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“La tortura no es un problema que provoque una sola persona. Es un sistema y hay una estructura que la consiente y la acepta. Esto pasa en todo el país. Si fuera solo una persona, no resistiría.” A cuatro días del inicio del Primer Congreso Internacional Sobre Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tendrá lugar en Buenos Aires, su promotora, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, dio su opinión sobre la persistencia de la tortura y la lógica de su repetición, sobre las responsabilidades de la Justicia, los medios, los políticos y la propia sociedad, durante una entrevista realizada por Página/12.

“Decidimos conmemorar los doscientos años de la Asamblea del año XIII, un homenaje a sus integrantes, que tuvieron la valentía de dictar la abolición de la tortura, hasta entonces un instrumento legal del proceso penal –sostuvo Stella Maris Martínez–. Pero la tortura ilegal sobrevivió hasta nuestros días. Por eso, además del homenaje, queremos poner el acento en que, pese a todos los esfuerzos hechos hacia los derechos humanos, todavía existen la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes en nuestro medio.”

–¿Por qué persisten?

–Hay muchas explicaciones. Una es que somos muy afectos a aceptar como solución la violencia institucional.

–¿Se refiere a nuestro país?

–A la sociedad argentina. Fíjese que el mensaje de “no se debe torturar”, hacia las fuerzas de seguridad, muchas veces no es demasiado claro. Muchas veces se les exige que en un caso determinado que llama mucho la atención pública, encuentren una solución por cualquier medio.

–No se pide que torturen, pero implícitamente se les pide.

–Claro, está consentido y se le suma la actitud que durante mucho tiempo tuvieron jueces y fiscales, ser permisivos con los autores de este tipo de malas prácticas. Si se fija, pese a que muchísimas veces se denunciaron torturas en cárceles, en comisarías, el número de condenas por estos hechos es bajísimo. De todos modos, esas denuncias tienen una cifra negra, lógica, porque la persona privada de su libertad en una cárcel tiene miedo porque tampoco podemos como Estado garantizarle que si hace una denuncia no va a seguir en el mismo circuito. Puede ser que no quede en la misma unidad, pero va a pasar a otra donde el circuito es el mismo, y en todas las unidades se sabrá que esa persona ha efectuado una denuncia.

–¿Se puede resolver ese miedo y al mismo tiempo obtener la denuncia?

–En el Ministerio Público de la Defensa tenemos un Observatorio sobre la Tortura, que no tiene todos los requisitos de un observatorio científico, pero que nos sirve para establecer un panorama. Este observatorio, que obliga a los defensores a informar todo caso de tortura, de apremio o de maltrato, se caracteriza porque se le ofrece a la víctima que si quiere denunciar nosotros lo acompañamos, incluso si quiere ser querellante, lo acompañamos en el proceso penal. Pero también dejamos que nos cuente lo que pasó y diga “yo no quiero hacer la denuncia”.

–Que sea válido el dato, pero que no se exponga.

–Claro. Lo que pasa es que, mire, con las personas privadas de libertad, ni hablar de las personas privadas de libertad por problemas de salud mental, que dicho sea de paso, el 29 finalmente fue reglamentada la Ley de Salud Mental, esto para evitar torturas va a ser un avance importantísimo...

–¿Por qué?

–La reglamentación va a permitir incentivar muchísimo el control sobre las condiciones en que cumplen su alojamiento los pacientes en lugares de privación de libertad como lo es todo neuropsiquiátrico. Cuando finalmente se reglamente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, vamos a tener otro mecanismo que va a entrar y supervisar en las cárceles.

–¿Qué es lo que se juega en la reglamentación, que se demora tanto?

–En cada caso es distinto. Con las cárceles lo que ocurrió es que hay mucho conflicto con las provincias, porque no aceptaban lo que veían como una intromisión federal en las cárceles provinciales. Siempre está el temor de que se use con fines políticos. De hecho, hay algunas provincias que ya tienen su mecanismo, lo tienen antes que el nacional. En la Ley de Salud Mental el tema fue otro: hubo mucha resistencia de las corporaciones clásicas, que tenían todo el poder en el tema de salud mental, como por ejemplo los psiquiatras. Porque aquí hay un cambio de paradigma total, no se lo concibe al enfermo meramente como un objeto de protección sino como un sujeto de derechos y se le da por el artículo 22 de la ley el derecho de tener un abogado, que lo asesore sobre la racionalidad de que sea tratado privándolo de su libertad, con tratamientos que aplican mecanismos como la sujeción, el electroshock. Un equipo de nuestros abogados se presenta ante el paciente y le explica la situación. Hemos logrado revertir esa medida extrema en un altísimo numero de casos.

–Podría decirse que se debe romper con el paradigma de “cómo le voy a creer si está internado en un loquero o es un preso”.

–Al preso nunca le creen porque piensan que todo lo que hace, lo hace para mejorar su situación procesal. Diga lo que diga, dudan de él.

–¿No hay noción de lo que se expone con sólo hablar, verdad?

–No hay noción. Imaginemos que un preso lo hace por eso, uno, dos, cinco. Eso no justifica. Es un delito tan grave la aplicación de torturas que ningún juez debería, por dudar del preso, no avanzar en la investigación. Estamos hablando de instituciones cerradas, en las cuales es muy difícil obtener prueba de lo que ocurre, porque muchas veces se tiene prueba de que un preso fue golpeado, torturado, fue víctima de lo que fuere, pero es muy difícil probar quién fue. Para eso, desde que sobrevino la democracia, se aprobó un artículo que responsabilizaba a título de culpa al director de la unidad. Ese artículo, que está vigente desde hace 30 años, se aplicó una sola vez.

–¿Una sola vez?

–Una sola. Por eso el problema es que tanto jueces como fiscales tienen que cambiar de mentalidad y avanzar en la investigación.

–Si intervinieran de un modo enérgico, ¿la tortura podría manifestarse de la misma manera?

–No, de ninguna manera. Lo que pedimos es que los baremos que se utilizan para formar prueba de que el muchachito se robó el pasacasete los utilicen para cuando hay un hecho mucho más grave como lo es que un policía o un guardia penitenciario agreda a una persona a la que tiene que proteger. El Estado está obligado a proteger. Si encerramos a las personas en las cárceles y les damos cada vez más violencia, cuando salen en libertad tienen mucha más energía negativa en su interior y muy pocas posibilidades de resocialización. Nuestras fuerzas, sobre todo el Servicio Penitenciario, pese a todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, sigue siendo una fuerza de seguridad más que un servicio público.

–¿Hay posibilidad de modificarlo?

–Para mí hay que hacer un cambio mucho más radical que el que se ha hecho hasta ahora. Que la gente que esté en contacto con los presos no sea personal de seguridad, que el personal de seguridad haga protección perimetral, que se hagan cárceles pequeñas, no cárceles inmensas que nadie puede manejar, donde las personas que trabajan con los presos tengan más un rol de educadores que de guardia. Por otro lado, no hay que abusar de la prisión preventiva como se abusa en nuestro pais. Fíjese la ley de excarcelaciones de la provincia de Buenos Aires que intentaron sacar. Seguimos apostando a juntar gente que ya ha tenido problemas en la vida, en lugares de detención, y a utilizar la violencia para contenerlos.

–Usted mencionaba antes que existía un consentimiento por parte de la sociedad...

–Es responsabilidad de la sociedad y de los políticos. Pero a la sociedad no le ofrecemos otra alternativa. No se trabaja lo suficiente en comunicación. Más allá del familiar directo que quiere venganza, que está muy dolorido y al cual hay que respetar y contener, creo que si la sociedad visitara una cárcel y le mostrara cómo son nuestras cárceles y le dijera, “acá los vamos a tener una cantidad de años, pero van a recuperar su libertad, y cuando lo hagan este señor que está sometido a estas condiciones, ¿cómo se va a integrar en la sociedad? ¿Esta persona va a ser un trabajador modelo o va a ser una persona destruida, humillada y rencorosa?”. Esto lo entiende cualquiera. Ahora hay que sentarse y hablar con la gente. Si no, la gente va según las noticias que tienen mayor impacto y según la postura política que tiene mayor captación de votos.

–¿Cree que la tortura es un sistema o una cuestión individual?

–Hay una estructura que consiente y acepta. Normalmente puede ser que haya una guardia que sea más violenta, pero si fuera solo una persona, no resistiría. Es una práctica que existe en todo el país, sea federal o provincial, y lamentablemente la reacción de la Justicia salvo casos muy honrosos no es lo suficientemente férrea respecto de este tipo de situaciones. La capacidad del Poder Judicial, de los fiscales para investigar y avanzar en estos casos no es equivalente cuando están involucradas las fuerzas de seguridad.

–¿Por qué organizó el congreso, qué expectativas tiene?

–Vamos a reunir especialistas de todo el mundo, gente de mucho nivel. Lo que buscamos primero es poner el tema en el candelero, que no se olvide, que se hable del tema, si repercute en los medios, mejor, pero que haya un impacto intelectual fuerte. En segundo lugar, tener público y convencer a esa gente para que sean operadores de lo que se hable en el congreso. Es importante que se vea que cuando no se respeta la Convención Internacional Contra la Tortura, cuando no se cumple con las obligaciones que asumió nuestro país, queda en una situación desventajosa frente al sistema interamericano e internacional de derechos humanos. Este tipo de congresos lo que hace es recordar los compromisos asumidos, y plantear el tema con la gravedad que tiene, que no es un problema de la provincia, ni del servicio federal o de la comisaría tal, que cada vez que se tortura, nuestro país entero queda como infractor frente al concierto de las naciones.

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