompañado por la jerarquía religiosa.

En Tribunales

La AMIA, acompañada por la DAIA, ya adelantó esta semana que se presentará ante la Justicia argentina para que declare inconstitucional el Memorando. Por lo que se sabe, la presentación sería a dos puntas, en el fuero Contencioso-Administrativo y ante el propio juzgado que instruye el caso AMIA, el de Rodolfo Canicoba Corral.

Los argumentos –basados en los artículos 109 y 18 de la Constitución nacional– son que el Ejecutivo estaría entendiendo en una causa judicial y que no se estaría respetando el debido proceso. En el Ministerio de Justicia dicen que ya se han firmado decenas de acuerdos de colaboración judicial y que la Comisión de la Verdad, como se la llama en el Memorando, no tiene funciones judiciales. La objeción de AMIA es que este no es un acuerdo de colaboración general, sino una causa en particular.

En el juzgado de Canicoba Corral, al menos por ahora, no ven objeciones. El punto clave es que la comisión de juristas no tiene dictámenes vinculantes y que será el propio juez el que tome las declaraciones. Sin embargo, más cerca del viaje a Teherán, habrá que verificar –dicen en el juzgado– que eso sea realmente así.

La acordada número 21 del año 1993 de la Corte Suprema especifica que para que un juez viaje al exterior a concretar una medida judicial debe tener aprobación del máximo tribunal. Los parámetros que fija son tres: que el viaje sea procesalmente razonable, que los gastos no sean desproporcionados y que haya acuerdo de la autoridad judicial del país en le que se va a realizar la medida. La idea del juez Canicoba Corral es que antes de viajar –la Corte debe recibir el pedido con diez días de antelación– redactará un minucioso detalle de lo que se hará en Teherán, de manera que la aprobación del máximo tribunal no sea un simple visto bueno formal. Es difícil que el magistrado rechace el Memorando y menos cuando falta un largo trecho –meses y tal vez un año– para el viaje.

En el fuero Contencioso Administrativo habrá que ver qué juez recibe el caso, pero tampoco parece demasiado probable que un magistrado declare inconstitucional la ley votada por el Congreso. Por una u otra vía, el camino conduce a la Corte, siempre y cuando el Acuerdo prospere en Irán, lo que está por verse.

El fiscal

Alberto Nisman es quien formuló las acusaciones –convalidadas por Canicoba Corral en los pedidos de captura– y es quien básicamente someterá a pruebas las evidencias que tiene (ver aparte). La semana pasada, el diputado radical Ricardo Gil Lavedra presentó un escrito ante la Procuración preguntando si existe algún impedimento para que Nisman viaje a Teherán. Hace unos años, se conoció la versión de que un fiscal o un juez iraní habían librado una orden de captura contra Nisman por una causa en la que lo acusaban de falsas imputaciones contra Irán. La Procuración consultó con Nisman, quien señaló que nunca recibió ninguna notificación oficial, pero que la noticia había sido publicada por la agencia iraní Irna. Tampoco hubo ningún pedido a Interpol. La Procuración entonces respondió que, al menos de forma oficial, no existe la orden de captura (hubiera llegado a través de Cancillería), y que tampoco hay obstáculos para que se traslade al extranjero a realizar una medida como el interrogatorio de los iraníes. La Procuración dijo que decenas de fiscales han viajado a distintos países en oportunidades anteriores.

La Comisión

En la Cancillería argentina no sueltan prenda respecto de la eventual propuesta de integración de la comisión internacional de juristas. Como se sabe, son dos sugeridos por Argentina, dos sugeridos por Irán y uno que se elegirá por acuerdo entre los dos países. Ninguno de los cinco podrá ser ni argentino ni iraní. Lo único que se rumorea es que no serían las nombres que circularon hasta ahora, es decir ni Baltasar Garzón ni el chileno Claudio Grossman.

Para todo el proceso habrá que esperar obviamente que el acuerdo sea aprobado por el Congreso de Irán.

Una vez formada la Comisión, ésta tendrá que reunirse y fijar su reglamento interno: cómo y dónde va a funcionar, cómo se toman las decisiones. Ese reglamento tiene que ser aprobado por los gobiernos de Argentina e Irán.

El siguiente paso será que la Comisión le solicitará información judicial a los dos países, no sólo sobre la causa, sino también sobre el sistema legal. En principio, la Comisión elaborará un documento sugiriendo la forma de concretar las indagatorias. Esa propuesta no será vinculante para los jueces. Justamente aquí es donde pesará la opinión de Canicoba Corral: es quien conduce la indagatoria y quien debe velar para que sea válida.

Indagatorias

Ya es público que tanto la Presidenta como el Canciller saben que el proceso no será nada fácil y que tendrá numerosos obstáculos. La mandataria dijo al abrir las sesiones del Congreso que “si Irán no aprueba el acuerdo, quedará expuesto a una condena internacional por un tratado que fue firmado y aprobado por nuestro Parlamento. Pero en cualquier caso quedaremos igual que ahora. Hay que intentarlo”. Parece cantado que van a intentar que la indagatoria no sea indagatoria, evitar que se llegue a las audiencias con el argumento de que la causa y las pruebas son falsas.

Si aún así se logra indagar a los cinco imputados que están con alertas rojas de Interpol, el juez tendrá después diez días para resolver si dicta el procesamiento, seguramente con prisión preventiva, la falta de mérito o si absuelve. Todo esto respecto de cada uno de los imputados.

Parecería inocente pensar que Irán entregará fácilmente a quien resulte procesado con prisión preventiva, sobre todo si se trata de candidatos presidenciales o un ministro. Aun así, será un paso adelante, ya que ese procesamiento y esa prisión preventiva estarán originados en un proceso convalidado por los dos países y una comisión internacional de juristas.

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